Un poco de Humor !!

SOLIDARIDAD ante nuestros hermanos afectados por el Temporal.

Compartimos el comunicado del Ministerio Público Fiscal, que recibe donaciones para los afectados por el temporal:


A todos aquellos que puedan colaborar con colchones, ropa de cama, frazadas, calzado, alimentos no perecederos, leche en polvo, pañales, velas, ropa de abrigo, electrodomésticos, entre otras cosas, por favor, acercarlo a la sede de la Procuración General de Av. De Mayo 760. Ante cualquier consulta, contactarse con Néstor Farese o Jorge Etchemendi al 4338-4356 en el horario de 8 a 19. Todo lo que se reciba será destinado a las víctimas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.


Fuente: http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=%2FReporteNoticia.asp%3FIdRegistro%3D734

Compartimos el programa de la jornada de Justicia Legítima que se replicará en Tandil durante el viernes 12 y el sábado 13 de abril.

SOBRE LAS NECESARIAS REFORMAS DE LA JUSTICIA

* Por Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)

Cíclicamente, frente a una resolución judicial que no conforma a un sector o persona determinados, se utiliza la figura del juicio polìtico -como amenaza, o a través de su efectiva implementación- para castigar al juez, fiscal o tribunal en falta.

Los ejemplos abundan, y abarcan decisiones judiciales variadas y de diverso contenido, aplicadas en diferentes momentos del proceso penal:

• Caso 1: funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denuncian que un productor agropecuario entrerriano dispara reiteradas veces a su vehículo, como reacción frente al cumplimiento de las tareas de control y fiscalización efectuadas por los funcionarios. Ante la decisión de un fiscal de la provincia de Entre Ríos de dejar en libertad al presunto agresor, mientras se realizan la pericias correspondientes, varios diputados y funcionarios lo critican duramente, amenazando con someterlo a juicio político. Luego de que el procurador general de la provincia respalda la actuación del funcionario, la amenaza se diluye, y solo se presenta un proyecto de resolución reclamando “celeridad y rigor” en la investigación.
• Caso 2: los integrantes de un tribunal oral provincial absuelven a la totalidad de los acusados por la desaparición de una joven mujer, sucedida en 2003, porque entienden que no son suficientes las pruebas aportadas como para demostrar su participación en ese delito (sí, en otros, pero no en el secuestro y desaparición de la joven) Se promueve el juicio político contra los tres jueces, de modo inmediato, por parte del oficialismo de la provincia.
• Caso 3: un juez de ejecución nacional decide otorgar salidas transitorias a personas que han cumplido los requisitos legales como para obtenerlas: mitad de la condena cumplida y las calificaciones -que pone el Servicio Penitenciario Federal-, exigidas: 9 o más en conducta y 7 o más en concepto. En un caso, la persona que tiene salidas transitorias comete un nuevo y gravísimo delito: viola y mata a una joven. Es nuevamente detenido y condenado a prisión perpetua. En otro caso, la persona con salidas transitorias -que cumple en Resistencia, Chaco, a centenares de kilómetros de la sede donde trabaja el juez- es acusado del mismo delito: violación seguida de muerte. A pedido de una asociación civil, y de integrantes del Consejo de la Magistratura en el segundo caso, se le inician sendos juicios políticos al juez de ejecución, por haber otorgado salidas transitorias a personas que estaban en condiciones de tenerlas; por no haber “previsto” que iban a cometer crímenes.

Son solo tres casos, pero hay muchos más. Nos preocupan dos cuestiones:

1- El intento de suplantar la revisión judicial de una resolución con la que, por el motivo que sea, alguna de las partes o terceros (diputados, senadores, consejeros, asociaciones de víctimas, etc) no está de acuerdo, por un pedido de castigo frente a los autores -jueces, fiscales, camaristas- de esas resoluciones con las que no se acuerda. Sobre todo, si son casos políticamente sensibles para determinados sectores de la población, o particularmente graves por el tipo de delito que se juzga.

2- Se argumentan cuestiones con las que es difícil no acordar, como por ejemplo, las diferentes situaciones que atraviesan personas humildes frente a personas poderosas: “a las hermanas J las tienen presas hace dos años por defenderse de un violador, y al empresario agropecuario, porque es poderoso, lo dejan libre”. Los ejemplos son ciertos, y podrían darse muchos más, que confirmarían esa intolerable desigualdad. Hay más iniquidades todavía: los pobres son más frecuentemente detenidos que los ricos, y más aún, los pobres varones y jóvenes que viven en barrios degradados. Un joven de clase media encontrado con dos porros no pasará más de unas horas en una comisaría, hasta que su madre o padre lo pase a buscar. Si ese joven vive en la villa o en un barrio de alguna periferia, lo pasará mucho peor, y por más tiempo. Y así de seguido. Pero no debería propugnarse la nivelación para abajo, en vez de luchar para terminar con la discriminación y el clasismo en la justicia. No se trata de que más gente la pase mal, o sea detenida sin causa, o pase presa el tiempo que dure el proceso, sino que se trata de que nadie sufra esas violaciones de derechos humanos. Eso, una violación de derechos, es ser detenido sin motivo, o porque tenemos determinado aspecto, o porque vivimos en este o aquel barrio. Y también es una violación de derechos, estar presos/as antes de que haya una condena firme, se trate de una persona humilde o de un poderoso productor agropecuario.

Lo contrario sería plantear algo así como que, como las personas humildes son mal atendidas en algunos hospitales públicos y los/as niños de barrios degradados reciben educación de mala calidad, debería darse un mal servicio sanitario y educativo a todos/as los/as pacientes de todos los barrios, y someter a todos/as los/as niños/as y adolescentes a que padezcan una mala educación, para igualar...

Quienes trabajamos cotidianamente con personas privadas de libertad y sus familiares, personas concretas que sufren el daño que provoca la cárcel en todo lo que toca, no queremos más pena, que es más dolor y sufrimiento, para más gente. Se trata, por el contrario, de pensar en reformas que disminuyan el sufrimiento, y que desmonten el funcionamiento clasista, corporativo y discriminatorio del aparato judicial¹.

La Justicia y los medios

LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL

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 Por Julio César Castro ** Fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal. Docente de la UBA.

Opinión

La decisión de intervenir en un movimiento renovador, democrático, popular y participativo, como yo entiendo es el llamado “Justicia legítima”, implica también una militancia en los pensamientos y posturas que se tienen respecto de temas más o menos conflictivos, sin que sea una tibia manifestación políticamente correcta. Es hora de tomar partido públicamente y apoyar firmemente esta iniciativa, de cambiar las cosas o al menos de mostrar que no todos estamos de acuerdo con lo que se entiende por Justicia tradicional. Digo esto para insinuar de alguna forma el estilo tan “apolítico” de algunos sectores que conforman la Justicia tradicional, que como ya se sabe de apolítico sólo portan un cartel, ya que a la hora de fijar posiciones aparecen del lado más conservador, reaccionario y antipopular que pueda imaginarse. Nunca he visto militantes del campo popular, progresistas, o defensores de la justicia social, llamarse apolíticos. En términos más sencillos, todo autodenominado independiente, apolítico o apartidario encubre a un firme defensor de las derechas vernáculas, y del statu quo en el que aprovecha ciertos privilegios. ¿De qué se es independiente en verdad?

Nuestras democracias latinoamericanas, contemporáneas y posdictatoriales han tenido que padecer gobiernos de transición que permitieron el pasaje de los genocidas, asesinos, ladrones y cipayos económicos, a la alegría, la esperanza y el estado de derecho de unas democracias acosadas por los derrotados, aunque pese a ello hoy a la distancia merecen reconocimiento de lo que significó el primer juicio a los militares en un contexto tan difícil y precario. Luego, en nuestro país, volvieron los ladrones, los amantes del dorado, la pizza y el champán, el mal gusto y la entrega económica, privatizando todo a su paso, entre fiestas, y fábricas cerradas. Luego llegaron los inoperantes, con sus claudicaciones y su vuelta al neoliberalismo, hasta que en diciembre de 2001 se terminó el juego y las recetas impuestas partieron rumbo a nuevos horizontes que saquear, con la promesa de volver en cuanto pudiéramos alzar la cabeza. Luego otra transición difícil de explicar, con siete presidentes en brevísimos períodos. Finalmente, alguien desconocido que se ha transformado por sus actos concretos y acciones directas en un referente ineludible de la historia argentina. Alguien simplemente distinto y mejor.

Frente a este panorama y la actual lucha por una Argentina económicamente independiente, políticamente soberana, socialmente justa y popularmente movilizada, estamos nosotros, los que trabajamos en la Justicia. Pese a los cambios en estos últimos treinta años, siempre los medios de comunicación estuvieron del lado de sus intereses, creciendo, formando monopolios, dictando lo que había que hacer o no hacer desde sus titulares y el calificativo de cuarto poder pretendía colocarlo a la altura de las instituciones democráticas, sin que nadie haya votado sus propuestas y en algunos casos con el único objetivo de hacer sus negocios a costa de la verdad. Por cierto, hubo y hay excepciones y los trabajadores de prensa nada tienen que ver con sus empleadores e incluso algunos diarios, es justo mencionarlo, fueron verdaderos defensores de la prensa libre y democrática.

Comparto la posición de Luigi Ferrajoli, cuando nos dice que la crisis de las democracias, por acciones de las recetas neoliberales, puede encontrarse en unas sociedades fracturadas en grupos mezquinos y sectoriales, con ruptura de la solidaridad social, con una indiferencia por la militancia y la participación política. Una degradación de los derechos humanos y –agrego– del binomio Verdad y Justicia, degradando a la memoria a un concepto aliado a las revanchas y contra la pacificación (no puedo dejar de pensar en Instrucciones a los Fiscales, la obediencia debida, el punto final y los indultos). Siempre, históricamente acompañado por el discurso de la inseguridad, que se construye mediáticamente, contra las estadísticas oficiales, y respaldada por un movilero entrevistando a un familiar del reciente asesinado. La reiteración hasta el hartazgo de la misma noticia fatal y, si es acompañada de la queja vecinal, mucho mejor.

La falsa afirmación de que garantismo es igual a inseguridad, y nuevamente, como nos enseña Zaffaroni, la criminología mediática condicionando las decisiones del Poder Judicial. Por ejemplo pidiendo destituciones de jueces por aplicar la ley. En el medio, la ideología xenófoba, clasista y reaccionaria que se cuela por los intersticios de los titulares y los comentarios de los comunicadores televisivos.

Se agrega a ello, como segunda razón a considerar, la necesidad de una despolitización masiva, con la construcción de una opinión pública direccionada. Una realidad construida desde los medios, casi virtual e imaginaria. El debilitamiento del pensamiento individual, del tiempo del pensamiento. Los medios de comunicaciones monopólicos repudian el pensamiento crítico y le oponen al llamado hombre común, la peor expresión de la clase media temerosa, el fiel reflejo del burgués asustado, el más peligroso sujeto antidemocrático. Esto se construye con la desinformación y con el control en pocas manos de los medios de comunicación y a través de opiniones interesadas, omisiones, medias verdades y ya incluso con mentiras, apoyadas en “fuentes confiables”.

Un tercer punto a considerar es la crisis de la participación política. La idea proyectada de que los jóvenes no participen en política impide la regeneración de capas dirigenciales, la renovación y modernización de los conceptos adaptándolos a los nuevos desafíos, y lo más importante, la imposibilidad de una ideología con otros matices (más latinoamericanista, inclusivo, regional y con una mejor distribución de los bienes y las riquezas). Ante ello, los medios masivos aducen militancias juveniles animadas por recompensas en puestos jerárquicos (como si todos los miles y miles de jóvenes fueran a formar parte de un directorio). Jóvenes dirigentes enriquecidos son razones de algunos medios para desacreditar la militancia, restándoles toda marca de esperanza romántica y luchadora. Sin olvidar el mítico argumento del traslado forzado por embutidos, chacinados y bebidas en cajitas. La llamada política clientelar y la compra de voluntades con planes sociales o asignaciones familiares y el insoportable argumento del corte de calles en confronte con el libre derecho del automovilista que vuelve de trabajar. Una vez más se banaliza el nervio mismo del núcleo democrático, el derecho a protestar.

El último factor preponderante que pone en crisis el sistema democrático y participativo es la manipulación de la información y la decadencia moral de algunos comunicadores. Se ha creado el concepto de que todo juez que investiga a un funcionario lo hace para consagrar la impunidad. Es decir, frente a la denuncia periodística, nadie es inocente. Si el hecho es complejo, la Justicia es criticada por lenta; si se resuelve rápidamente, no se hizo nada (por cierto en que épocas de la dictadura nadie efectuaba este tipo de comentarios y menos de los medios aliados y cómplices). Si se aplica una condena, nunca es ejemplar, como si la ejemplaridad estuviera ligada a la sensación de saciedad que una supuesta opinión pública encuentra en el escarnio y encierro de por vida de un semejante (sin atisbo alguno de conmiseración, sin saber quién es ese sujeto, identificándolo con las clases marginales acreedoras de todo maltrato expiatorio). Tampoco se pregunta, ante una absolución, qué responsabilidad tenemos los fiscales y los policías en la investigación. Si un hecho se instala, con igual contundencia y reiteración se emiten juicios de culpabilidad y reproche, se piden penas eternas, con el aditamento de pudrición de la carne y sufrimiento sin límite. La pobreza moral de aquellos que requieren definiciones telegráficas ante problemas existenciales no hace más que contribuir a la apatía del razonamiento y a la demonización del Estado de derecho.

En realidad la verdad no importa. La información que transmiten es lo menos trascendental.

Frente a este panorama, ¿qué puedo proponer desde mi apoyo a la Justicia legítima? Afirmo que: no existe un derecho a la información “verdadera”, ya que la misma estaría en pugna con la libertad de información; sólo podemos hablar de libertad de recibir información, Sin embargo, como dice Ferrajoli, existe un derecho a la no desinformación consistente en la libertad negativa, es decir, en la inmunidad frente a las desinformaciones y la manipulación de las noticias. Esta libertad negativa es el corolario de la libertad de conciencia y de pensamiento, esto es la de la primera libertad fundamental que se afirma en la historia del liberalismo y que implica el derecho a la no manipulación de la propia conciencia provocada por desinformación en torno de los hechos y a las cuestiones de interés público.

Si nos imaginamos al lector y telespectador de noticias como a un verdadero consumidor, su derecho a no ser desinformado y a la no manipulación de las noticias equivale al de no recibir mercancía en mal estado. Al menos debemos tener el derecho de que se nos advierta con información veraz y adecuada qué nos están diciendo y por qué, dado que esto tiene a mi criterio protección constitucional por imperio del art.42. Si voy a formar criterio, quiero saber desde dónde me dicen las cosas.

La información es objeto de un interés público autónomo y colectivo que está ínsito en todos los principios de la democracia participativa, y es imprescindible que sea transparente, tanto como los ejecutores de los poderes públicos. Es decir, si requiero transparencia de acción, también la requiero de la información que me habla de esa acción.

Ya Umberto Eco nos dice que desde hace cuatro décadas la discusión de la naturaleza de los medios se desarrolla sobre dos temas: la diferencia entre noticia y opinión o comentario y, por lo tanto, el problema de la objetividad por un lado; y la afirmación de que los periódicos son instrumentos de poder controlados por grupos económicos, que usan un lenguaje encriptado deliberadamente, en cuanto que su verdadera función no es dar noticias a los ciudadanos, sino enviar mensajes cifrados a los otros grupos de poder pasando por encima de las cabezas de sus lectores, por el otro.

Si éstos son algunos de los problemas debemos proponer, dado que no sólo son locales sino evidentemente regionales (también existen en Ecuador, Venezuela, Bolivia y en Europa, España, Alemania e Italia, y por cierto hasta Obama ha tenido algún enfrentamiento con la Fox) alguna idea que mitigue tanta iniquidad.

Los poderes del Estado deben a todas luces afirmar su razón de ser en la propia democracia y es menester que las acciones y funciones de cada poder sean, no obstante el sistema de control republicano de frenos y contrapesos, manifestación de la voluntad popular. Si se sanciona una ley como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no puede ser el único tema el art. 161 (desinversión). ¿Qué rol juega el Poder Judicial frente a la presunción de legitimidad de los actos de los otros poderes, en cumplimiento de sus funciones propias? ¿Qué acto de extrema gravedad institucional es superador de la declaración de inconstitucionalidad? ¿Qué razón permite a un poder del Estado no definir el fondo de una contienda que es justamente su rol principal? ¿Qué papel está desempeñando, si no es desde lo ideológico, aquel que paraliza la vigencia de una ley? ¿Qué apolíticos son los que no acatan la voluntad mayoritaria del Poder Legislativo, máximo exponente de la representatividad popular? ¿No es acaso un verdadero pronunciamiento ideológico el que se muestra? Y ante ello, ¿por qué tanta oposición a democratizar la Justicia?

Es necesario ser independiente no sólo de los otros poderes del Estado, sino también de los poderes fácticos, económicos y de los poderes que bajo el ropaje de la imparcialidad, en cada acto, muestran su cara.

La primera separación debe ser de los administrados más poderosos, dado que, por su poder, son ellos los que quieren administrar ilegalmente a través de las tapas de sus diarios y nunca se plantea allí un conflicto de poderes de manera manifiesta y a plena luz para que la sociedad vea cómo se dirimen los conflictos y de qué lado está la Justicia.

Democratizar la Justicia es reconocer el problema de la concentración de los medios en pocas manos, del papel en pocas manos, del dinero en pocas manos y de los privilegios que ello implica. Los jueces y fiscales no podemos ignorar esa realidad tan expuesta con su ropaje más ofensivo, el de la subestimación.

Dice Ferrajoli, que nada debe saber de la ley de medios y de las medidas cautelares en Argentina: “Hasta ahora se han incorporado y confundido en único derecho dos derechos estructuralmente distintos y entre ellos virtualmente en conflicto: la libertad de información y de manifestación del pensamiento, que es un derecho fundamentalmente de libertad de quien hace información y manifiesta el propio pensamiento y la propiedad privada de los medios de comunicación, que es un derecho patrimonial singular de la empresa periodística o televisiva. El resultado es una inversión de la jerarquía constitucional de los derechos: la libertad de información y de expresión del pensamiento, que es la más clásica de las libertades fundamentales, resulta de hecho sometida a un derecho poder, como es el de la propiedad de los medios, que tiende a autoidentificarse con la primera”.

La idea de Justicia popular se ha identificado siempre en estas geografías como acción ilegal y revanchista de grupos insurrectos, nulas de todo ritual garantizador. En realidad, a ciertos sectores conservadores de la derecha neoliberal argentina lo que les molesta son las palabras sueltas, “Justicia” y “popular”; lo justo les resta privilegios y lo popular, les quita riqueza. Las dos juntas les son intolerables. Prefiero identificar la Justicia legítima con la Justicia popular, entendida como defensa de los más débiles para darle a cada uno lo que le corresponde, no solo por mérito, sino por derechos humanos básicos y elementales.

“JUSTICIA LEGITIMA” LLEVA AL INTERIOR LA DISCUSION SOBRE EL PODER JUDICIAL El debate se extiende a todo el país

El primer encuentro será el próximo viernes en Rosario. Después habrá otros en Tandil, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Jujuy. Se analizarán los problemas y experiencias de los poderes judiciales locales. El 31 de mayo se realizará en La Plata un nuevo plenario.

 Por Irina Hauser

El movimiento “Justicia legítima” saldrá de gira por varias provincias a partir de abril, con el plan de extender su discusión a todos los rincones y poner en debate los problemas y experiencias de los poderes judiciales locales. Habrá encuentros en Córdoba, Tandil, Mendoza, Rosario, Santa Fe y Jujuy, además de un plenario el 31 de mayo en La Plata. En varios de ellos estará la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Las prácticas judiciales corporativas (lo que incluye la protección hacia jueces implicados en delitos), la endogamia constitutiva de los tribunales, el poder de lobby de abogados y grupos económicos, mecanismos que criminalizan a los más vulnerables y las chances de generar un sistema acusatorio (con más poder para los fiscales y criterios sobre la persecución penal) son algunos de los temas que se vislumbran como constantes en distintos puntos del país y que se pondrán sobre la mesa.

“Buscamos crecer en todos lados, replicar en todo el país las jornadas que se hicieron en Buenos Aires, instalar una discusión para que el paradigma de funcionamiento judicial deje de estar ajeno a la sociedad. No es que vaya a haber resultados ya, pero estamos dando señales”, dijo el fiscal Jorge Auat, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas de Derechos Humanos. “Se trata de dar cuenta de la realidad de las justicias provinciales, muchas veces cruzadas por la política y el microclima de cada sistema”, agrega el fiscal Félix Crous. “Pero además, para hacer crecer al movimiento hay que lograr que tenga legitimidad por fuera del Poder Judicial: en las universidades, los clubes, los barrios”, agrega.

Los encuentros serán, la mayoría, en sedes universitarias: en Rosario el viernes próximo; en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires el 12 y 13 de abril; y en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, el 26 del mismo mes. En mayo se prevén reuniones de Mendoza, Jujuy y Santa Fe. El plenario general será en La Plata.

En el primer encuentro de esta agrupación crítica de jueces, fiscales, defensores, académicos y organismos de derechos humanos que se hizo en la Biblioteca Nacional en febrero último, no hubo anuncios pero se acordaron conceptos básicos: la apuesta a un cambio de la cultura burocrática y corporativa del Poder Judicial, instalar la oralidad en los procesos, abrir concursos públicos para el ingreso a tribunales, redefinir la independencia judicial (y asumir que las presiones son de todas las corporaciones, incluso económicas, judicial y religiosas), erradicar los títulos honoríficos y el lenguaje críptico, hasta dar participación a la ciudadanía en el sistema y su control. No se acordó una postura sobre el pago de Impuesto a las Ganancias, que la presidenta Cristina Kirchner sí alentó un día después en la Asamblea Legislativa, cuando también anunció proyectos de ley que aún no han sido presentados, entre ellos la elección popular de consejeros de la Magistratura, los concursos para ingresar por idoneidad y la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces.

Es cantado que en cada provincia se planteen distintas realidades, aunque hay un hilo conductor. Gabriel Pérez Barberá, juez de Córdoba, dice que en esa provincia, por ejemplo, “hay dos banderas de ‘Justicia legítima’ que ya funcionan bien y son una referencia: el ingreso por concurso e idoneidad de todos los empleados y el juicio por jurados; a la vez el Consejo de la Magistratura es más transparente que el nacional”. Sin embargo, dice Pérez Barberá, “rige una fuerte empatía de clase entre jueces y poderes económicos, lobbies económicos operan y esto está naturalizado, no es visto como algo negativo”. “También es complicada la independencia interna porque la Justicia es muy conservadora”, advierte.

Omar Palermo, juez del Superior Tribunal de Mendoza, está preocupado por las inequidades del servicio de justicia de su provincia, “que criminaliza a los más vulnerables” y les “hace difícil el acceso a la Justicia”. Reclama discutir el desarrollo de un sistema acusatorio, que dé facultades investigativas a los fiscales y la posibilidad de sentar principios de oportunidad, es decir, que definan hacia dónde dirige el Estado los esfuerzos para investigar, por ejemplo, si a los perejiles y delitos de poca monta o a las grandes organizaciones delictivas, a menudo asociadas a funcionarios y fuerzas de seguridad. Un problema que comparten Mendoza y Chaco es que los ministerios públicos (defensa y fiscalías) son parte del Poder Judicial, cuando deberían ser autónomos. Incluso en Mendoza están juntos: se mezclan acusadores y acusados.

En ciertos lugares, anuncia Auat, habrá que discutir cómo se han hecho nombramientos. “En Chaco –ejemplifica– se nombró a los jueces del Superior Tribunal sin concurso. Hay que discutir cómo hacer para que la estructura de la Justicia deje de reproducirse como una casta, algo que sucede en todos lados.”