“La Justicia es heredera del franquismo” , Josep Antoni Rodríguez Sáez, portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia en Barcelona

El magistrado señala que en España funciona un proceso de justicia diseñado en el siglo XIX que permite la estrategia dilatoria al infinito, lo que explica por qué no se avanza en el juzgamiento de los casos de corrupción del PP.

Por Flor Ragucci

“Es la única administración que no se ha modernizado, que sufre un gran colapso”, afirma Rodríguez Sáez.

Desde Barcelona

Cada día un nuevo imputado, cada día nuevos indicios que prueban más conexiones dentro de la gran telaraña de corrupción que atrapa a buena parte del gobierno español. Hace ya más de cuatro años que se abrió la megacausa Gürtel y, del centenar de implicados, el único condenado fue el juez que la investigaba, Baltasar Garzón. ¿Qué pasa con la Justicia española? Según el magistrado y portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia, Josep Antoni Rodríguez Sáez, la ineficiencia del sistema judicial en este país se debe, en gran medida, a que todavía se utiliza el modelo del siglo XIX que regía durante el franquismo.
Y es verdad que, al entrar en el Juzgado de lo Penal 21 de Barcelona para dialogar con el juez Rodríguez Sáez, el mismísimo Kafka es quien parece llevarnos de la mano. Porque pese a que el diseño hipermoderno de las instalaciones judiciales y su pomposo nombre (“La ciudad de la justicia”) pretenden ocultarlo, el sistema obsoleto de la Justicia española se deja ver en cada pasillo, con pilas y pilas de carpetas acumulando casos sin resolver.
–Hace ya más de cuatro años que el juez Garzón inició la investigación del caso de corrupción Gürtel. ¿Por qué se alarga tanto el proceso? –Hay varias razones. Por un lado, tenemos un proceso diseñado en el siglo XIX que todavía permite recurrirlo todo, con lo cual una de las partes puede mantener hasta el infinito una estrategia dilatoria y que le salga bien. Por otro lado, la administración de justicia ahora mismo sufre un gran colapso: entran más asuntos para resolver que la capacidad que tenemos de absorberlos. Es un embudo que existe desde hace quince años porque en este país no se invierte en Justicia. Esta es la única administración en España que no se ha modernizado desde la llegada de la democracia. Ya lo ves: miles de carpetas por todas partes, nada está informatizado, ¡no usamos ni el correo electrónico!
–¿A qué piensa que se debe este desinterés, por parte del gobierno, en modernizar el sistema judicial? –La Justicia en este país no se ha planteado nunca como algo urgente. No hay conciencia de lo importante que es la administración de justicia en tiempos como éste, en el que las instituciones viven una crisis de credibilidad enorme. El concepto de la independencia del Poder Judicial es fundamental porque la ciudadanía necesita saber que hay una parte del sistema que no le va a fallar. La democracia no se puede entender sin esa independencia que garantice que un juez no va a hacer lo que le diga el gobierno.
–Ahora, en efecto, es muy fuerte la desafección ciudadana con respecto a la Justicia. Entre la falta de independencia y la lentitud de algunos juzgados, se tiene la sensación de que, por ejemplo, los casos de corrupción no se van a llegar nunca a la sentencia. –Exactamente. Pero la lentitud no es una opción judicial, tal como quiere hacer verlo la clase política. No puede ser que un asunto tan complicado como una trama de corrupción, con decenas de implicados y cientos de tomos de papel, lo tenga que llevar el mismo juez que atiende juicios de faltas, es decir, peleas entre vecinos.
–¿Para esas megacausas no se designan jueces específicos? –No. Y es lo que nosotros nos preguntamos: ¿por qué no se crean jueces de proximidad para llevar estos casos leves y no que lo haga un juez de instrucción, como está sucediendo? Seguimos basándonos en un diseño obsoleto que nos impide hacer procesos en seis meses, en vez de en tres años. Al final, uno piensa que es al propio Ejecutivo al que le interesa que funcionemos mal, para que no se resuelvan los asuntos en los que está implicado.
–¿Por qué cree que no dimite ninguno de los políticos imputados por corrupción? –Es algo cultural. En España, uno puede hacer todos los males que quiera porque después se confiesa en la Iglesia, se le absuelve y se acabó el asunto. Es un problema de educación, que no tiene Alemania, por ejemplo, donde la cultura luterana hace que los niños crezcan con el deber de hacer bien las cosas.
–Ultimamente muchos políticos se están acogiendo a que la financiación ilegal de un partido no figura como delito en la Constitución. ¿Esto es, en verdad, así? –La financiación ilegal no existe como tal sino otros delitos que se cometen para llevarla a cabo, por ejemplo, la malversación de fondos públicos. Pero esto no significa que haya impunidad. Aquí entraríamos en el tema de la transparencia de las cuentas de los partidos políticos, que recién ahora se está poniendo sobre la mesa. Fíjate, más de treinta años después de la redacción de la Constitución.
–En la instrucción del caso Gürtel, ahora los abogados de Francisco Correa, el supuesto líder de la trama, quieren recurrir muchas de las pruebas presentadas contra él apelando a la nulidad de las mismas, tal como ocurrió con las escuchas ilegales que llevaron a la inhabilitación del juez Garzón. ¿Usted cree que podría quedar en nada todo el proceso? –Es una posibilidad, sí. Ni yo ni el resto de la población sabe cómo está el tema probatorio en el caso Gürtel. Se siguió en su día lo de Garzón, las escuchas, que efectivamente fueron ilegales, pero no significa que esa nulidad afecte a todo el sistema de pruebas. Eso lo tendrá que analizar el tribunal que lo juzgue. Y, con respecto a lo de Garzón, su inhabilitación no tiene nada que ver con Gürtel sino con el franquismo, con las oscuras interioridades de un país.

Tiempos de democratización

Cristina Kirchner presentará las iniciativas mañana en un acto al que fueron invitados dirigentes políticos, jueces y fiscales de distintas corrientes. La elección popular de los consejeros de la Magistratura, nuevas Cámaras de Casación, limitación de las cautelares y el ingreso abierto a los tribunales son algunos de los cambios que se vienen.

 Por Irina Hauser-Pagina 12 

Cristina Kirchner terminará de develar el misterio de su paquete de proyectos para democratizar el Poder Judicial mañana a la hora del té, en un acto en el Museo del Bicentenario al que están invitados referentes de todo el arco político, además de jueces y fiscales de distintas corrientes. Aunque ya había adelantado los títulos de sus propuestas ante la Asamblea Legislativa, ahora la Presidenta presentará los textos que enviará al Congreso con la expectativa de que se conviertan en leyes. Por el momento, los detalles permanecen en secreto, aunque todo indica que los ejes de la reforma anunciada se mantendrían: la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura junto con cambios en su composición y la creación de nuevas Cámaras de Casación Penal como tercera instancia en donde no existe. Podrían sumarse normas y medidas reglamentarias para limitar las medidas cautelares, otra para la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces, el monitoreo de su labor y el ingreso abierto a los tribunales.

Desde que en la apertura de sesiones la Presidenta anticipó su apuesta a generar un cambio en el sistema judicial, un equipo del entorno del secretario legal y técnico Carlos Zannini y del secretario de Justicia, Julián Alvarez, trabaja en la letra chica de los proyectos. También hubo aportes colaterales del Ministerio de Justicia, aunque ni el titular de esa cartera, Julio Alak, conoce los textos, o eso dicen cerca de él. Aun así, el ministro se ocupó de llamar personalmente para invitar a la presentación, que se iba a hacer la última semana, pero se pospuso ante la gravedad de las inundaciones.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que cada tanto entra en sintonía pacífica con el Gobierno, prometió su presencia y les dijo a sus colegas supremos que vayan también, según informaron sus colaboradores a Página/12. Así como fue convocado el elenco estable del naciente movimiento “Justicia legítima”, también fue invitada la Asociación de Magistrados, que el mes pasado anticipó sus críticas a la iniciativa presidencial. Su titular, Luis Cabral, supuestamente irá.

Los proyectos

Un primer pantallazo de los dos grandes proyectos que seguramente se presentarán permite prever que podría haber un aumento de facultades a favor del Consejo de la Magistratura (en detrimento de la Corte) y un intento por invertir la ecuación que ha dado una capacidad obstructiva notoria a los radicales en ese organismo. A la vez, otras medidas podrían leerse a favor del máximo tribunal y su perfil de tribunal constitucional. “Yo quiero en serio una Justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos”, fue una de las frases con las que Cristina Kirchner resumió, el 1º de marzo, el espíritu de su iniciativa. En esa línea, cuestionó el modo en que se eligen los integrantes del Consejo de la Magistratura, responsables de la selección y sanción de jueces: la corporación de abogados vota a los consejeros abogados, la de jueces a los jueces. ¡Ni los jueces ni los abogados tienen coronita!”, se quejó, y dijo que el eje de su propuesta era que a los consejeros los vote el pueblo.

Parte de las dudas que el proyecto de ley de reforma del Consejo deberá despejar –y que hasta ayer a última hora seguían siendo un enigma– se refieren a cómo se implementará la votación de consejeros. ¿Será con las elecciones nacionales? ¿Será con las de este año? ¿Será en comicios especiales? ¿Los candidatos se presentarán con partidos políticos? ¿Incluso los jueces podrán hacerlo? ¿No es contradictorio con su función y su supuesta imparcialidad? El mandato de los consejeros actuales vence en noviembre de 2014, pero nadie descarta que una modificación legislativa provoque una renovación este año.

El Consejo tiene trece miembros, de los cuales seis son legisladores (cuatro oficialistas, dos opositores, a quienes obviamente sí elige el pueblo), hay un representante del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico. El académico hasta ahora siempre fue elegido dentro de la comunidad del Derecho, algo que la Constitución no exige. Por eso la Presidenta sugirió que una forma de dotar al organismo de una mayor representación ciudadana es incluir como delegados del ámbito académico o científico personalidades de otras especialidades que podrían ser desde un médico, un contador, un psicólogo hasta un economista o un ingeniero. Esto hace suponer que el proyecto de ley podría modificar también el número de integrantes del Consejo.

Según algunas versiones, la propuesta podría incluir una reglamentación que devuelva al Consejo la administración de los recursos y el presupuesto del Poder Judicial, ahora bajo mayor manejo de la Corte. También abarcará alguna regulación para garantizar la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces (en la actualidad presentan ante el Consejo una pública y una reservada). La apertura de ingreso al Poder Judicial, para que deje de ser fruto de prácticas nepotistas (de familiares y amigos), es tema de disputa entre el Consejo y la Corte, ya que ambos consideran que pueden regularlo. Es factible que alguna de las normas en confección lo dirima. Igual que el sistema para monitorear el trabajo de los jueces.

La Corte podría salir ganando si prospera el proyecto de crear tres nuevas Cámaras de Casación: en lo Contencioso Administrativo; Civil y Comercial; y Previsional y Laboral. Sería una forma de favorecer que los jueces supremos se concentren en la tarea de hacer “control de constitucionalidad” casi por excelencia en lugar de dispersarse en miles de recursos judiciales que recibe.

Los críticos de la idea de multiplicar las casaciones acusan al Gobierno de querer poner jueces propios en fueros sensibles y que este sistema prolongará los procesos judiciales. Los críticos de la elección popular de consejeros, como la Asociación de Magistrados y el Colegio Público de Abogados, dicen que es un método inconstitucional porque los consejeros son “representantes de” determinados estamentos y por ende deben ser elegidos por sus representados. De todos modos, estos planteos sólo podrán adquirir algún sustento una vez que se conozca el detalle de los proyectos.

En relación con las medidas cautelares, se apuntaría a limitar su extensión en el tiempo y a evitar que puedan restringir o paralizar acciones de gobierno. Eso incluiría impedir embargos sobre el Estado, teniendo en cuenta que siempre es solvente y siempre podrá garantizar un resarcimiento. Las regulaciones específicas sobre responsabilidad patrimonial del Estado serán llevadas más adelante a una ley que complemente el nuevo Código Civil, una vez que se apruebe, explican en el Gobierno.

Asistencia imperfecta

En el ámbito legislativo, las invitaciones al acto de mañana llegaron a diputados y senadores de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos de ambas Cámaras. La mayoría de los opositores ya anuncian –con excusas o convicciones– que no asistirán. La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quizá la más frontal, le mandó una carta al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, diciendo: “No puedo avalar proyectos cuya intención, entiendo, es la destrucción de la poca Justicia independiente que queda en el país y el avance hacia la perpetración de una dictadura en manos de una mayoría circunstancial”. El senador radical Mario Cimadevilla, que además es consejero, anunció que tampoco irá y que no cree “en nada del oficialismo que apunte a democratizar la Justicia, sólo quieren jueces adictos”. Ricardo Gil Lavedra señaló: “No me parece que sea un acto de gran trascendencia institucional como para ir, lo que no quiere decir que yo no crea que hay que hacer cambios en la Justicia. Lo vamos a discutir en el Congreso y listo”.

Los proyectos del Poder Ejecutivo podrían entrar por el Senado. Para el kirchnerismo es especialmente importante en relación con el de reforma del Consejo, que requiere mayoría absoluta, más complicada en Diputados, donde el Frente para la Victoria necesita establecer alianzas para llegar los 129 votos. Como sea, aún suponiendo que el debate parlamentario no sea muy largo, llevará mucho tiempo, incluso años, lo que en el Poder Judicial no es sólo cuestión de formas, reglas y estructuras sino de costumbres y cultura.

Un poco de Humor !!

SOLIDARIDAD ante nuestros hermanos afectados por el Temporal.

Compartimos el comunicado del Ministerio Público Fiscal, que recibe donaciones para los afectados por el temporal:


A todos aquellos que puedan colaborar con colchones, ropa de cama, frazadas, calzado, alimentos no perecederos, leche en polvo, pañales, velas, ropa de abrigo, electrodomésticos, entre otras cosas, por favor, acercarlo a la sede de la Procuración General de Av. De Mayo 760. Ante cualquier consulta, contactarse con Néstor Farese o Jorge Etchemendi al 4338-4356 en el horario de 8 a 19. Todo lo que se reciba será destinado a las víctimas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.


Fuente: http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=%2FReporteNoticia.asp%3FIdRegistro%3D734

Compartimos el programa de la jornada de Justicia Legítima que se replicará en Tandil durante el viernes 12 y el sábado 13 de abril.

SOBRE LAS NECESARIAS REFORMAS DE LA JUSTICIA

* Por Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)

Cíclicamente, frente a una resolución judicial que no conforma a un sector o persona determinados, se utiliza la figura del juicio polìtico -como amenaza, o a través de su efectiva implementación- para castigar al juez, fiscal o tribunal en falta.

Los ejemplos abundan, y abarcan decisiones judiciales variadas y de diverso contenido, aplicadas en diferentes momentos del proceso penal:

• Caso 1: funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denuncian que un productor agropecuario entrerriano dispara reiteradas veces a su vehículo, como reacción frente al cumplimiento de las tareas de control y fiscalización efectuadas por los funcionarios. Ante la decisión de un fiscal de la provincia de Entre Ríos de dejar en libertad al presunto agresor, mientras se realizan la pericias correspondientes, varios diputados y funcionarios lo critican duramente, amenazando con someterlo a juicio político. Luego de que el procurador general de la provincia respalda la actuación del funcionario, la amenaza se diluye, y solo se presenta un proyecto de resolución reclamando “celeridad y rigor” en la investigación.
• Caso 2: los integrantes de un tribunal oral provincial absuelven a la totalidad de los acusados por la desaparición de una joven mujer, sucedida en 2003, porque entienden que no son suficientes las pruebas aportadas como para demostrar su participación en ese delito (sí, en otros, pero no en el secuestro y desaparición de la joven) Se promueve el juicio político contra los tres jueces, de modo inmediato, por parte del oficialismo de la provincia.
• Caso 3: un juez de ejecución nacional decide otorgar salidas transitorias a personas que han cumplido los requisitos legales como para obtenerlas: mitad de la condena cumplida y las calificaciones -que pone el Servicio Penitenciario Federal-, exigidas: 9 o más en conducta y 7 o más en concepto. En un caso, la persona que tiene salidas transitorias comete un nuevo y gravísimo delito: viola y mata a una joven. Es nuevamente detenido y condenado a prisión perpetua. En otro caso, la persona con salidas transitorias -que cumple en Resistencia, Chaco, a centenares de kilómetros de la sede donde trabaja el juez- es acusado del mismo delito: violación seguida de muerte. A pedido de una asociación civil, y de integrantes del Consejo de la Magistratura en el segundo caso, se le inician sendos juicios políticos al juez de ejecución, por haber otorgado salidas transitorias a personas que estaban en condiciones de tenerlas; por no haber “previsto” que iban a cometer crímenes.

Son solo tres casos, pero hay muchos más. Nos preocupan dos cuestiones:

1- El intento de suplantar la revisión judicial de una resolución con la que, por el motivo que sea, alguna de las partes o terceros (diputados, senadores, consejeros, asociaciones de víctimas, etc) no está de acuerdo, por un pedido de castigo frente a los autores -jueces, fiscales, camaristas- de esas resoluciones con las que no se acuerda. Sobre todo, si son casos políticamente sensibles para determinados sectores de la población, o particularmente graves por el tipo de delito que se juzga.

2- Se argumentan cuestiones con las que es difícil no acordar, como por ejemplo, las diferentes situaciones que atraviesan personas humildes frente a personas poderosas: “a las hermanas J las tienen presas hace dos años por defenderse de un violador, y al empresario agropecuario, porque es poderoso, lo dejan libre”. Los ejemplos son ciertos, y podrían darse muchos más, que confirmarían esa intolerable desigualdad. Hay más iniquidades todavía: los pobres son más frecuentemente detenidos que los ricos, y más aún, los pobres varones y jóvenes que viven en barrios degradados. Un joven de clase media encontrado con dos porros no pasará más de unas horas en una comisaría, hasta que su madre o padre lo pase a buscar. Si ese joven vive en la villa o en un barrio de alguna periferia, lo pasará mucho peor, y por más tiempo. Y así de seguido. Pero no debería propugnarse la nivelación para abajo, en vez de luchar para terminar con la discriminación y el clasismo en la justicia. No se trata de que más gente la pase mal, o sea detenida sin causa, o pase presa el tiempo que dure el proceso, sino que se trata de que nadie sufra esas violaciones de derechos humanos. Eso, una violación de derechos, es ser detenido sin motivo, o porque tenemos determinado aspecto, o porque vivimos en este o aquel barrio. Y también es una violación de derechos, estar presos/as antes de que haya una condena firme, se trate de una persona humilde o de un poderoso productor agropecuario.

Lo contrario sería plantear algo así como que, como las personas humildes son mal atendidas en algunos hospitales públicos y los/as niños de barrios degradados reciben educación de mala calidad, debería darse un mal servicio sanitario y educativo a todos/as los/as pacientes de todos los barrios, y someter a todos/as los/as niños/as y adolescentes a que padezcan una mala educación, para igualar...

Quienes trabajamos cotidianamente con personas privadas de libertad y sus familiares, personas concretas que sufren el daño que provoca la cárcel en todo lo que toca, no queremos más pena, que es más dolor y sufrimiento, para más gente. Se trata, por el contrario, de pensar en reformas que disminuyan el sufrimiento, y que desmonten el funcionamiento clasista, corporativo y discriminatorio del aparato judicial¹.