Otro fiscal a favor del pago del impuesto a las Ganancias

DEMOCRATIZACION. Auat integra Justicia Legítima.

Edición impresa.  

Jorge Auat considera que la excepción para el Poder Judicial contribuye a su desprestigio. "No podemos hacer oídos sordos a esa opinión generalizada", sostuvo en diálogo con Diario Crónica.

Por Luis Mendoza

El fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Jorge Auat, se pronunció a favor del pago del impuesto a las Ganancias por parte de los magistrados, “más allá de cualquier discusión jurídica”. 

“La sociedad lo percibe como un privilegio y esto también contribuye al desprestigio del Poder Judicial. No podemos hacer oídos sordos a esa opinión generalizada; por eso hablamos de democratizar la Justicia. Ponerla de cara a la sociedad y no de espaldas como está”, manifestó el fiscal, en diálogo con “Crónica”. 

El integrante del espacio Justicia Legítima, que apoya el proceso de democratización de ese poder del Estado, opinó que en el tema del impuesto a las Ganancias, “sin duda hay cuestiones que se manejan intramuros y que no se conocen públicamente, como por ejemplo lo que surge de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia a la Procuradora General de la Nación (Alejandra Gils Carbó) respecto al pago de ese tributo”.

Agregó que en esa respuesta del máximo tribunal “se hace referencia a deliberaciones e intercambio de opiniones entre sus integrantes que no se conocen, como tampoco la administración de los recursos, entre otras cuestiones”. 

Auat también hizo conocer su respaldo a la elección de jueces, académicos y abogados del Consejo de la Magistratura, considerando que “una de las medidas para quebrar el espíritu corporativo” en el Poder Judicial,“es darle mayor participación a la sociedad toda”.

En el reportaje concedido a este diario, el fiscal salió al cruce de las críticas opositoras al proceso de democratización y transparencia de la Justicia propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Es una crítica funcional a los intereses de la corporación. Con esa idea se clausura el debate y que todo siga igual. Lamento que no se dimensione la trascendencia de la discusión. Me gustaría más generosidad y naturalmente más parquedad en la crítica, con aportes enriquecedores”, planteó.

Al ser consultado sobre el rol de magistrados durante la última dictadura, manifestó que “cuando los hechos cantan, las palabras huelgan; basta mirar la cantidad de jueces que están imputados, más los casos de impunidad como estrategia del sistema impidiendo el avance de las investigaciones que revelan claramente cuánto les alcanza como institución en aquellos años de plomo”.
“El único poder que no fue atravesado por la democracia es el Judicial. El 9 de diciembre de 1983, magistrados y funcionarios lo eran de la dictadura y dos días después lo eran de la democracia, como si fuera lo mismo un estado militar que un estado de derecho”, enfatizó.

En referencia a los mecanismos para ingresar al Poder Judicial en sus distintos niveles, el fiscal se pronunció a favor de un sistema de concursos “pero con menos discrecionalidad de parte de la corporación” para lograr “cambios de paradigmas y que los jueces que ingresen sean los jueces que la sociedad pretende”.
Cuando se le preguntó sobre la Justicia es igual para todos en la Argentina,Auat respondió:“Eso es cardinal en el debate que estamos proponiendo. De todos modos preguntémosle a la gente que siente, o mejor aún, barrunto que a su pregunta la motiva su propia sensación y es de que hay un doble estándar”.
Finalmente, anticipó que Justicia Legítima seguirá con rondas de debates amplios, “que legitimen aún más la iniciativa que tanta repercusión tuvo en las jornadas en la Biblioteca Nacional”.

TITI ALVAREZ , ABOGADO Correntino , DESAPARECIDO , ejemplo de un profesional comprometido con su Pueblo ! PRESENTE !!

Un día como hoy, hace 36 años la dictadura militar secuestraba a César Héctor "Titi" Álvarez. Abogado, legajo de Conadep Nº 6775 de 31 años de edad, y padre de tres hijos.
Desaparecido en Capital Federal el 17 de Marzo de 1977, por su condición de abogado defensor de presos políticos.

La democratización de Poder Judicial

Por Amílcar Aguirre

Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia

Hoy está en el centro de todas las discusiones la afirmación que se debe “democratizar la justicia”. Sinceramente creo que esto es erróneo, no hay que hablar de “La Justicia” ya que este es un valor, un bien en si mismo, al que años de práctica forense y judicial, han mutado al Poder Judicial en un sinónimo de justicia. Y la verdad es que no es así. El poder judicial está integrado por hombres y mujeres, y el valor Justicia es mucho más, quizás mutable, cambiante de una sociedad a otra en algunos aspectos, pero que no puede ser confundida con quién ejerce la función de impartir justicia.

Cuando hablamos de democratizar al Poder Judicial, quizás todos entendemos diferente lo que esto significa. Algunos entienden que tenemos que elegir a los jueces; que su mandato o designación dure sólo un tiempo determinado y luego deban ser nombrados nuevamente; que los procedimientos sean más humanos, más entendibles, más justos, más cercanos al ciudadano.

Creo que el concepto disparador de la democratización del Poder Judicial implica todo esto, y muchísimo más. Implica lo que la sociedad está reclamando hace mucho tiempo, que haya una justicia, que aplique la ley sin importar a quién lo hace, y que la ley está para ser respetada a rajatabla, a pié juntillas, y que esto no sea una mera ilusión o discurso.

 En artículos anteriores, opinaba de la necesidad de un respeto total a la ley, y también cual es la importancia de elegir a los mejores jueces, los más capaces e independientes, los más notables, los más justos. El por qué la sociedad necesita para crecer y desarrollarse, reglas claras de comportamiento, y también de sanción, pero aplicadas, no flotando en la letra luego transformada en letra muerta, y que muchas veces los abogados no podemos explicar claramente a quienes nos preguntan por tal o cual decisión. Y esto es porque realmente son inexplicables.

El Dr. Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamó a los jueces que se comprometan en la solución de los conflictos, que no intenten imponer sus convicciones, porque en realidad lo que deben hacer es hacer respetar el núcleo de coincidencias básicas de la sociedad, como pacto social, y del núcleo constitucional de derechos inalienables, estos aún en contra de lo que pueda opinar la mayoría. En un discurso muy comprometido con cambiar el sistema judicial del país, reclamó que exista un verdadero acceso a la justicia, del juez cerca del ciudadano, al que se pueda plantear un problema y se lo resuelva, pacificando así la sociedad. Afirmó que los juicios deben ser cortos, que la justicia debe expedirse, dando certeza a los ciudadanos.

Por otro lado, la Procuradora General de la Nación, Dra. Gils Carbó, también cargó duro respecto del rol del Poder Judicial, atacando los procedimientos, la duración de las causas entre otros conceptos, donde seguramente propiciará la modificación de procedimientos para la implementación definitiva del principio de investigación por parte de los acusadores públicos y no por parte de los jueces de instrucción, tal lo que acontece en el fuero federal. 

Este y otros cambios entiendo que se esperan en corto plazo, buscando juicios más cortos, con sentencias que reflejen en la sociedad la existencia de la Ley.

A su vez, la Presidenta de la Nación, en su discurso planteó iniciativas para democratizar al Poder Judicial, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los Jueces, tal como lo hace cualquier ciudadano, y la transparencia de las declaraciones juradas de bienes de todos los integrantes de todos los poderes del Estado. Se propiciará la implementación de publicidad de las causas en trámite y la duración de los procesos, para que no haya suspicacias sobre una causa que tramita rápido, mientras otras “duermen un sueño casi eterno” en Tribunales. Estas y otras iniciativas también buscan claramente la implementación clara de cambios necesarios en el Poder Judicial, transparentando su funcionamiento y la actuación de sus integrantes. 

Creo que todo esto es acertado, y todos tienen razón.

La sociedad entiende que hoy día el Poder Judicial no brinda las respuestas que ésta reclama, en el tiempo que lo pide, es decir en un plazo razonable.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución, establece como Garantía Judicial, el derecho de todas las personas a tener una sentencia definitiva en un plazo razonable, no sólo en el ámbito penal, sino también en todos los demás en los que se tenga necesidad de contar con una sentencia judicial. Esto se debe cumplir, y depende del mismo Poder Judicial, junto con los restantes poderes, que sea cumplido y se encuentre al alcance de todos los ciudadanos y habitantes del país.

Las leyes deben ser cumplidas, y los jueces deben así establecerlo en un tiempo razonable de duración de procesos; se debe respetar que exista un juez imparcial, con procedimientos transparentes y que aseguren el debido proceso a todos los justiciables.

Es un reclamo justo, democrático, y que debe ser respetado por los poderes del Estado.

Revista de Derecho Penal : "la participación ciudadana en la Justicia"

El nuevo número de la revista de Derecho Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación está dedicada al debate sobre "la participación ciudadana en la Justicia". Compartimos con todos ustedes la edición:

http://www.infojus.gov.ar/_pdf_revistas/DERECHO_PENAL_A1_N3.pdf

El sexo del derecho

 Por Josefina Durán * * Directora del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Los debates en torno de la necesidad de reformar el Poder Judicial no son novedosos; sin embargo, en los últimos meses se dinamizaron. Muchos de los nudos críticos que afectan a la administración de la Justicia fueron reseñados en estas páginas. La falta de transparencia al momento de tomar decisiones, la exención del pago de Ganancias, la ausencia de una academia jurídica independiente, la lentitud, la arbitrariedad en el ingreso a la carrera judicial y el excesivo ritualismo son sólo algunos.

El lugar de las mujeres en el Poder Judicial no puede ser soslayado en estos vientos de cambio. Dicho esto, me veo en la obligación de aclarar que no sostengo una posición esencialista: no creo que las mujeres, per se, posean valores y capacidades diferentes que los varones. Ni que la defensa de nuestros derechos sea una tarea excluyente: cualquier persona comprometida con la democracia y los derechos humanos, en el Poder Judicial y en todas partes, debería tener a la igualdad de género como un objetivo prioritario.

A las mujeres se nos relegó históricamente a un rol subordinado, lo que constituye una discriminación inaceptable. Como consecuencia de esa discriminación, no pudimos acceder a la universidad y al empleo en forma masiva hasta mediados del siglo XX, por ejemplo, y hoy, pese a constituir el 60 por ciento del alumnado de la Facultad de Derecho de la UBA, somos minoría en los cargos jerárquicos del Poder Judicial.

El mapa de género creado por la Oficina de la Mujer de la Corte muestra que las mujeres somos mayoría en los cargos administrativos y en las secretarías (tanto en los poderes judiciales provinciales como a nivel nacional), pero ocupamos apenas el 20 por ciento de los ministerios de los superiores tribunales. Este fenómeno no es casual ni aislado, ya que somos minoría en los puestos de decisión en el ámbito empresarial y en los ministerios. También tiene nombre y apellido: techo de cristal, símbolo de la ausencia de barreras formales que impidan el ascenso de las mujeres pero que en lo sustantivo existen.

La segregación no es únicamente jerárquica. La presencia de mujeres varía en forma notable según los fueros analizados. Ocupamos el 13 por ciento de los juzgados en lo penal económico, somos minoría en todo el fuero penal y comercial, pero tenemos similar presencia que los varones en los fueros civil, laboral y seguridad social. Las tareas de cuidado de la familia y de protección nos fueron culturalmente atribuidas, e incluso se nos naturaliza en ese rol. La fuerza y la economía fueron, en cambio, socialmente asignadas a los varones.

La igualdad formal fue un objetivo primordial para las feministas a principios del siglo pasado. Esta, necesaria como punto de partida, se reveló insuficiente como herramienta para acceder a la igualdad sustantiva. Un mecanismo útil para alcanzarla fue el cupo femenino. El momento parece propicio para debatir acerca de la necesidad de implementar un cupo femenino en los cargos más altos de la magistratura, por ejemplo fijando que como mínimo una mujer debe ser parte de cada tribunal colegiado, y para pensar cómo promover su presencia en todos los fueros. Las cuotas fueron la manera en que las mujeres accedieron masivamente al Poder Legislativo, ámbito de creación de las leyes. Parte del desafío actual es pensar cómo podemos integrar equitativamente el poder en que se interpretan esas mismas leyes.

‘Justicia legítima’: “Hay un error de lectura en ver a este movimiento como funcional a intereses del Ejecutivo”

PAGINA de RADIO CONTINENTAL

<iframe scrolling='no' frameborder='0' src='http://www.continental.com.ar/playermini.aspx?id=1851050' marginheight='0' name='20080119csrcsrnac_5' height='190' marginwidth='0'></iframe>

FISCAL ABEL CORDOBA

Finalizó en la Biblioteca Nacional la segunda y última jornada de la presentación en sociedad de un grupo de abogados, jueces y fiscales que proponen un debate en línea con la intención manifiesta del gobierno nacional de ‘democratizar la justicia’.

“Hay un error de lectura en ver a este movimiento como funcional a determinados intereses políticos del Ejecutivo: eso confunde interés con derecho”, remarcó el fiscal federal a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Abel Córdoba.

“Uno de los puntos centrales es la relación de algunos jueces con sectores económicos”, remarcó Córdoba. “Eso se traduce directamente en determinadas resoluciones”, agregó.

“El debate también hace hincapié en la elección de jueces”, señaló.