Horacio Verbitsky, Julián Domínguez, Gabriel Mariotto, Julio Alak y Alberto Sileoni. |
“La indefinición de la Justicia” en causas que
involucran a Clarín y La Nación muestra que el Poder Judicial no es
neutral, dijo Verbitsky en la apertura del congreso realizado en la
UnLaM, en un panel que compartió con Alak, Sileoni, Mariotto y
Domínguez.
Académicos,
funcionarios, periodistas y dirigentes sociales debatieron sobre
virtudes y tareas pendientes de la reforma judicial que impulsa el
gobierno nacional, en el marco del Congreso Nacional sobre
Democratización de la Justicia, que ayer tuvo lugar en la Universidad
Nacional de La Matanza. En el primer panel de la jornada, el periodista y
presidente del CELS, Horacio Verbitsky, señaló que “la indefinición de
la Justicia” en causas como la judicialización de la ley de medios por
parte del Grupo Clarín o la cautelar que exime impositivamente al diario
La Nación “demuestran que la neutralidad de la Justicia no existe”. El
ministro de Justicia, Julio Alak, consideró que hay “un paso inédito en
la historia argentina” para que la “democracia penetre en el Poder
Judicial”. “El Poder Judicial no es de los abogados ni de los jueces,
sino del pueblo”, concluyó. El vicegobernador bonaerense, Gabriel
Mariotto, celebró la “estratégica decisión” y destacó la necesidad de
impulsar la democratización del sistema judicial provincial.
“La sociedad le habla a la Justicia” fue el título del panel que
ofició de apertura del congreso y contó con la participación de
Verbitsky, Alak, Mariotto, el ministro de Educación, Alberto Sileoni; el
presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el rector de
la universidad anfitriona, Daniel Martínez.“La indefinición en la causa Clarín por la ley de medios y la medida cautelar que beneficia a La Nación desde hace diez años para que no cumpla con las obligaciones impositivas demuestran que la neutralidad de la Justicia no existe”, opinó Verbitsky, señalando el acompañamiento del CELS a “la democratización de la Justicia” para “romper la hegemonía representada por asociaciones de magistrados nacionales y provinciales”. Celebró el posicionamiento de “Justicia legítima” como una “ruptura interna” del corporativismo y destacó que “la disputa por el Consejo de la Magistratura” desarmará “la configuración del sector conservador”.
No obstante, Verbitsky sostuvo que la reforma “debe exceder en mucho lo que propuso el Poder Ejecutivo con estas seis leyes” e incluir una “agenda pendiente” con “un plan nacional de acceso a la Justicia y una reforma de procedimientos”. También debería evitar “el desarrollo de programas y alianzas políticas a través de la demagogia punitiva”, que llevan a casos como el de Luciano Arruga, “en el que se vio la corrupción policial, la pobreza criminalizada y el Estado gendarme”.
El ministro de Justicia, Julio Alak, manifestó que “el proceso de actualización del Poder Judicial es un paso inédito en la historia argentina”. “El Poder Judicial no es de los abogados ni de los jueces, sino del pueblo, y el funcionamiento del mismo debe ser permanentemente debatido por la ciudadanía”, expresó. Recordó que al instaurarse el voto universal, secreto y obligatorio, “los gobernantes decían que solamente la gente decente podía votar”, y opinó que “hoy sigue vigente el pensamiento de que el pueblo no puede elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura”.
El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, defendió la “estratégica decisión de la Presidenta de ampliar los resortes de la democracia” y solicitó “llevar el proceso de democratización” a la provincia de Buenos Aires. “En los últimos 15 o 20 años, hubo hechos resonantes que tuvieron que ver con la seguridad y la justicia, y contaron con complicidad institucional”, explicó. Ejemplificó con los casos del robo al Banco Nación de Ramallo, los asesinatos del fotógrafo José Luis Cabezas y Candela Sol Rodríguez, el accidente de la familia Pomar y la de-saparición de Luciano Arruga.
Además, defendió iniciativas del distrito como la creación de la Policía Judicial, las modificaciones en enjuiciamientos a jueces y el mecanismo de prevención de la tortura. “Esta agenda no está en las antípodas de lo que quiere el Ejecutivo provincial, sino que es complementaria”, concluyó.
El ministro Sileoni consideró que “democratizar la Justicia es garantizar la independencia del Poder Judicial”, pero remarcó la importancia de discutir “de qué independencia hablamos”. En este sentido, opinó que “achicar la brecha entre los derechos y su ejercicio es transparentarla y es romper su matriz burocrática y conservadora”.
El diputado Julián Domínguez afirmó que “a lo largo de la historia se habló de modernizar la Justicia, pero nunca de su democratización, como ahora”. Calificó de “novedoso, revolucionario y transgresor” el nutrir “al Consejo de la Magistratura de representación a través de los partidos políticos”. “Este gobierno, que construye igualdad y que ha ampliado derechos, no mete los temas abajo de la alfombra –celebró– y tiene una dirigencia política que debate con convicciones.”
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