sábado, 30 de marzo de 2013

Democratizar el Consejo de la Magistratura




La oscuridad del Consejo de la Magistratura Chaqueño: un ejemplo de la necesidad de democratización

Documento del partido Frente Grande Chaco


Cuando la presidenta Cristina Fernández presentó al debate público  la idea de democratizar la justicia sabía de lo que hablaba. Fernández puso sobre la mesa terminar con un poder corporativo que limita la democracia y cuyo cambio requiere una férrea decisión política, años de trabajo y una voluntad permanente de denuncia y búsqueda de la transparencia.

El 5 de noviembre del 2012, ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco, iniciamos una denuncia contra el Juez Antonio Luis Martínez, la Jueza Gloria Silva y la Fiscal Marta Verón por rechazar un amparo con fundamento en una ley derogada en el fuero contencioso administrativo.

A cinco meses de su inicio, los denunciantes no tenemos una sola noticia del trámite dado. Todo indica que la presentación ingresó en un agujero negro.


Se dice que la justicia es lenta pero parece que el organismo de control lo es aún más y ello sólo nos lleva a plantear con mayor firmeza que el poder que acumulan las corporaciones tiene como objetivo esconder los ¿errores? de sus integrantes. 


Nos preguntamos ¿qué se habrá hecho de nuestra denuncia?, que pretendía poner en evidencia la incompetencia y la malicia de las personas que deben dictar justicia.


Meses estuvo en la Sala II de la Cámara Contencioso-Administrativa el pedido de Salvador Nuñez de que le restituyan su banca de concejal de Colonia Elisa, quién fuera destituido injustamente con una maniobra fraudulenta del Intendente. Su expediente durmió en las oficinas judiciales hasta que finalmente decidieron sacárselo de encima con la ley del desamparo derogada en el año 2010. Esta última maniobra es la que motivó la presentación ante el Consejo de la Magistratura en la ilusión de no dejar más impunes actos de jueces y juezas contrarios a las leyes. Pero otra vez nos encontramos ante la lentitud de este organismo del que nada se sabe y que actúa en la más absoluta oscuridad y de espaldas al pueblo de la Provincia del Chaco.  

¿Será que pesan los antecedentes del juez Martínez de ser un colaborador estrecho de Roy Nikisch? ¿O será que pesan relaciones familiares de algunos de los denunciados?


Habiendo transcurrido cinco meses de nuestra denuncia pensamos que la demora en tratarla obedece a una obstrucción en el curso de la causa, conducta penada por la Constitución Provincial. Pero ¿cómo podremos saber cuál de sus integrantes es la persona que realiza esta maniobra? ya que el órgano es uno de los menos transparentes y, en nuestra experiencia, sólo avanza contra funcionarios o funcionarias judiciales que molestan al poder político, como ya nos enseñaron con el caso de la Jueza Cynthia Lotero de Volman. 


La democratización de la justicia no es algo que se declama en abstracto, es en la actualidad una necesidad real de la ciudadanía chaqueña. Sintéticamente significa cambiar las estructuras. Son muchos los aspectos para cambiar, renovar o mejorar en el ámbito del Poder Judicial pero también es necesario avanzar con un cambio profundo del Consejo de la Magistratura que con su actual integración sólo parece estar destinado a apañar colegas. 

jueves, 28 de marzo de 2013

Responsabilidad de funcionarios judiciales






Por Ciro Annicchiarico *Abogado. Asesor de la Secretaría de Derechos Humanos. En la Foto acompañado de Mario Bosch - izquierda- Abogado de Organismos de DD HH del Chaco.
  
Nota Publicada - Por Pagina 12

La democratización de la Justicia debe incluir mecanismos para que sea efectiva la responsabilidad funcional y económica de jueces y fiscales cuando, con decisiones contrarias a derecho, dañan la libertad, integridad y bienes de los ciudadanos.

El caso de las hermanas Marina y Ailén Jara, privadas de libertad desde hace dos años por defenderse de una persona que intentaba violar a una de ellas, es un ejemplo emblemático de la imperiosa necesidad de democratización de la administración de justicia en la Argentina. Un sujeto con antecedentes violentos, sospechado además de otros abusos sexuales y de tener cobertura policial, para la Justicia de la provincia de Buenos Aires es más creíble que sus víctimas, dos hermanas de 18 y 19 años que se defendieron de una agresión ilegítima.

El caso ha generado alarma en organizaciones sociales, de derechos humanos y defensoras de los derechos de género. No es para menos: según datos difundidos por referentes que conocen el caso, el agresor, Juan Antonio Leguizamón, vecino de las chicas, estaba obsesionado con Ailén. La acosaba sexualmente, haciendo ostentación de su condición de “pesado con protección”. Ailén no tenía interés en mantener una relación con él. Pese a eso, Leguizamón la siguió, armado, a la salida de un boliche, cuando ella iba con su hermana Marina. Efectuó disparos al aire, se tiró encima de Ailén, la golpeó, intentó desvestirla, y en esa situación Marina sacó de su cartera un cuchillo para untar y defendió a su hermana provocándole al agresor unas lesiones que lo hicieron desistir de su intento. El tipo fue a la comisaría y denunció que Marina y Ailén le habían disparado con un arma. La “investigación” policial no promovió averiguación por el intento de violación que las chicas denunciaron, pero sí se inició sumario por intento de homicidio de Leguizamón. El agresor quedó libre e incausado, y las dos chicas detenidas imputadas de un grave delito. El era la víctima, Marina y Ailén las delincuentes. Pero lo más grave es que quien se supone destinado a aplicar el derecho, a corregir errores y oficiar de última ratio en protección de los derechos, el Poder Judicial, aparece como la gran madre perversa que en vez de sanar y corregir el intento de abuso, lo convalida y legitima. Sanciona a la víctima y premia al agresor. La pérdida de la última de las esperanzas. Como nos enseñara Freud, es la imagen perfecta de lo siniestro.

El caso, en derecho penal, se presenta como justificado: hubo agresión ilegítima previa por parte del atacante, medio racional usado por Marina para defender a su hermana, un cuchillo para untar frente a un arma de fuego lo es, inclusive de inferior potencialidad, y no existió provocación alguna previa por parte de las chicas (Art. 34 incisos 6º y 7º del Código Penal). Si el caso es así, como todo parece indicarlo, debió dictarse de inmediato un sobreseimiento de oficio. Pero a pesar de los indicios, todo argumento les fue rechazado, todo pedido de excarcelación les fue denegado, inclusive de morigeración de la prisión. Están presas en una cárcel desde hace dos años, en donde además fueron torturadas (la tortura no es solamente aplicar picana o asfixiar a alguien atado, los golpes también lo son). Todo debería apuntar a que Marina y Ailén resulten absueltas en el “juicio justo” que lleva el Tribunal Oral Criminal 2 de Mercedes, que también rechazó sus libertades provisorias. Lo que sigue es un aporte, una propuesta para incluir en el debate sobre la imperiosa democratización de la Justicia. Un periodista le preguntó a Isidro Encina, abogado defensor particular de Marina y Ailén, si sus defendidas resultan absueltas, quién pagará los daños que sufrieron, los dos años de injusta prisión. Encina dijo: “El Estado”. Es cierto, el Estado pagará una suma seguramente cuantiosa por indemnización de daños y perjuicios a las dos verdaderas víctimas, por haberlas encerrado y maltratado injustamente durante dos años. El dinero saldrá del erario, de los presupuestos de la provincia de Buenos Aires y probablemente de la Nación. Recursos que se conforman con los impuestos que todos pagamos y que se sustraerán de los fondos que el Gobierno dispone para prestar el conjunto de servicios públicos. El estropicio cometido por el fiscal de primera instancia, por el juez llamado “de garantías” y por el tribunal de juicio, que aceptaron livianamente el impresentable sumario armado por una deficiente instrucción policial, no lo pagarán ellos, sino todos los ciudadanos a través del Estado. Así son las cosas normalmente en nuestro país. Los jueces son impunes de sus arbitrariedades. Son innumerables los juicios contra el Estado por hechos ilícitos e irresponsabilidades funcionales cometidos por sus agentes, policiales, penitenciarios y judiciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está repleta de demandas provenientes de la Argentina por casos similares a los de Marina y Ailén. Es cierto que nuestro derecho ya prevé la responsabilidad directa de todo funcionario público por los daños e ilícitos que pudiera cometer en su función, incluidos los jueces. Hay inclusive interesantes trabajos jurídicos al respecto, por ejemplo el de Guido Santiago Tawil: “La responsabilidad del Estado y de los magistrados y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la administración de justicia” (Depalma, 1993). Pero ese trabajo es tan desconocido en el fuero como algún caso que se recuerde de algún magistrado al que se lo haya hecho alguna vez responsable por algún daño ocasionado con su mal funcionamiento.

Cualquier reforma que apunte a democratizar el Poder Judicial y la administración de justicia debe prever, como uno de sus necesarios capítulos, incorporar mecanismos eficaces para que la responsabilidad directa de fiscales y magistrados derivada de sus malas praxis sea una realidad tangible, demostrativa de que esos funcionarios son iguales a cualquier otro funcionario del Estado y no miembros de alguna nobleza medieval, o de una corporación intocable con derecho a producir daños impunemente. Cuando esto sea así, no tengo dudas de que las decisiones judiciales comenzarán a ser mucho más serias, cuidadosas y por lo tanto democráticas.

Joaquin Morales Sola- Operador Politico de las Coorporaciones, ahora escriba de la Coorporacion Judicial.

El plan del Gobierno para cambiar la Corte

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, tiene en su vida una misión más importante que excitar a la opinión pública contra el prestigio de la Corte Suprema de Justicia. Su misión última es promover un cambio en la integración del máximo tribunal de Justicia del país. Si triunfara, una mayoría cristinista se haría cargo de la única institución que está en condiciones de frenar el proyecto oficial de ir por todo. La nueva instalación de la imagen de una presidenta buena, obligada por el pacífico clima social que creó la elección del papa Francisco, deberá contrastarse con los hechos. Las palabras sin hechos podrían convertirse en una vana retórica electoral. Cristina no es nueva en la política; ya hizo varias campañas electorales con amables discursos que enterró tras la victoria.

La propia Gils Carbó y el juez de Casación Alejandro Slokar, también muy cercano al cristinismo, son los candidatos a ocupar eventuales poltronas en la Corte Suprema. ¿Cómo llegarían? El secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, el poderoso Carlos Zannini, ha diagramado una estrategia que ya habría sido aprobada por la Presidenta. El Gobierno tiene un primer obstáculo insalvable: la destitución de la Corte sólo podría ser aprobada mediante juicio político, por los dos tercios de los votos del Congreso. Nunca tendrá esa mayoría para echar a los jueces supremos del país.

La Corte cuenta actualmente con siete miembros, pero una ley promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner fijó su número definitivo en cinco. Es decir, deberían irse tres de los actuales jueces para que en la Corte hubiera una primera vacante. Gils Carbó, de frecuente trato con Zannini, presiona públicamente diciendo que los jueces deberían tener un límite en la permanencia de sus cargos.

Está mencionando, sin nombrarlos, a los jueces Carlos Fayt y Enrique Petracchi. Ambos han superado el límite de los 75 años de edad que establece la Constitución Nacional de 1994 para los jueces de la Corte.

Fayt y Petracchi fueron designados en 1983, antes de la reforma del 94, y la Justicia entendió, en el caso de Fayt, que no están comprendidos por una reforma posterior a sus designaciones. Fayt tiene un juicio terminado en ese sentido; Petracchi está protegido por una medida cautelar de primera instancia.

En los más altos niveles de la Justicia se espera una brutal ofensiva cristinista contra esos jueces luego de las elecciones de octubre. La propia Cristina Kirchner ha mencionado varias veces, y no de la mejor forma, a la jueza Carmen Argibay, la más distante del Gobierno. La siempre servicial Hebe de Bonafini se sumó para descalificar a Argibay. Fue extraño: prometió ventilar los antecedentes de todos los jueces de la Corte y convocó a un acto frente al Palacio de Justicia. Habló sólo de Argibay y luego calló. No pudo decir más que prejuicios y generalidades sobre Argibay. La Presidenta no la quiere, es evidente, a la prestigiosa jueza. El oficialismo aspira a debilitar el espíritu de Argibay para promover su renuncia.

El momento fue especialmente cruel. Argibay se está recuperando muy bien de una importante crisis de su salud. Una jueza independiente de todo y de todos, convencida de que el tribunal que integra es la garantía de un Estado democrático, podrá tener su cuerpo debilitado, pero nunca su espíritu. El Gobierno la golpea cuando advierte que está frágil de salud.

Gils Carbó podría ingresar en la Corte, así las cosas, si el Gobierno lograra la renuncia de esos tres jueces. El Gobierno ya tiene en el tribunal a Eugenio Zaffaroni, un juez cada vez más convencido de la beatífica revelación del cristinismo. Los tres jueces independientes que permanecerían (¿permanecerían?) serían Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Higthon de Nolasco. El oficialismo quedaría sólo a un voto de la mayoría propia en la Corte. Una renuncia más sería ya un objetivo muy fácil de alcanzar. La mayoría de la Corte sería, en tal caso, definitivamente cristinista.

De todos modos, tanto Argibay como Zaffaroni cumplirán en 2014 los 75 años. La renuncia será para ellos un deber constitucional, porque fueron designados durante la vigencia de la nueva Constitución. Nadie descarta que Cristina le reclame en su momento al Senado un nuevo acuerdo para Zaffaroni, que es el procedimiento que corresponde. O que nombre a otro cristinista en su lugar. Nunca le hará ninguna concesión a Argibay. Por eso es importante para el plan conseguir las renuncias de Fayt y de Petracchi, que hasta ahora han dado por no recibidas las presiones.
Una de las banderas más agitadas por Gils Carbó consiste en proclamar la necesidad de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, del que ahora están exceptuados. La jefa de los fiscales lo dice de tal forma que parece que son sólo los jueces de la Corte los que no pagan impuestos. Ataca el prestigio de la Corte con un discurso parcial y arbitrario.

La acordada de la vieja Corte menemista eximió del pago de impuestos a todos los jueces, de todas las instancias, pero también a los funcionarios y empleados de carrera del Poder Judicial nacional. Ese es el brete en el que se encuentra ahora la Corte: ¿cómo hacer para rebanarles casi el 35 por ciento del salario a jueces, funcionarios y empleados sin paralizar el Poder Judicial?
La negociación es casi imposible. Una propuesta que se está analizando ahora consiste en que el aumento salarial de este año se destine al pago del voraz Impuesto a las Ganancias. Entre aumento e inflación, le sacarán al personal judicial entre el 40 y el 50 por ciento de su capacidad adquisitiva, reconoció un importante funcionario judicial. La negociación camina lentamente. La Corte rechaza cualquier alternativa que signifique el riesgo de una parálisis de la Justicia por la sublevación de sus empleados.

Gils Carbó denuncia y no se denuncia. Su oficina, la Procuraduría General, no está contemplada por aquella acordada. La Procuraduría es autónoma del Poder Judicial según la Constitución del 94. La procuradora ya está en condiciones de ordenarles a los fiscales el pago del Impuesto a las Ganancias, pero no lo ha hecho. Ricardo Echegaray podría pedirles también el pago retroactivo de ese impuesto desde 1994. Sería una injusticia con los fiscales, pero podría hacerlo para darle credibilidad a su condición de implacable. Tampoco lo ha hecho.

En el fácil discurso del oficialismo, infalible cuando se trata de descalificar, pareciera que sólo los siete jueces de la Corte no pagan impuestos. No se refiere nunca a la complejidad ni a la historia del problema. Gils Carbó ventiló airadamente que le pidió a la Corte que dejara sin efecto la eximición, pero ella hizo muy poco. No se incluyó, en primer lugar, y, además, sólo un subsecretario administrativo le envió una nota a un secretario de la Corte con el reclamo de poner fin al privilegio. Así comenzó todo. Con esas pocas maderas hizo un incendio.

No es la única contradicción de Gils Carbó. Ha hecho un escándalo de la necesidad de transparencia para los viajes de los magistrados. Tiene razón teóricamente, pero fuentes judiciales irreprochables aseguraron que la fiscal realizó siete viajes a España pagados por la organización Ausbanc. Se trata de una organización privada española de ayuda a los usuarios de bancos. Sin embargo, es una entidad polémica, que pasó por una investigación judicial por difundir publicidad y no sólo información en sus boletines.
Aquella investigación tuvo a Ausbanc varios años bajo la sospecha pública y judicial. Según el diario español El País, la entidad conseguía publicidad mediante presiones a los bancos y las cajas de ahorro. Defender a los consumidores puede ser un negocio muy lucrativo, escribió el diario sobre su presidente, Luis Pineda, un leal amigo de Gils Carbó. La jefa de los fiscales argentinos sigue formando parte de Ausbanc.

El gobierno nacional le ha hecho también algunos favores a Gils Carbó. Promotora del movimiento Justicia Legítima, numerosos jueces asistieron a su primer seminario presionados por el viceministro de Justicia, el camporista Julián Álvarez. ¿Cómo fue la presión? De un total de 700 jueces nacionales, muchos de ellos están denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Unos 200 están concursando para ascender en sus carreras. La mayoría tiene algún grado de dependencia del Poder Ejecutivo, a través del Consejo de la Magistratura.

No obstante, aseguran fuentes judiciales, el grupo se ha debilitado en los últimos días. Varios jueces retiraron su firma solidaria del primer momento y casi todos dejaron de ir a las reuniones de Justicia Legítima. Ya quedan muy pocos, que no son representativos, agrupados en torno del liderazgo de Gils Carbó.
El último episodio que tuvo como protagonista indirecta a Gils Carbó sucedió el jueves pasado en el Consejo de la Magistratura. La historia comenzó el jueves 14 de marzo, cuando el influyente Axel Kiciloff se presentó en el Consejo (decía tener el aval de Gils Carbó) y presentó un candidato, el camporista Juan Massolo, para manejar los recursos de esa institución. Es decir, gran parte del dinero del Poder Judicial. El miércoles pasado, el viceministro Álvarez fue al Consejo y pidió la renuncia de todos los secretarios administrativos.

Fue una grosera intromisión: el Consejo es independiente del Poder Ejecutivo. Un día después, una mayoría integrada hasta con jueces que antes votaban con el oficialismo hundió la maniobra del Gils Carbó y del camporismo. Designó en lugar de Massolo al ingeniero Juan Cubría, hijo de la jueza María Servini de Cubría. Una derrota de Gils Carbó.

Pero la fiscal más importante del país no está sola ni su misión es módica. Detrás de ella está la decisión política de Cristina Kirchner de tumbar a la Corte y fulminar el único límite objetivo de su vasto, inmenso poder..

domingo, 24 de marzo de 2013

Fuerte reclamo a la Justicia en el aniversario del golpe de 1976


Los manifestantes pidieron que se juzgue y condene a todos

 los responsables de las desapariciones en la última 

dictadura militar. La izquierda y los K marcharon por 

separado a Plaza de Mayo.


DIARIO CLARIN
Militantes se movilizan a Plaza de Mayo por el golpe de Estado de 1976. (DyN)

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24/03/13 - 18:43
Las fotografías de las víctimas de la dictadura encabezan hoy los principales actos y manifestaciones con los que, a lo largo de todo el país, los argentinos recuerdan a los desaparecidos durante 37° aniversario del golpe de Estado de 1976.
Convocadas por organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, una multitud de marchas se realizan en las plazas de las principales ciudades del país, en especial, en Plaza de Mayo donde hubo un fuerte reclamo de Justicia en este nuevo aniversario.
Hasta allí, llegaron -tras una semana cargada de acusaciones y reclamos- los partidos de izquierda y el kirchnerismo que marcharon por separado. Los organismos de derechos humanos también están divididos, de acuerdo a su posición con respecto al Gobierno.
Durante los últimos días, desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia -que reúne al PTS, MST en Proyecto Sur, PO, MAS e integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos- denunciaron que la agrupación kirchnerista Unidos y Organizados quería evitar que pudieran llegar a la Plaza.
Pasado el mediodía, manifestantes de agrupaciones de izquierda se habían congregado en la plaza del Obelisco para marchar hasta la Plaza de Mayo, donde se realizan los actos por el aniversario.
Algo más de 200 personas se ubicaron en la Plaza de la República con pancartas con la imagen del guerrillero Ernesto "Che" Guevara y con proclamas a favor del aborto.
En tanto, las agrupaciones kirchneristas que se concentraron para marchar por el acto en repudio al golpe ocuparon unas cinco cuadras a lo largo de la avenida de Mayo.
La columna, una de las más numerosas de la manifestación, estaba integrada por militantes de La Cámpora, el organismo creado por Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta, del Movimiento Evita y Kolina, el grupo que impulsa la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
También agrupaciones sindicales, con ruidosos bombos y bocinas, marcharon desde el barrio de San Cristóbal hacia la Plaza. Desde la esquina de las avenidas Belgrano y Julio A. Roca, los manifestantes del SMATA, los maquinistas de la Fraternidad y de la Juventud Sindical integraron las primeras columnas de la movilización.
Más temprano, Cristina Kirchner prefirió recordar a las víctimas de la dictadura pero no de manera formal. A través de su cuenta en la red social Twitter, pidió "seguir luchando por conseguir la igualdad".
"Seguir luchando por más igualdad, por los que menos tienen, para estar siempre junto a ellos. Ese es el mandato de los 30.000 desaparecidos", dijo.
La mandataria rindió también ayer un homenaje a los familiares de los desaparecidos en un vídeo colgado en el canal que la Casa Rosada tiene en YouTube, y protagonizado por la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Precisamente, Carlotto fue una de las oradoras del acto organizado en Plaza de Mayo donde los manifestantes hicieron un fuerte reclamo de Justicia y volvieron a pedir que se juzgue y condene a todos los responsables de las desapariciones y robo de bebés durante la útima dictadura "cívico-militar" como destacaron reiteradamente. La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo hizo un repaso de las empresas y entidades que -según dijo- fueron cómplices de la dictadura. Y pidió "a la corporación judicial" que condene a los culpables.
Carlotto volvió a pedir "cárcel común y perpetua para todos los genocidas" y que se restituya la identidad a los hijos de desaparecidos que fueron apropiados durante aquellos años.
Por su parte, las Madres de Plaza de Mayo, que a lo largo del día, y desde una unidad móvil en la calle, emitió una programación especial con la participación periodistas, políticos, músicos y escritores.
En la ciudad de Córdoba, la agrupación Hijos celebró los "avances en materia de memoria, verdad y justicia" 37 años después del golpe de Estado.
"Gracias a un pueblo que se negó a olvidar y a la voluntad política de un gobierno que, desde el 2003, hizo de esta lucha una política de Estado, hoy podemos afrontar en Córdoba el quinto juicio por delitos de lesa humanidad", subrayó la asociación en un comunicado.
La Justicia argentina tiene abiertos 12 juicios orales por delitos de lesa humanidad en las provincias de San Juan, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Chubut, Córdoba y en la Capital Federal.
La historia de las víctimas de muchos de los represores que hoy se juzga se revive hoy también en forma de documentales como el que se proyecta en el Espacio para la Memoria, situado en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
También en Mendoza, se estrenó "Cuadro 33", que refleja los trabajos realizados en el cementerio de esa ciudad en busca de cadáveres conocidos como "NN", las víctimas de la dictadura aún no identificadas.
Por otra parte, funcionarios, gobernadores, legisladores y dirigentes del oficialismo y la oposición expresaron su rechazo al golpe de Estado y destacaron el período democrático de los últimos 30 años.

La marcha del 24 de marzo contará este año con una columna integrada por jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial



A 37 años del golpe, una multitud reclamará democratizar la justicia

Los organismos de Derechos Humanos se plegaron a la consigna de un sector judicial y el gobierno. Plantearán terminar con las conductas corporativas y que ese poder del Estado acompañe los cambios que se produjeron en la sociedad.





En coincidencia con los reclamos dentro del Poder Judicial y desde el gobierno nacional, los organismos de Derechos Humanos marcharán esta tarde con un pedido explícito para la magistratura: la necesidad de democratizar la justicia y terminar con las conductas corporativas. Este año, al cumplirse el 37º aniversario del golpe de Estado cívico-militar, los organismos, los partidos políticos y las organizaciones sociales estarán acompañados por fiscales, jueces y defensores que integran el movimiento por una "Justicia Legítima", quienes se movilizarán de manera orgánica a la Plaza de Mayo. 

La convocatoria es a partir de las 14 en el cruce de la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, donde concentrarán Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia y la agrupación H.I.J.O.S. 
 
Los organismos llevarán la bandera con las fotos de los detenidos desaparecidos hasta la Plaza de Mayo y se movilizarán bajo la consigna "Por una Justicia Democrática. Basta de Corporación Judicial" junto a organizaciones sociales, políticas, gremiales y culturales.
 
 "Lo que se está discutiendo en estos últimos tiempos es que la justicia tiene que acompañar los tiempos y los procesos de cambio que logró la sociedad. Por eso se habla de corporación judicial, por la relación que mantuvo buena parte de la justicia con la dictadura y que hoy, junto a  otros poderes, no acompaña los deseos del pueblo", manifestó el nieto restituido Manuel Gonçalves, quien integra la comisión directiva de Abuelas. 
 
Para Horacio Pietragalla, diputado y nieto restituido, "la sentencia de Marita Verón marcó a toda la sociedad y eso impulsó también a que la presidenta lleve adelante una propuesta para la democratización de la justicia", y aseguró: "Los organismos nos sentimos parte de ese avance y creemos que la democracia necesita una justicia a la altura." 
 
La integrante de HIJOS, Giselle Tepper, señaló que tomaron el reclamo por una justicia democrática para debatir "qué tipo de justicia quiere la sociedad".  "Lo que planteamos es que debe representar al pueblo. Creemos que el Poder Judicial tiene una práctica corporativa, siempre en función de los mismos intereses, de los sectores más poderosos de la sociedad, por eso hay que ponerle pueblo al Poder Judicial. Quienes siguen desde la dictadura no pueden continuar, se avanzó pero tenemos un montón de jueces agazapados que no deberían impartir justicia", explicó.
 
Como señala Tepper, uno de los puntos centrales del pedido para democratizar la justicia es que no haya magistrados cómplices de la última dictadura o que con su accionar en la actualidad intenten obstaculizar los debates por delitos de lesa humanidad. 
 
Gonçalves agrega que "el reclamo es para terminar con los resabios de esa vieja justicia y generar una mejor. Muchos de los jueces hoy se han formado durante los tiempos de la dictadura, creemos que con la transformación de los últimos años de la Argentina también se está formando una nueva justicia."  
 
Las reformas en la justicia son una demanda histórica de los organismos de Derechos Humanos, sólo que esta vez se da en un contexto en el que esa discusión está en plena ebullición, con los proyectos anunciados por el gobierno nacional y el surgimiento del movimiento integrado por fiscales, funcionarios, defensores, jueces y camaristas que piden un cambio en el Poder Judicial.
 
El movimiento Justicia Legítima marchará este 24 de marzo. Por primera vez habrá una columna integrada por funcionarios judiciales, quienes se han pronunciado públicamente a favor del pago de ganancias dentro del Poder Judicial y reformas en el Consejo de la Magistratura. La iniciativa surgió de la propia procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien planea asistir a la movilización, y ya confirmaron su asistencia el camarista de Casación Alejandro Slokar, Alicia Ruiz, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, los fiscales Félix Crous (Narcocriminalidad), Jorge Auat (Unidad Fiscal de Derechos Humanos), Abel Córdoba (Violencia Institucional) y la defensora pública María Fernanda López Puleio.
 
"Mantener viva la memoria del pasado es clave para superar cualquier forma de organización corporativa de prácticas autoritarias o de trágicas complicidades que no queremos que subsistan en el ámbito de la justicia", señaló la convocatoria realizada por el movimiento y aseguró que una justicia legítima "exige de cada uno de sus integrantes un compromiso democrático permanente con la defensa ineludible de los Derechos Humanos y del sistema de garantías".
 
Al igual que en años anteriores, además del pedido de democratización del Poder Judicial, se mantendrán los reclamos históricos de los organismos de Derechos Humanos. Uno de ellos es el de la persecución penal de los responsables civiles y de los poderes económicos que participaron del golpe y la dictadura.
 
Ese pedido fue el centro de la movilización del año pasado y en los últimos meses ya tuvo su correlato en la justicia, con el procesamiento por delitos de lesa humanidad del presidente de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y de su amigo, el fallecido ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. Este año también se logró la citación de declaración indagatoria de los directivos de la empresa Ford, acusados de haber impulsado el secuestro de delegados y trabajadores.
 
Ayer, el titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura, Pablo Vassel, destacó como un logro que la justicia "esté metiéndose con el poder económico", con vinculación en muchas desapariciones, y citó los casos de Blaquier, Amalia Lacroze de Fortabat, la fallecida dueña de Loma Negra, las automotrices Ford y Mercedez Benz, y el ex dueño de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, todos ellos investigados por la justicia por desapariciones en sus empresas. «
 
 
Otra movilización partirá desde el congreso
El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia encabezará la segunda marcha que comenzará a la 15:30 desde la Plaza de los Dos Congresos hasta la Plaza de Mayo. Este año el pedido central será "no a la impunidad de ayer y de hoy", con el foco puesto en las denuncias contra Gendarmería por realizar espionaje interno hacia organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos. 
En ese marco, las organizaciones que forman parte del espacio denunciaron "una maniobra provocativa" para "bloquear la realización del acto independiente del gobierno y acallar la denuncia de la impunidad de ayer y de hoy".
El reclamo tiene que ver con el horario de la marcha anterior, que partirá a las 14 y tiene previsto finalizar a las 19: "Esto implicaría directamente que la multitudinaria columna del EMVJ no pudiera entrar a la Plaza de Mayo, como lo viene haciendo consecutivamente desde hace ya 17 años", señalaron.
El diputado Horacio Pietragalla, miembro de Abuelas, explicó que la decisión del horario se tomó en febrero y fue anunciada al EMVJ. "En los años anteriores ellos marchaban antes y después nos entregaban la Plaza a cualquier hora, pero muchas Abuelas y Madres, por su avanzada edad, nos pidieron que este año no termine tan tarde", señaló el legislador. "Más allá del fantasma que ellos vieron, el horario se consensuó y no va a haber ningún tipo de problema, sino que es parte de un pedido de las Madres y Abuelas". 
 

24 de Marzo- HOMENAJE a LOS COLEGAS ABOGADOS DESAPARECIADOS



ABOGADOS DESAPARECIDOS
Los que abusan la justicia y pisotean la ley, también le tienen miedo. Y le tienen miedo a aquellos que clamando los derechos humanos y constitucionales, luchan por un estado de derecho. Entre los desaparecidos se encontraron decenas de abogados. Aquí homenajeamos a algunos de ellos.

entrando en este Link , y haciendo click sobre cada foto , la historia de compromiso  de cada uno de ellos.

 http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/abo.html


Abogados Desaparecidos- PRESENTES !!

ALAIS,Raul Hugo                       06-07-77   
ALEMAN,Martin Federico           08-03-78           
ALMENDRES,Carlos Alberto      04-10-76           
ALTAMIRA, Carlos Felipe          27-05-76    
ALVAREZ, Cesar Hector            17-03-77      
ANGELUCCI, Domingo              26-01-77  
ANTEBI, Cesar Alberto             23-07-76       
ANTOKOLETZ, Daniel Victor      10-11-76      
AOSTRI, Amado Vicente           10-09-76             
ARCHETTI, Hector                   24-09-80             
ARESTIN, Salvador Manuel       06-07-77      
AUAD, Abdala                        18-03-77         
AYALA, Vicente Victor            16-02-76       
BELTUZZI, Angel Enzo             20-05-76       
BERRETA, Graciela Alicia        28-12-76              
BERNARD,
Jose Pablo            07-03-76
BETTINI, Antonio Bautista        18-03-77               
BIGI MARQUEZ, Jorge Alberto  01-12-76     
BUSTOS, Maria Cristina Vda.Coronel  16-03-77
CALABRO, Elda Leonor           15-06-74              
CANDELORO, Jorge                06-07-77              
CARRILLO RODRIGUEZ, Fausto Augusto  16-08-76
CASARIEGO DE BEL, Juan Carlos   16-06-76      
CATALA, Alfredo Eduardo        08-05-77              
CONCETTI, Abel  22/5/77
COURTADE, Enrique Gaston   21-04-77        
CHORNI, Adolfo Ernesto         27-06-78                
CHUA, Antonio Jorge             07-10-77                 
DEL GESSO, Juan Domingo   26-03-76                 
DOLDAN,Graciela Maria de los Milagros  26-04-76 
ELENZVAIG, Luis Natalio       19-05-77                 
EPSTEIN, Monica Hortensia   23-12-76                 
ESPAÑA, Nestor Julio           27-11-76                  
EVEQUOZ FRAGA, Manuel Hugo   01-11-76        
FALCONE, Norma Raquel     22-07-78                 
FASSI, Roberto                   26-11-76              
FERNANDEZ, Monica Noemi   20-11-77               
FERNANDEZ BAÑOS, Hector Hugo   08-05-79      
FERNANDEZ BLANCO, Antonio    01-04-76          
FRESNEDA, Tomas Jose      06-07-77                  
GALLARDO, Rodolfo Gustavo   12-05-76     
GARAT, Eduardo Hector        13-04-78                 
GATTO, Carlos Oscar            29-04-76                 
GIORDANO CORTAZZO Hector Orlando  09-06-78
GOMEZ, Conrado Higinio      10-01-77                   
GONZALEZ VELARDE Juan Carlos   26-03-76      
GUTIERREZ, Rodolfo            06-02-78                   
HERIQUEZ, Hernan Jorge     04-05-77                    
HERNANDEZ, Mario Angel    11-05-76                     
HIDALGO SOLA, Hector       19-07-77                    
HOCHMAN, Abraham           17-08-78                    
HODOLA, Oscar Luis           12-05-77                     
ISRAEL, Teresa Alicia      08-03-77           
KNOBEL, Carlos                  12-11-76                     
LA BLUNDA, Pedro              00-03-76                     
LESCANO, Luis Alejandro    13-03-76                      
LOPEZ, Mirta Graciela         23-06-78                       
MALBERTI RISSO PATRON,Jorge Eduardo  27-03-76
MARTIN, Nestor            16-12-70
MEDINA,Daniel Reynaldo       15-10-76
MEDINA  ORTIZ, Gustavo Miguel           10-10-75
MIGUEL, Guillermo         23-11-77
MOLINA, Dardo Francisco   17-12-76
MONTESANO DE OGANDO Stella Maris    16-10-76
MOURIÑO GONZALEZ, Eusebio Jesus       06-11-76
NOE, Victor Jacobo        26-10-76
NORIEGA, Carlos       01-02-77
OCERIN , Carlos Abel      24-03-77
ORTIZ, Nelly Esther                     28-11-76
ORO, Alberto Marcelo   30-10-76
OSHIRO, Oscar           21-04-77
PALUDI, Osvaldo Cayetano                13-04-76
PAREJAS GALBIATI, Jose Alfredo          12-03-77
PATRIGNANI, Carlos Alberto              23-12-76
PEIRANO, Edith Mercedes    15-04-77
PELLEGRINI VITA, Carmen       27-05-77
PERETTI DE GALLARDO,Nora Graciela     12-05-76
PESCI, Eduardo           23-10-78
PODGAETZKY, Mario                14-10-76
PRATO, Amanda Virginia          12-02-78
QUIETO, Roberto           28-12-75
RATTI, Rodolfo Miguel Ernesto           23-02-77
REBORI, Jorge Luis      01-02-77
SAID, Elias           01-11-76
SAID, Jaime Eduardo         24-11-76
SANGIORGIO, Carlos Andres    24-08-76
SANJURJO, Eduardo Antonio               05-07-76
SANTUCHO,Manuela Elmina del Rosario  14-07-76
SAUR DE GALUPPO, Maria Graciela       21-09-76
SCHTEINGART DE TESTE,Maria Susana  12-11-76
SEMAN, Elias               16-08-78
SFORZA ,Juan Pedro                      05-09-77
SINIGAGLIA, Roberto Juan Carmelo        11-05-76
SOBEL, Hector Natalio            20-04-76
SOSA, Antonio                  16-07-77
SURRACO, Basilio Pablo    14-03-78
TABOADA DE DILLON,Marta Angelica      00-10-76
TESTE, Jorge Horacio     12-11-76
TURK, Jorge Ernesto    28-05-76
VACA NARVAJA, Hugo                10-03-76
VALERA, Baldomero Juan                  30-03-76
VALVERDE, Eduardo Jorge         24-03-76
VAN GELDEREN, Roberto Ricardo           31-05-77
VARGAS ALVAREZ,Jorge    12-06-76
VAZQUEZ DE GARCIA, Maria                13-07-77
VELLAS CEBALLOS, Horacio Ramiro     01-06-76
VENDRELL, Alberto Jorge                19-05-78
VERA, Ruben          19-08-78
VOCOUBER, Hugo Rogelio                  00-10-80
WEJERMAN DE GLAZ, Esther             16-01-77
YACUB CHERVIN, Mario Gerardo         01-11-76
YEDRO, Roberto Horacio                  13- 12-76
ZELAYA MAS, Jose Raul                   06-10-78

sábado, 23 de marzo de 2013

IGUALDAD ante LA LEY !!


Democratización de la Justicia

Compartimos el mensaje enviado por Encuentro de la Militancia Judicial, que conduce la Asociación Judicial Bonaerense en siete departamentales de la provincia:

La AJB es el único sindicato que representa a los trabajadores judiciales bonaerenses y cuenta con más de 10.000 afiliados. El Encuentro ha participado de las discusiones en la Biblioteca Nacional y apoyamos la democratización de la Justicia pero creemos que para ello es indispensable contar con el apoyo de los trabajadores judiciales. El próximo debate es el 31 de Mayo en La Plata. Estamos a su disposición, contamos con instalaciones y con el apoyo de la CTA Nacional conducida por Hugo Yasky y la CTA Pcia. de Bs. As., cuyo Secretario Adjunto, el compañero Daniel Perez Guillén es nuestro principal referente. Estas son nuestras propuestas y nos estamos viendo en la pelea por una Justicia Legítima.

Posted by 2012-09-06-tiempos-justicia


DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA
estatua-de-lady-justicia-en-frankfurt-alemania 

Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires sostenemos que para una verdadera democratización de la Justicia es necesario contemplar algunos puntos que creemos inexpugnables para que la misma se lleve a cabo y sea realmente efectiva. En consecuencia, como actores fundamentales del Poder Judicial, estamos dispuestos a dar el debate necesario con todos los sectores de la sociedad, simplemente porque estamos absolutamente convencidos de que solo el pueblo argentino puede ser el motor y el fiel garante de que la existencia de una Justicia verdadera y democrática. Por todo lo expuesto, estás son nuestras propuestas: 

 A) Sanción de la Ley Marco de Paritarias y Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores judiciales.
B) Sistema salarial unificado en todo el territorio nacional, bajo el precepto constitucional de a igual tarea igual salario.
C) Democratización del ingreso a los puestos de trabajo para los cargos administrativos, ordenanzas, maestranza, mantenimiento y peritos.
D) Abolición total de trabajo tercerizado, pasantes, contratos y meritorios; los cuales atentan contra el libre empleo y la igualdad de oportunidades para los hijos del pueblo.
E) Participación efectiva de la sociedad en la elección de los Magistrados y en su enjuiciamiento.
F) Prioridad de los compañeros judiciales de carrera, funcionarios o no, para la elección del cargo de Magistrado por encima del abogado, atento el conocimiento pleno que poseen los mismos sobre el quehacer diario.
G) Juicio por jurados, dando cumplimiento al precepto constitucional provincial que así lo dictamina, con plena transparencia de la elección de los jurados, llevando un registro sobre los requisitos que deben primar para ser elegido como miembro.
H) Impuestos a la ganancias. Incorporación de los magistrados al alcance tributario, atento a que nadie puede tener el privilegio de no pagar un impuestos de carácter nacional lo cual atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la ley.
I) Plena autonomía del Ministerio Publico Fiscal de los municipios. La figura del MPF es la figura del estado provincial o nacional, no así de los municipios en donde la dependencia económica (pago de alquileres de inmuebles, compra de mobiliarios, personal contratado por los municipios) atenta contra la verdadera independencia del Ministerio Publico Fiscal, de la investigación penal preparatoria y de la suerte que tendrá quien es investigado. Implementación de una verdadera Policía Judicial, autónoma, con capacidad y recursos para trabajar en forma eficiente.
J) Separación real y efectiva del Ministerio Publico de la Defensa del Ministerio Publico Fiscal. Verdadera independencia para investigar, para presentar habeas corpus, visitar las unidades carcelarias y peticionar sin ser presionados ni cuestionados al respecto, dotándolas de todos los recursos necesarios para dicha autonomía.
K) Revisión total del Sistema Penitenciario Federal y el de todas las provincias. Rediseño de todo el sistema carcelario, con políticas educativas e inclusivas para todo aquel que este privado de su libertad con condena firme. Ningún detenido sin condena firme puede estar alojado en las cárceles del país.
L) Mayor presupuesto para el Poder Judicial. Para llevar adelante las reformas mencionadas es necesario contemplar el mantenimiento y el refaccionamiento de los edificios y oficinas en toda la provincia, además de la incorporación de personal e insumos para el pleno funcionamiento.
M) Inversión desde el Poder Ejecutivo Nacional, provincial y locales para contemplar centros de rehabilitación, contención, asistencia y seguimiento de aquellos casos que se desprenden de los fueros de niñez y de familia, entre otros.
N) Celeridad. Debate profundo al respecto, en relación a los Códigos de fondo y Códigos de procedimientos y leyes, evitando el abuso sistemático de medidas que entorpecen y aletargan cualquier procedimiento judicial, desnaturalizando así el espíritu por el cual fueron creadas.
Ñ) Que el Poder Judicial, con la Corte Suprema al frente, se transforme en la plena garantía para la vigencia de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos, de cara al pueblo y nunca mas de espaldas a el.

La Plata, 22 de Febrero de 2013
Encuentro de la Militancia Judicial
CTA Provincia de Buenos Aires

Democrática y legítima


OPINION Por Carlos Gonella *


En la audiencia celebrada ayer en el juicio donde se investigan las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en el campo de concentración La Perla, de Córdoba, la testigo Nidia Teresita Piazza, a través de un testimonio francamente desgarrador, hizo referencias a ciertas actitudes de algunos magistrados y funcionarios judiciales –no en tiempos de la dictadura cívico militar, sino en los años posteriores– que nos llevan a reflexionar a quienes ocupamos un lugar dentro del sistema judicial. 

El panorama actual en este ámbito se encuentra atravesado por un intenso debate sobre diversos temas que permanecieron encorsetados durante muchos años, siendo uno de ellos la necesidad de democratizarlo y legitimarlo. En este sentido, se ha generado una línea de discusión centrada en la existencia de muchos funcionarios que ingresaron durante la dictadura y se reciclaron en democracia. El problema no es la categoría en sí misma “judicial que ingresó durante la dictadura”, pues tal aseveración sería injusta para algunos, sino las actitudes que adoptaron otros durante y tras el régimen dictatorial. 

A través del colectivo “Justicia legítima”, muchos compañeros y compañeras judiciales intentamos vehiculizar la discusión de diferentes modos. Este espacio es uno de ellos. Por eso se me ocurrió recordar algunas líneas extraídas del terrible relato de Nidia Teresita Piazza para que continuemos la reflexión. Ella contó que en 1983, una vez que fue anulada la sentencia a 20 años de prisión que le impuso un consejo de guerra por asociación ilícita, tenencia de arma, encubrimiento y abandono de persona, fue puesta a disposición de la Justicia federal, en la que estuvo imputada en prisión preventiva hasta mayo de 1984, siendo absuelta en 1987. Fue muchas veces a declarar. El juez era Gustavo Becerra Ferrer y los secretarios, Luis Rueda y Raúl Sánchez Freytes. Ante Rueda declaró varias veces, siempre sin abogado defensor. Una vez le contó que en el Hospital Militar 141 se acercó Luciano Benjamín Menéndez y le dijo que se portara bien porque si no la iban a llevar de nuevo a los campos de concentración. La respuesta que recibió de Rueda fue: “Señora, eso complica las cosas”. En el año 1996 comenzó a trabajar sobre la problemática de los derechos humanos junto a los entonces legisladores de Córdoba Josefina Piana y Atilio Tazioli. A ellos les relató esos episodios en la Justicia. También contó que por esos días, en un programa de televisión conducido por el periodista Carlos Sagristani (actual jefe de Noticias de LV3), Rueda recordó que ella había sido juzgada por abandonar a su marido. Tomó eso como una represalia mediática por lo que les contó a los legisladores.

El Gringo Córdoba, esposo de Nidia Teresita Piazza, llegó agonizando al hogar el 10 de abril de 1977 con una herida de bala en la espalda. Le pidió que no buscara ningún médico ni lo llevara a un hospital porque seguro lo irían a secuestrar. Lo enterraron en el patio de la casa de un amigo. Con mucha emoción, pero sin quebrarse, explicó que tomó esa decisión para que no muriera en manos de sus asesinos. Que quería que pasara sus últimos minutos abrazado a ella y rodeado de amor. A la semana, mientras iba a hacerse un chequeo por su embarazo de tres meses, fue secuestrada por una patota que la llevó a La Perla, donde la torturaron, incluso en el vientre. De allí pasó a otro campo de concentración conocido como La Ribera; luego pasó a la cárcel. En octubre tuvo su tercera hija en la maternidad provincial esposada a la cama.

Luis Roberto Rueda es el actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. No es la primera vez que un testigo en los juicios de derechos humanos lo menciona como parte del sistema judicial oprobioso. La semana pasada, el otro fiscal federal que actúa en el juicio de La Perla, Facundo Trotta, solicitó se investigue tanto a Rueda como al ex juez Gustavo Becerra Ferrer (ya jubilado) a raíz de los dichos de la testigo María Patricia Astelarra, quien indicó que esos funcionarios amenazaban a los testigos-víctimas y que actuaban en connivencia con la “patota” de Luciano Benjamín Menéndez, en referencia al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, que es uno de los imputados del juicio. Durante el juicio celebrado en el 2010 por la masacre alevosa de los presos políticos del Establecimiento Penitenciario N° 1 de Cordoba (UP1), Carlos Alfredo Yanicelli, uno de los acusados perteneciente al Departamento de Informaciones D-2 de la policía de Córdoba, involucró a Rueda al ubicarlo dentro del aparato de inteligencia de la dictadura. Por esos mecanismos de autoprotección que mantiene el sistema, la acusación quedó en la nada.

* Fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Procuración General de la Nación. Coadyuvante en causas por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura cívico-militar en Córdoba.

JUSTICIA LEGITIMA , MARCHA este 24 de Marzo !!

Este domingo 24 de marzo, con motivo de otro aniversario del golpe de estado, se llevará a cabo la tradicional convocatoria de plurales sectores a la Plaza de Mayo. Este año se reúne bajo la consigna “Por una justicia democrática: ¡Basta de Corporación Judicial!”.

Nos encontraremos todos en Piedras y Av. de Mayo, a las 14:00 hs.

"JUSTICIA LEGITIMA”

miércoles, 20 de marzo de 2013

Zaffaroni se manifestó “entusiasta” sobre la democratización de la Justicia propuesta por la Presidenta

 
 
Zafaroni - fuente: telam
El juez de la Corte Suprema de Justicia aseguró que “hay que tomar en serio” el pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para democratizar la Justicia.
En declaraciones formuladas al llegar a Santa Rosa, Eugenio Zaffaroni se manifestó “entusiasta” con el pedido de la Presidenta sobre la necesidad de “democratizar la justicia”, y remarcó que a este pedido “hay que tomarlo en serio”.

Recordó en este sentido que él escribió un libro “donde se demandaba la necesidad de democratizar la justicia y ver cómo se estructura un poder político en un sistema de derecho”.
“Hay varios modelos en el mundo, me parece interesante el debate sobre este tema que, insisto, es para tomarlo en serio, pero aún hoy no hay ningún proyecto sobre este tema”, acotó.
“No se está planteando que los jueces se elijan entre ellos.La elección popular de los jueces sería un disparate y eso no es lo que la presidenta dijo. Será sí la elección del Consejo de la Magistratura”, agregó.

Respecto al pago del impuesto a las ganancias de parte de los jueces, se mostró a favor: “Siempre he sostenido que los jueces tenemos que pagar ese impuesto. El problema es que esto se origina hace 80 años, en una jurisprudencia de la Corte Suprema que siguió una jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana que sostenía que el salario de los jueces era intangible y por eso no tenían que tributar rentas”.
“En Argentina hubo una acordada de la Corte que seguía el criterio de que no había que pagar y este es un tema que lamentablemente no se ha resuelto, de manera que hay que encontrar la forma, ver la negociación y como se resuelve para que en un tiempo se normalice”, agregó.