En la audiencia celebrada ayer en el juicio donde se investigan las
violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en el
campo de concentración La Perla, de Córdoba, la testigo Nidia Teresita
Piazza, a través de un testimonio francamente desgarrador, hizo
referencias a ciertas actitudes de algunos magistrados y funcionarios
judiciales –no en tiempos de la dictadura cívico militar, sino en los
años posteriores– que nos llevan a reflexionar a quienes ocupamos un
lugar dentro del sistema judicial.
El panorama actual en este ámbito se
encuentra atravesado por un intenso debate sobre diversos temas que
permanecieron encorsetados durante muchos años, siendo uno de ellos la
necesidad de democratizarlo y legitimarlo. En este sentido, se ha
generado una línea de discusión centrada en la existencia de muchos
funcionarios que ingresaron durante la dictadura y se reciclaron en
democracia. El problema no es la categoría en sí misma “judicial que
ingresó durante la dictadura”, pues tal aseveración sería injusta para
algunos, sino las actitudes que adoptaron otros durante y tras el
régimen dictatorial.
A través del colectivo “Justicia legítima”, muchos
compañeros y compañeras judiciales intentamos vehiculizar la discusión
de diferentes modos. Este espacio es uno de ellos. Por eso se me ocurrió
recordar algunas líneas extraídas del terrible relato de Nidia Teresita
Piazza para que continuemos la reflexión. Ella contó que en 1983, una
vez que fue anulada la sentencia a 20 años de prisión que le impuso un
consejo de guerra por asociación ilícita, tenencia de arma,
encubrimiento y abandono de persona, fue puesta a disposición de la
Justicia federal, en la que estuvo imputada en prisión preventiva hasta
mayo de 1984, siendo absuelta en 1987. Fue muchas veces a declarar. El
juez era Gustavo Becerra Ferrer y los secretarios, Luis Rueda y Raúl
Sánchez Freytes. Ante Rueda declaró varias veces, siempre sin abogado
defensor. Una vez le contó que en el Hospital Militar 141 se acercó
Luciano Benjamín Menéndez y le dijo que se portara bien porque si no la
iban a llevar de nuevo a los campos de concentración. La respuesta que
recibió de Rueda fue: “Señora, eso complica las cosas”. En el año 1996
comenzó a trabajar sobre la problemática de los derechos humanos junto a
los entonces legisladores de Córdoba Josefina Piana y Atilio Tazioli. A
ellos les relató esos episodios en la Justicia. También contó que por
esos días, en un programa de televisión conducido por el periodista
Carlos Sagristani (actual jefe de Noticias de LV3), Rueda recordó que
ella había sido juzgada por abandonar a su marido. Tomó eso como una
represalia mediática por lo que les contó a los legisladores.
El Gringo Córdoba, esposo de Nidia Teresita Piazza, llegó agonizando
al hogar el 10 de abril de 1977 con una herida de bala en la espalda.
Le pidió que no buscara ningún médico ni lo llevara a un hospital porque
seguro lo irían a secuestrar. Lo enterraron en el patio de la casa de
un amigo. Con mucha emoción, pero sin quebrarse, explicó que tomó esa
decisión para que no muriera en manos de sus asesinos. Que quería que
pasara sus últimos minutos abrazado a ella y rodeado de amor. A la
semana, mientras iba a hacerse un chequeo por su embarazo de tres meses,
fue secuestrada por una patota que la llevó a La Perla, donde la
torturaron, incluso en el vientre. De allí pasó a otro campo de
concentración conocido como La Ribera; luego pasó a la cárcel. En
octubre tuvo su tercera hija en la maternidad provincial esposada a la
cama.
Luis Roberto Rueda es el actual presidente de la Cámara Federal de
Apelaciones de Córdoba. No es la primera vez que un testigo en los
juicios de derechos humanos lo menciona como parte del sistema judicial
oprobioso. La semana pasada, el otro fiscal federal que actúa en el
juicio de La Perla, Facundo Trotta, solicitó se investigue tanto a Rueda
como al ex juez Gustavo Becerra Ferrer (ya jubilado) a raíz de los
dichos de la testigo María Patricia Astelarra, quien indicó que esos
funcionarios amenazaban a los testigos-víctimas y que actuaban en
connivencia con la “patota” de Luciano Benjamín Menéndez, en referencia
al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, que es uno de los imputados
del juicio. Durante el juicio celebrado en el 2010 por la masacre
alevosa de los presos políticos del Establecimiento Penitenciario N° 1
de Cordoba (UP1), Carlos Alfredo Yanicelli, uno de los acusados
perteneciente al Departamento de Informaciones D-2 de la policía de
Córdoba, involucró a Rueda al ubicarlo dentro del aparato de
inteligencia de la dictadura. Por esos mecanismos de autoprotección que
mantiene el sistema, la acusación quedó en la nada.
* Fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos de la Procuración General de la Nación. Coadyuvante en
causas por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura cívico-militar
en Córdoba.
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