La democratización de Poder Judicial

Por Amílcar Aguirre

Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia

Hoy está en el centro de todas las discusiones la afirmación que se debe “democratizar la justicia”. Sinceramente creo que esto es erróneo, no hay que hablar de “La Justicia” ya que este es un valor, un bien en si mismo, al que años de práctica forense y judicial, han mutado al Poder Judicial en un sinónimo de justicia. Y la verdad es que no es así. El poder judicial está integrado por hombres y mujeres, y el valor Justicia es mucho más, quizás mutable, cambiante de una sociedad a otra en algunos aspectos, pero que no puede ser confundida con quién ejerce la función de impartir justicia.

Cuando hablamos de democratizar al Poder Judicial, quizás todos entendemos diferente lo que esto significa. Algunos entienden que tenemos que elegir a los jueces; que su mandato o designación dure sólo un tiempo determinado y luego deban ser nombrados nuevamente; que los procedimientos sean más humanos, más entendibles, más justos, más cercanos al ciudadano.

Creo que el concepto disparador de la democratización del Poder Judicial implica todo esto, y muchísimo más. Implica lo que la sociedad está reclamando hace mucho tiempo, que haya una justicia, que aplique la ley sin importar a quién lo hace, y que la ley está para ser respetada a rajatabla, a pié juntillas, y que esto no sea una mera ilusión o discurso.

 En artículos anteriores, opinaba de la necesidad de un respeto total a la ley, y también cual es la importancia de elegir a los mejores jueces, los más capaces e independientes, los más notables, los más justos. El por qué la sociedad necesita para crecer y desarrollarse, reglas claras de comportamiento, y también de sanción, pero aplicadas, no flotando en la letra luego transformada en letra muerta, y que muchas veces los abogados no podemos explicar claramente a quienes nos preguntan por tal o cual decisión. Y esto es porque realmente son inexplicables.

El Dr. Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamó a los jueces que se comprometan en la solución de los conflictos, que no intenten imponer sus convicciones, porque en realidad lo que deben hacer es hacer respetar el núcleo de coincidencias básicas de la sociedad, como pacto social, y del núcleo constitucional de derechos inalienables, estos aún en contra de lo que pueda opinar la mayoría. En un discurso muy comprometido con cambiar el sistema judicial del país, reclamó que exista un verdadero acceso a la justicia, del juez cerca del ciudadano, al que se pueda plantear un problema y se lo resuelva, pacificando así la sociedad. Afirmó que los juicios deben ser cortos, que la justicia debe expedirse, dando certeza a los ciudadanos.

Por otro lado, la Procuradora General de la Nación, Dra. Gils Carbó, también cargó duro respecto del rol del Poder Judicial, atacando los procedimientos, la duración de las causas entre otros conceptos, donde seguramente propiciará la modificación de procedimientos para la implementación definitiva del principio de investigación por parte de los acusadores públicos y no por parte de los jueces de instrucción, tal lo que acontece en el fuero federal. 

Este y otros cambios entiendo que se esperan en corto plazo, buscando juicios más cortos, con sentencias que reflejen en la sociedad la existencia de la Ley.

A su vez, la Presidenta de la Nación, en su discurso planteó iniciativas para democratizar al Poder Judicial, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los Jueces, tal como lo hace cualquier ciudadano, y la transparencia de las declaraciones juradas de bienes de todos los integrantes de todos los poderes del Estado. Se propiciará la implementación de publicidad de las causas en trámite y la duración de los procesos, para que no haya suspicacias sobre una causa que tramita rápido, mientras otras “duermen un sueño casi eterno” en Tribunales. Estas y otras iniciativas también buscan claramente la implementación clara de cambios necesarios en el Poder Judicial, transparentando su funcionamiento y la actuación de sus integrantes. 

Creo que todo esto es acertado, y todos tienen razón.

La sociedad entiende que hoy día el Poder Judicial no brinda las respuestas que ésta reclama, en el tiempo que lo pide, es decir en un plazo razonable.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución, establece como Garantía Judicial, el derecho de todas las personas a tener una sentencia definitiva en un plazo razonable, no sólo en el ámbito penal, sino también en todos los demás en los que se tenga necesidad de contar con una sentencia judicial. Esto se debe cumplir, y depende del mismo Poder Judicial, junto con los restantes poderes, que sea cumplido y se encuentre al alcance de todos los ciudadanos y habitantes del país.

Las leyes deben ser cumplidas, y los jueces deben así establecerlo en un tiempo razonable de duración de procesos; se debe respetar que exista un juez imparcial, con procedimientos transparentes y que aseguren el debido proceso a todos los justiciables.

Es un reclamo justo, democrático, y que debe ser respetado por los poderes del Estado.