Crearán una nueva asociación para desafiar a la corporación judicial
Durante las reuniones realizadas en la Biblioteca Nacional se trazaron las líneas sobre las que jueces, fiscales y funcionarios trabajarán hasta el 31 de mayo, cuando se realice un nuevo encuentro en La Plata. Las propuestas.
El segundo encuentro por una Justicia Legítima cerró
ayer con la promesa de profundizar un diverso temario de reformas
internas del Poder Judicial y con una fecha marcada en el calendario
para oficializar una nueva asociación dentro de la justicia. El 31 de
mayo, en la ciudad de La Plata, volverán a darse cita jueces, fiscales,
defensores y funcionarios judiciales que cuestionan las actuales
prácticas corporativas, y que congregaron en dos jornadas de discusión
en la Biblioteca Nacional, a alrededor de 2000 personas. No pudo
alcanzarse un acuerdo para la redacción de un documento final que
resumiera las conclusiones a las que arribaron, pero se definió bajo qué
ejes se plantearán propuestas para cambios concretos. También colaboró
en la prudencia la expectativa centrada en el mensaje presidencial de
hoy, que se espera que tenga a las reformas para democratizar la
justicia entre sus ejes.
"Hemos llegado a un momento de
inflexión, y a partir de ahora cada uno de nosotros debe interpelarse si
quiere hacer carne el cambio que anhelamos", señaló en el cierre la
defensora general, Stella Maris Martínez. "A partir de mañana, cada uno
de nosotros tiene que militar por estas conclusiones para que todos,
desde el Poder Judicial pero también desde la comunidad, exijamos una
justicia legítima. Hasta hoy algunos nos sentíamos muy solos y hoy
sabemos que ya no lo estamos", cerró la jefa de los defensores públicos.
La constitución como una nueva asociación –paralela a la Comisión
Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de
Cortes, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la
Magistratura–fue identificada como una de las primeras necesidades para
obtener una organicidad propia. Todas esas asociaciones fueron las
firmantes de un duro documento en el que denunciaban presiones del Poder
Ejecutivo, y que terminaron por disparar la reacción de un sector del
Poder Judicial que derivó en estas reuniones que comenzaron el
miércoles.
Desde las 14 de ayer, se reanudó la actividad en la Sala Jorge Luis Borges, a través de la realización de cuatro talleres de trabajo en los que se abordaron propuestas ante las problemáticas de "Independencia Judicial", "Gestión Democrática y Participación Ciudadana", "Mecanismos de Ingreso, Promoción y Disciplinarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos" y "Recursos, Política de Transparencia y Rendición de Cuentas".
Según confiaron varios de los participantes del encuentro a Tiempo Argentino, este último punto vinculado con el manejo presupuestario, hoy en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, fue identificado como uno de los puntos clave en los cuales se debía "intervenir" para logar una transparencia en el manejo de los fondos que administra el Poder Judicial. En la primera jornada el camarista de Casación, Alejandro Slokar había deslizado la crítica hacia sectores corporativos que "están sentados arriba del presupuesto".
De acuerdo a lo que confirmó el
fiscal federal Félix Crous, flamante titular de la Procuraduría de
Narcocriminalidad (PROCUNAR) que depende del Ministerio Público, también
se coincidió en la necesidad de "replicar" la discusión en todas las
provincias del país, con miras al próximo encuentro. "Nosotros no somos
un grupo disidente. Formamos todos parte del sistema de administración
de justicia, y estamos expresándonos", sostuvo Martínez a la prensa al
finalizar el encuentro. "Acá hay gente que le parece que hay que cambiar
las cosas en el Poder Judicial, y que se cambió mucho, se hicieron
cosas muy buenas, se avanzó, pero creemos que hay que avanzar un poco
más, y quizás en ciertos temas hacerlo más rápido", indicó.
Según las conclusiones finales, en los talleres, con nutrida participación tanto de integrantes del Poder Judicial como de académicos y estudiantes, se debatió la necesidad de una independencia tanto interna como externa. Para el primer caso se expuso un modelo similar al inglés de magistratura con mayor horizontalidad, que remplaza el sistema de jerarquías por uno de responsabilidades. Para el caso de la independencia de factores externos, se partió de un diagnóstico que marcó la influencia que tienen en el Poder Judicial los grupos de poder económicos, mediáticos, políticos y religiosos, entre otros. Esta diferenciación fue lo que marcó el punto de inflexión para que se visibilizara la crisis de representatividad de las organizaciones de magistrados que habían denunciado presiones del gobierno, en el marco del tratamiento de la Ley de Medios.
También, los asistentes discutieron acerca de la necesidad de generar mecanismos de participación ciudadana en la designación y destitución de jueces, lo que –de modificarse la actual integración del Consejo de la Magistratura- le daría a la representación popular un lugar entre los consejeros jueces, políticos y abogados. En el mismo sentido, otro de los talleres abordó la necesidad de implementar mecanismos para la rendición de exámenes de ingreso a la carrera judicial, y en ese contexto, abolir la precarización laboral en las dependencias del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos. Como a su vez, capacitar a todos los empleados en materia de derechos humanos, uno de los pilares que atravesó toda la convocatoria, que se inició a través de una solicitada a fines del año pasado.
Entre las reformas más puntuales, se destacó la posibilidad de "oralizar"el servicio de administración de justicia en todas las instancias y fueros, con el objetivo de aligerar tiempos y evitar los pasos burocráticos de los procesos. En el fuero penal, nuevamente fue retomada la idea del juicio por jurados, y se analizaron mecanismos posibles para su implementación, algo que los expertos señalan de difícil aplicación.
Sorpresivamente, uno de los temas que tuvo mayor desarrollo, al menos en los debates durante los talleres, fue la modificación de la exención impositiva que hoy permite que los magistrados no paguen el Impuesto a las Ganancias. El foco en torno a este asunto estará puesto tanto en el proyecto presentado en la Cámara de Diputados por el kirchnerismo, y en cualquier anuncio que pueda surgir hoy, durante el discurso de la Presidenta Cristina Fernández ante el Congreso.
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