Por Gabriel De Vedia ** Secretario de la Fiscalía 1 de Primera Instancia de la Seguridad
Social, magíster en Derecho de la Magistratura y Derecho Judicial.
Nuestro
país, en la última década, se ha beneficiado con cambios de paradigmas,
que le han devuelto mejor calidad de vida e instituciones más sólidas.
Sin embargo, esos cambios aún no se han materializado en el ámbito del
Poder Judicial. Esto agudiza la desarmonía con otros estamentos sociales
e institucionales.
En los últimos meses ha tomado fuerza la necesidad de democratizar
el Poder Judicial, es decir, de renovar el contenido y la cara del Poder
Judicial. Resulta importante, urgente e imperioso transitar el camino
de la renovación. Para no equivocarnos hay que comenzar por el cambio de
mentalidad en los servidores (para otros, “operadores”) del derecho.
Uno de los errores en el mundo de la abogacía es el desvío de la
finalidad de la función jurisdiccional. Es necesario tomar conciencia de
que este saber práctico debe estar al servicio de la comunidad y no de
unos pocos o de los poderes corporativos. El Poder Judicial no puede
escapar a la necesidad y urgencia de retomar la ruta adecuada para
servir al pueblo. Para ello hay que comprender que la función esencial
del Poder Judicial es administrar justicia. Esta es la manera que debe
servir a la comunidad, resolviendo conflictos de intereses con
independencia e imparcialidad y no aprovecharse de éstos para sus
propios intereses. Es muy probable que para modificar la mentalidad
tengan que cambiar sustancialmente quienes conducen y ejercen funciones
casi a perpetuidad en el Poder Judicial. Sólo luego de entender que hay
que apuntar hacia otra dirección se estará en condiciones de dar el
siguiente paso, que consistirá en modificar las estructuras antiguas y
obsoletas del Poder Judicial.
El esqueleto actual del Poder Judicial responde a una visión
monárquica, más que republicana y democrática. Así no se sirve al
pueblo, sino a quienes manejan el poder material de la sociedad. Si la
democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, ningún estamento
del Estado puede dejar de participar de las características que le
asisten. En ese temperamento, cabe pronunciarse por la necesidad de
democratizar el Poder Judicial.
Democratizar el Poder Judicial significa que el pueblo lo conduzca y
sea destinatario de la función. Esto implica que debe existir un fácil
acceso para todos a los espacios de toma de decisiones, en igualdad de
condiciones. La nueva cosmovisión que posee la sociedad exige una
introducción en el Poder Judicial, volviendo necesaria su modificación,
pues si se añade nuevo contenido a viejas y obsoletas estructuras se
terminará pudriendo.
En ese sentido, se sintetizan algunas propuestas para modificar las
estructuras del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el de la
Defensa de la Nación. Resaltando que este último y la Procuración
General de la Nación, desde la nueva gestión, están liderando el cambio
en nuestro país.
- Acceso para todos. Acceso irrestricto al PJN, MPF y MPD (ya
existe). La idea es democratizar el ingreso a los estamentos del mundo
de la Justicia, permitiendo que puedan ingresar todos los que así lo
deseen.
Terminar con la práctica conforme la cual para ingresar a trabajar en la Justicia hay que conocer a algún funcionario.
Declarar la caducidad de todos los nombramientos de jueces, fiscales
y defensores públicos federales y nacionales anteriores a la
materialización de los concursos previstos en la Constitución Nacional y
en las leyes pertinentes.
En virtud de ello deben ordenarse de manera urgente nuevos concursos.
El fundamento radica en la aplicación del instituto de “Inconstitucionalidad” sobreviniente.
- Cambios en los concursos
a) Concursos previos a la generación de vacantes: Se debe organizar
concursos con anterioridad a que se produzcan las vacantes. Esto
permitirá fijar un orden de mérito por fuero e instancia, sin tener que
esperar tres o cuatro años (promedio), para la elevación de la terna al
Ministerio de Justicia de la Nación. Resulta imperiosa la modificación
de la situación actual a fin de evitar la acefalía de las distintas
dependencias y la preocupación de la sociedad en acelerar el período de
nombramiento de magistrados. Se puede establecer concursos cada tres
años en todas las instancias, fueros, sin perjuicio de permitir añadir
antecedentes para ser evaluados en forma anual. Esto requerirá fijar por
primera vez concursos en el marco de este nuevo diseño. No obstante,
podrían tenerse en cuenta los concursos en trámite según las áreas
correspondiente.
b) Evaluación en los concursos de la idoneidad gerencial y ética
ciudadana: Hay que medir en los concursantes la idoneidad gerencial y
moral dentro de la evaluación de los antecedentes. Respecto de la
idoneidad gerencial, se debería explicar la presentación de un plan de
gestión. En orden a la idoneidad de ética ciudadana, habría que arbitrar
los medios para evaluar el compromiso de los concursantes con la
República y los valores ético-morales.
- Implementación de un sistema de control de gestión con
participación ciudadana. Se requiere que la ciudadanía tenga acceso a la
gestión jurisdiccional a la luz de la trasparencia.
- Generar vías de acceso de información no limitadas al campo
informático. A título ilustrativo, crear un espacio en medios de
comunicación de gran llegada como diarios, radio o televisión, que no
tergiversen la verdad (respetando el secreto de las causas judiciales).
- Modificar la ley nacional de amparo (16.986).
- Limitar el dictado de medidas cautelares contra el Estado Nacional
(tanto concentrado como descentralizado) solo en caso de que se
acreditare peligro en la salud o en la vida. En el resto de los planteos
debe estar prohibido, por lesionar entre otros aspectos el derecho al
debido proceso.
- Que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias.
- Modificar el reglamento de la Justicia Nacional: Entre otros
aspectos, que se obligue a los jueces de Cámara a asistir a los
despachos todos los días hábiles y no sólo los días de acuerdo.
- Modificar las currículas de la carrera de abogacía en las
distintas universidades, ya que responden a una visión decimonónica,
antigua y desactualizada. Proponer un diseño de la carrera que responda a
las necesidades actuales.
Por razones de espacio sólo se proponen sintéticamente ideas, sin perjuicio de ampliarlas a quien lo solicitare.
Nuestro país, en la última década, ha modificado paradigmas
importantes a favor del pueblo. El Poder Judicial debe acompañar estos
cambios, ya que al tener la jurisdicción es el último que dice el
derecho. Si los nuevos aires no alcanzan a todas las estructuras del
poder, se produce un desequilibrio difícil de sostener. Hay esperanza en
quienes trabajamos por el cambio y buscamos que el pueblo participe
activamente en el nuevo diseño del Poder Judicial. Si queremos un Poder
Judicial para todos, ningún habitante de nuestro país debe dejar de
participar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario