domingo, 28 de abril de 2013

La justicia de "vendas caídas" necesita una urgente democratización




La iniciativa del gobierno para democratizar la justicia ya tuvo aprobación parcial en Diputados. El monopolio Clarín y la oposición aseguran que la reforma pretende "asaltar" la justicia. Lo cierto es que ésta necesita cambios.

EMILIO MARÍN
- Diario LA ARENA de LA PAMPA -Edición del 27/4/2013 
 
 La oposición a la reforma judicial tiene prontuario, lo que pone en tela de juicio sus pergaminos para hacer objeciones a las seis iniciativas enviadas al Congreso.

Es el caso de Mauricio Macri, procesado por el juez Norberto Oyarbide por la causa del espionaje ilegal montado por su jefe de la Policía Metropolitana, comisario Jorge Palacios, y un ñoqui del ministerio de Educación porteño, empleo que le daba cobertura al espionaje de Ciro James. El procesamiento del jefe de gobierno de la CABA está confirmado por la Cámara Federal y en poco tiempo más el expediente podría elevarse a juicio oral y público.
¿Puede Macri, en esa situación legal y personal, ser adalid de la protesta opositora contra los proyectos de democratización? De hecho lo fue, en la Carpa de la Indignidad el miércoles 24 junto a Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Roberto Lavagna, Momo Venegas y otros políticos de derecha. No faltaron, en rol de segundones, algunos de centro, como los miembros del FAP y Proyecto Sur, e incluso de otros dizques de "izquierda" (CCC, MST, etc.).

Sin embargo, la posición desde la que Macri critica la iniciativa de Cristina Fernández es insostenible. Eso quedó de manifiesto ayer, cuando sus ministros Daniel Chain y Guillermo Montenegro, seguramente con su venia, enviaron a la Policía Metropolitana a reprimir en el Hospital Borda a trabajadores de la salud, familiares de los internados e incluso periodistas. La fuerza policíaca empleó balas de goma, dio palos, arrojó gas pimienta y detuvo a seis personas, hiriendo a otras treinta.
Semejante actuación es deplorable por su objetivo de demoler parte del hospital para enfermos mentales con vistas a construir el Centro Cívico, alrededor del cual habrá un lucrativo negocio inmobiliario.
Pero interesa subrayar un defecto judicial, por partida doble: la policía no portaba autorización judicial, o al menos no la mostró, y el procedimiento pasó por alto el recurso de amparo de Marcelo "Nono" Frondizi (trabajador de ese nosocomio y secretario general adjunto de la CTA de Yasky). María Elena Naddeo, dijo a C5N que ella y otros legisladores habían presentado otro amparo, pisoteado por Macri y su maldita policía.
¿El jefe del PRO pretende que se le crea cuando dice defender la justicia del "asalto" de los K? ¿Quién asalta a quién? El Borda lo acusa a él, de hacer una cosa de locos...

Ni como a Al Capone.
Al mafioso Al Capone terminaron condenándolo en Estados Unidos no por sus crímenes y delitos propios de la mafia, sino por evasión de impuestos.
A María Julia Alsogaray, liberal y menemista de triste actuación en los ´90, ni siquiera la sentenciaron por una causa menor, de "negociaciones incompatibles con la función pública". Siendo secretaria de Ambiente había desviado fondos del Plan Nacional del Manejo del Fuego, a otros fines. Los hechos ocurrieron en 1995 y 1996, o sea hace 18 años, un tiempo excesivo sin que la Justicia cumpliera con todos los pasos. Esta semana fue sobreseída por prescripción de la causa, por el Tribunal Oral Nº 6. ¡Dieciocho años sin concretar el juicio! Ella habrá demorado con recursos y apelaciones, simulaciones de enfermedad y otras chicanas, pero la responsable del no juzgamiento es la justicia lenta y de vendas caídas, que mira muy bien a quién debe sentar en el banquillo en tiempo y forma, y a quién no.
Si no la juzgaron por contratos del plan del fuego, ¿qué esperanza puede quedar de que la sienten en Tribunales por la entrega de las telecomunicaciones y del acero en favor de Telefónica, Telecom y Techint?

"Un médico a la derecha".
Numerosas legisladoras de varios partidos y muchas entidades de mujeres vienen promoviendo hace años la campaña por el derecho a interrumpir los embarazos no deseados. Lamentablemente han faltado más firmas y la voluntad de varios bloques, incluido el Frente para la Victoria, para que tal objetivo llegue al recinto.
De mínima, la legislación argentina prevé en el Código Penal, artículo 86, los casos de "aborto no punible", de mujer idiota o demente, violadas. Como esas excepciones están contempladas en un Código que data de 1921, se supone que en estos casos se podría pasar por el quirófano sin problemas. Error. La abrumadora mayoría de las provincias no tenía, hasta marzo de 2012, un protocolo que los habilitara en los hospitales públicos.
La tremenda influencia de la Iglesia, los medios de comunicación de filiación clerical, los gobernadores del mismo palo y hasta parte de los profesionales médicos, bloqueaba tal derecho legal. Tuvo que salir la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un fallo, el 13 de marzo de 2012, con la interpretación del artículo 86 y el pedido a las gobernaciones de aprobar los respectivos protocolos, para que se abriera una ventana a la esperanza.
Sin embargo no en todas las jurisdicciones se respetó ese fallo. Según Mariana Carbajal (Página/12, 23/4), "todavía quedan diez provincias que no acataron la resolución del máximo tribunal".
En realidad son más. Por ejemplo, Macri dictó un protocolo que exige a las mujeres más condiciones de las que figuran en el mencionado fallo: un certificado de insanía o del grave peligro para la vida o salud de la embarazada violada que ameritaran el aborto.

Cuento de gallegos.
La jueza Patricia López Vergara resolvió esta semana que ese protocolo macrista restrictivo del aborto no punible no va más y que debe actuarse según interpretó la CSJN. Habrá que ver si el jefe de gobierno no lo apela, en una nueva demostración de lo poco que le importan los derechos de las mujeres y los fallos judiciales cuando lo contradicen.
Diez provincias no aplican la resolución del máximo tribunal; con Capital Federal a medias, son once y con Córdoba, donde está bloqueada, son doce.
¿Córdoba también? Sí, allí el ultramontano Portal de Belén, una ONG presidida por el legislador García Elorrio, presentó un amparo ante el juez Federico Ossola, para impedir que en la provincia se dicte un protocolo amplio en línea con la Corte. Y el magistrado le hizo lugar, por lo que en los hospitales provinciales no se hacen abortos aún en los casos no punibles (sí en los hospitales nacionales, como el Clínicas).
De ese bloqueo ha pasado un año, pero todavía lo mantienen García Elorrio y el juez Ossola. Obviamente ellos nunca tendrán que hacerse un aborto, quizás alguna familiar sí o no, pero en tal caso, como el resto de las féminas de clases medias y pudientes, podrán acudir a alguna clínica privada.
Como se advierte en el ejemplo, Macri y el "gallego" De la Sota tienen coincidencias políticas e ideológicas, cuando se trata de desacatar algunos fallos progresistas de los supremos.
Cuando jueces y cámaras actúan en sentido contrario al derecho -contra el Código de 1921 y el fallo de marzo de 2012 de la Corte- se comprueba que hace falta reformar la justicia.

Grassi, aún libre.
En 2002 empezó el proceso contra el cura Julio César Grassi, muy mediático por sus apariciones y peleas por dinero con Susana Giménez. Había sido denunciado por violar a menores bajo su guarda en la fundación "Felices los niños".
Recién en 2009 fue sentenciado por uno de los tres casos que lo involucraban, a 15 años de prisión. Pero sucesivas apelaciones lo dejaron libre hasta hoy, cuando la Cámara de Apelaciones de Morón dispuso que debiera ir a prisión por no respetar las condiciones de la libertad restringida. Esos límites fueron no ir al local de la fundación ni referirse a "Gabriel", al que sometió a abusos sexuales reiterados.
El sacerdote todavía no irá a la cárcel, porque sus abogados apelaron la decisión de la Cámara de Morón que, contradictoriamente, dijo que la detención se haría efectiva sólo cuando su propio fallo estuviera firme.
A casi once años de los delitos probados a Grassi y a cuatro de su condena, el corruptor de menores apenas estuvo detenido un mes. El resto, largo tiempo, completamente libre. Aparte de sotana, ¿tiene coronita?

Fallo por Marita, vergüenza.
El lunes pasado la madre de Marita Verón, Susana Trimarco, fue distinguida con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires. La mujer se hizo muy conocida por su larga lucha en búsqueda de su hija secuestrada en Tucumán en 2003 y explotada por una red de burdeles en La Rioja. Su prédica, que ayudó a liberar a muchas mujeres en esa terrible situación, aportó a la ley de trata aprobada posteriormente, pero su hija nunca fue hallada.

En diciembre pasado tres camaristas tucumanos -Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano- dejaron libres a los trece procesados por la desaparición de Marita, en un fallo vergonzoso que motivó el pedido de juicio político para aquellos.

La sentencia llegó diez años más tarde de la desaparición de la joven, fruto de la convergencia de mala justicia, mala policía y mal poder provincial.

Esta enumeración deja afuera causas más relevantes, como las cautelares de Clarín y la Sociedad Rural, y la complicidad de la justicia con la dictadura. De conjunto, explican que es correcta la idea de leyes para democratizar la justicia.

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