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Los organismos de derechos
humanos firmantes expresamos nuestro enérgico repudio frente a las
denuncias realizadas contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra
Gils Carbó, por la designación de fiscales subrogantes y ad hoc.
Esta clase de designaciones
constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene la destacada
actuación del Ministerio Público Fiscal en el proceso de juzgamiento de los
crímenes del terrorismo de Estado. Así, se han creado equipos de trabajo
específicamente abocados a tratar estos procesos históricos, como el juicio
por los crímenes ocurridos en la ESMA o en Campo de Mayo –sólo por
mencionar algunos-, que de acuerdo a la denuncia del senador Mario
Cimadevilla deberían desmontarse, comprometiendo seriamente los juicios en
marcha e incluso los ya concluidos. El ejercicio adecuado de esta facultad
legal, utilizado desde hace varios años, permitió dar forma a una de las
decisiones de política criminal más importantes que se tomaron desde la
recuperación democrática, perfilando un organismo comprometido con la
protección de los derechos humanos.
Dichos nombramientos se
ajustan a la Ley Orgánica del Ministerio Público y se orientan a dotar a la
persecución penal pública de flexibilidad y dinamismo para atender a
fenómenos sociales y criminales específicos. La denuncia interesada para
atacar estas facultades legales encierra, en realidad, una mirada
conservadora de la función del Ministerio Público Fiscal y de la
Procuración General en particular. Por medio de una denuncia penal y de una
campaña mediática que pretende maximizarla, se intenta disciplinar y frenar
procesos de cambio profundos en la administración de justicia.
En este sentido, todas las
unidades fiscales especiales creadas por la actual Procuradora General
pretenden responder a fenómenos criminales complejos y altamente dañinos
para nuestra sociedad que hasta ahora no han tenido debida respuesta, como
son la criminalidad económica, la violencia institucional, la trata de
personas, el narcotráfico y la apropiación de niños durante el terrorismo
de Estado.
Reafirmamos que estas
decisiones deben ser sólo el inicio de un proceso de cambio estructural del
Ministerio Público Fiscal y de una transformación más general del sistema
judicial, en particular de la justicia penal, para que las prisiones dejen
de estar pobladas de personas pobres y vulnerables.
Resulta preocupante,
entonces, que los denunciantes interfieran en forma oportunista en el
ejercicio legítimo de atribuciones legales de la Procuradora General, con
el único propósito de afectar su legitimidad y frenar las transformaciones
en marcha.
Abuelas de Plaza de Mayo
Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS)
Familiares de Detenidos y
Desaparecidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Capital
Madres de Plaza de Mayo –
Línea Fundadora
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