Se conocieron declaraciones de referentes de la UCR contrarios a la iniciativa presidencial, y las adhesiones de distintas personalidades que promueven el debate ciudadano en favor de la democratización y transparencia de la justicia.
Mientras sigue sumando adhesiones el movimiento “Justicia Legítima”
en Formosa, se conocieron declaraciones del senador Luis Naidenoff (UCR)
en sentido contrario afirmando que va a “trabajar con todas la fuerzas
para que estos proyectos de ley de reforma judicial no se concreten.
Estamos viviendo momentos en los que está en riesgo el sistema
democrático”.
En sintonía con el pensamiento radical, el abogado Eduardo Davis hizo
pública su postura contraria a la propuesta presidencial de
democratizar y transparentar la justica, al afirmar que “Con la
pretendida democratización del poder judicial, se está buscando
aniquilar no solo la independencia del poder judicial, sino la república
misma quien va a recibir la herida de muerte por parte de un gobierno
autocrático, que pretende erigirse con la suma del poder público, es por
eso que debemos todos movilizarnos en defensa de las instituciones de
la república y de la democracia, que se ven seriamente amenazadas por
estos infames traidores a la patria, después ya va a ser muy tarde, para
reclamar”.
En apoyo de la propuesta presidencial, entendiendo que “la sociedad
tiene reclamos hacia el Poder Judicial”, los primeros en adherir al
movimiento de “justicia legítima” en Formosa fueron Horacio Rodríguez (
Fiscal Federal); Juan Eduardo Lenscak ( Responsable Cátedra de DD HH de
la Universidad Nacional de Formosa ); Luis María Zapiola ( Abogado
querellante de causas de lesa humanidad ); Arístides Norberto Fernández
Bedoya- (Secretario fiscalía Federal); Pacho Espinoza (Abogado );
Williams Dardo Caraballo ( Abogado querellante causas lesa humanidad); y
Carlos Alberto” Joselo” Roble ( abogado).
En el texto que circula para
promocionar el debate parlamentario de la iniciativa presidencial los
firmantes entienden la necesidad de debatir temas tales como el acceso
universal e irrestricto a la Justicia; la transparencia en la gestión y
en la selección, promoción y remoción de los magistrados, funcionarios y
personal del Poder Judicial; la celeridad y eficacia en la labor
judicial (modificación prácticas y procedimientos; la independencia de
toda influencia política, gremial, económica, confesional y del propio
Poder Judicial; el compromiso con la democracia, los derechos humanos y
la perspectiva de género de todos sus integrantes; las condiciones
dignas y adecuadas de trabajo del personal del Poder Judicial; y la
participación ciudadana en el control de la gestión del poder judicial.
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