jueves, 28 de febrero de 2013

Por un nuevo paradigma en el Poder Judicial

 Por Irina Hauser

No era una fiesta, pero por momentos parecía serlo. Había algo en el aire, en el bullicio, en la forma de saludarse y esperar, cierto clima de estudiantina y entusiasmo colectivo. El auditorio de la Biblioteca Nacional empezó a saturarse de jueces, fiscales, defensores, académicos, empleados, estudiantes y curiosos con un visible ánimo asambleario. Se llenaron el hall, el café, la explanada. El espíritu del evento quedó reflejado en el lema de una “justicia legítima” y condensado en el discurso inaugural de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien marcó contrapuntos con la exposición del día anterior del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y llamó a crear “un nuevo paradigma” para el sistema judicial “con magistrados que no estén mirando de reojo a qué sector del poder concentrado pueden beneficiar, que rindan cuentas a la comunidad, donde no haya feudos ni padrinazgos ni familia judicial y donde el acceso a la Justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad”. 


Lo que siguió, toda la tarde, fue una catarata de pequeñas alocuciones algo caóticas, de participantes variopintos que lanzaban ideas y propuestas para democratizar y romper el carácter corporativo del Poder Judicial, que al final del día difundieron un documento que dice que llegó la hora de “mirar hacia adentro” y promete una “autocrítica” (ver aparte). “No son los números de la Policía Federal, pero estamos llegando a mil personas”, bromeó desde el escenario el fiscal Félix Crous, ante una masa inesperada de gente. “Justicia legítima” identifica a funcionarios y empleados de tribunales que publicaron dos solicitadas para decir que no se veían representados en las denuncias de presiones políticas formuladas en un comunicado de la Comisión de Independencia Judicial de la Corte, la Asociación de Magistrados y entidades amigas, en medio del trámite de la causa sobre la ley de medios. Advertían ya entonces que la independencia judicial es mucho más vasta y debería ejercerse respecto de todos los poderes y corporaciones, incluso la mediática, la económica, la eclesiástica y la judicial misma.

–¿Usted sabe de los reclamos ante esa Comisión de Independencia? –miró Alejandro Slokar al juez Mario Portela. Como integrante de un tribunal en La Plata, Portela había planteado que el diario La Nación presionaba con sus editoriales en defensa del ex ministro bonaerense Jaime Smart cuando estaban por dictarle sentencia por crímenes de lesa humanidad. “Se devuelve por desconocerse destinatario”, decía el sello que rechazaba su denuncia. Slokar reclamó representación en esa comisión o la creación de un observatorio.

“Justicia legítima” se presentó desde sus inicios como la antítesis de la Justicia corporativa, verticalista y cerrada. “De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del Poder Judicial burocrática y autoritaria, alimentada durante décadas, que hoy subsiste”, sostuvo Gils Carbó. Una de las primeras frases que dedicó a Lorenzetti fue: “Para promover la democratización se requiere más debate que consensos, más discusión que unidad corporativa”. En un raconto de historia judicial atravesado por “una ficción de Justicia independiente”, Gils Carbó pasó por la Corte de 1930, que convalidó los golpes de Estado, por la Justicia dictatorial como “punto más alto de apartamiento de valores democráticos”, las reformas de la recuperación democrática y hasta el papel de los tribunales en los noventa, con las privatizaciones y los procesos de concentración económica.

La mención de la Procuración a la destrucción del sistema jubilatorio con las AFJP no pareció casual. Lorenzetti dijo conmoverse por los jubilados y suele responsabilizar al Gobierno. “¿Dónde estaba la administración de justicia cuando ocurrían estas inequidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba el furor por las cautelares que conocemos hoy?”, disparó. Para diferenciarse –otra vez– del supremo que enumeró fallos de los últimos años de la Corte, ella dijo que no alcanza con repasar “jurisprudencia” ni con “buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento”, cuestionó

Las palabras de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, causaron conmoción. Relató su acercamiento a la Justicia, en busca de su hija y su nieto, a jueces a los que no les conocía la cara y que llegaron a mandar decirle que “terminaría en una zanja”.
La frase “es un momento histórico” fue el hit de la tarde. Luego se mezclaron cientos de ideas: que los jueces deben asumir su papel político y que toman partido, como dijo el juez de Casación bonaerense Daniel Carral. Los concursos públicos, el juicio por jurados, la reforma procesal, el impuesto a las Ganancias. La necesidad de ver qué y cómo se enseña en la facultad, que sienta las bases del modelo de justicia, dijo la jueza de la Corte porteña Alicia Ruiz. El abogado Beinusz Szmukler retomó la idea de que los jueces no tengan cargos. El interrogante sobre cómo cambiar una estructura totalitaria heredada de la última dictadura y la ausencia de “administración de justicia para los sectores vulnerables” fueron muy mencionados. El único contrapunto de la jornada fue a raíz de la intervención del titular de los Judiciales, Julio Piumato, quien fue cuestionado por algunos de los presentes.

La defensora general, Stella Maris Martínez, quien estuvo como Gils Carbó empujando la realización del encuentro, dijo: “Hoy la Justicia argentina es como la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, que daba misa de espaldas al público”. “Sentimos malestar en la conciencia”, confesó. Y criticó a Lorenzetti por mantenerse “en la superficie de los problemas”. Las palabras de Gils Carbó se caracterizaron por poner en crisis manejos que el sistema judicial naturaliza como “las asimetrías del mercado que se trasladan al pleito”. Y alertó: “La matriz corporativa reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el régimen establecido”.
Hoy seguirá el encuentro con cuatro talleres de los que se espera que surjan propuestas y tal vez se sienten las bases de alguna nueva modalidad de organización o asociación civil que pueda canalizarlas.

miércoles, 27 de febrero de 2013

“Lo mejor que nos puede pasar es que se discuta sobre la Justicia”


Carlos Rozanski dialogó con INFOnews

El juez Carlos Rozanski, titular del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, dialogó con INFOnews sobre el Encuentro por una Justicia Legítima, que comienza hoy en la Biblioteca Nacional. Accesibilidad y derechos humanos serán dos de los ejes del debate.

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Info News
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Carlos Rozanski es el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Hace 21 años integra el Poder Judicial y creyó que nunca se podría dar un debate sobre las reglas, tácitas y escritas, que regulan el funcionamiento del sistema. Sin embargo, esa discusión se dará a partir de esta tarde en el Primer Encuentro por una Justicia Legítima, al que asistirá en la Biblioteca Nacional.
Accesibilidad a la Justicia, compromiso con el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y apertura a la sociedad. Esos serán algunos de los temas que guiarán la reunión de hoy y sobre los que Rozanski dialogó con INFOnews.
INFOnews: ¿Cuáles son sus expectativas para el encuentro que comienza hoy?
Carlos Rozanski: La idea es que vaya mucha gente y que los temas sean variados. Y que en última instancia se pueda cumplir con el objetivo: que es discutir la esencia de lo que todos pensamos, que es mejorar la justicia. Queremos que la Justicia llegue a todos los lugares del país. Es en ese sentido que se habla de legitimizar: la Justicia que llega solamente a las grandes ciudades o solamente a los grupos más poderosos no es justicia. Lo que se esta buscando es una Justicia que pueda llegar a cada región y que la gente que integra grupos vulnerables sientan que las contiene, escucha. Eso es lo que significa democratizar la justicia.
IN: ¿Cómo piensa que se pueden instrumentar esos cambios?
CR: Yo creo que las reuniones son para eso: para que cada uno dé nosotros de propuestas de cómo se puede lograr. Pero básicamente la discusión es ideológica. Previamente, hay que definir cual es el perfil de los jueces, fiscales y defensores que queremos. Y a partir de ahí, si ese perfil coincide con el modelo de juez que tiene que tener Argentina, que no es otro que el de las Convenciones americanas de Derechos Humanos. Respetar los Derechos Humanos es producto de la Constitución Nacional. Ahora, no todos los jueces están dispuestos a aplicar las convenciones con la misma rigidez con la que deben ser aplicadas. Y eso marca desigualdades. Lo que se está buscando es que todos los jueces apliquemos de la misma manera el derecho.
Rozanski: “La discusión es ideológica. Hay que definir el perfil de los jueces”
IN: En ese sentido, ha habido jueces, por ejemplo en la Cámara Nacional de Casación Penal, que han obstruido juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿Son muchos los jueces que no están comprometidos con el juzgamiento de esos delitos?
CR: No sabría decir si son muchos o no. Es cierto lo que usted dice, pero tiene que ver con la falta de recambio institucional. Han pasado muchas cosas en el país y todavía hay una cantidad de jueces que piensan de una manera distinta y que incluso se oponen a juzgar los delitos de lesa humanidad. Evidentemente, ese tipo de jueces no encajan en el paradigma actual y es el tipo de juez que no corresponde existir. Creo que es una discusión que también hay que dar. Hay casos concretos de jueces de Casación que se han ido y luego han pasado a defender a personas imputadas de esos delitos. Si bien no está prohibido, marca más o menos una ideología que está detrás de todo esto.
IN: Seguramente muchos de los que se oponen a este encuentro van a salir a decir que todos los integrantes de Justicia Legítima son kirchneristas o están guiados por intereses partidarios. ¿Cuál va a ser su respuesta a eso?
CR: Es probable, pero eso es parte de la reacción esperable. La palabra reaccionario viene de ahí: es la reacción a un avance. Si pensar que uno quiere, necesita y desea una Justicia mejor lo transforma en kirchnerista y bueno, será kirchnerista. Pero yo creo que no pasa por ahí: yo creo que la heterogeneidad de jueces, fiscales y defensores que están impulsando estos cambios es más importante que cuántos de ellos pertenecen o no a un partido de gobierno o simpatizan con un partido de gobierno. Esta discusión, por lo menos desde mi punto de vista, está por encima de una cuestión partidaria. Acá lo que hay es una gestión de gobierno que inequívocamente a partir del año 2003 permitió avances en materias claves como lo son los derechos humanos y eso no lo transforma al juez en oficialista. El resultado de la discusión que se está gestando en estos días no va a ser que se estigmatice a los que participan de ella como kirchneristas u oficialistas. Y quienes lo hagan se van a estar equivocando.
IN: ¿Había tenido la posibilidad de discutir estos temas en otra oportunidad, con la apertura y el impacto del encuentro de hoy?
CR: Nunca. Jamás. Hace 21 años que soy camarista y jamás he discutido ni ha habido un espacio. Y, en lo personal, yo tampoco creía que se iba a producir este espacio. Es un momento histórico en ese sentido. Que un poder del Estado tan cerrado como lo es la Justicia, esté dispuesta a debatir estos temas, es lo mejor que nos puede pasar como país. Es el aporte más grande que podemos hacer. En lo personal, no lo creía y hoy lo creo porque lo estamos viviendo.
IN: ¿Tiene esperanza en que se pueda cambiar el oscurantismo de la Justicia?
CR: Absolutamente. 

Poslates del 1er ENCUENTRO JUSTICIA LEGITIMA- Tomadas de http://www.facebook.com/pages/Instinto-De-Conversación

Estela Carlotto - Abuela de Plaza de Mayo - y Gils Carbo Procuradora Nacional.

, Beinuzz Szmukler abogado ex Consejero de la Magistratura; Gabriel Barberá, Juez de Cámara de Acusación de Cordoba; Jorge Jorge Eduardo Auat, Fiscal General ante la Cámara Federal de Resistencia y de DDHH de la PGN.

Abel Cordoba, Fiscal Federal de Bahía Blanca y Horacio Corti, Juez de Cámara Contencioso Administrativo y TRibutario de CABA

Daniel Carral, Juez de la Cámara de Casación de la PBA

Felix Crous Con Jose Massoni y Mario Portela, Juez del TO Federal de Mar del Plata.

Javier de Luca, Fiscal General ante la Cámra Federal de Casación Penal.

Matilde Bruera, Defensora ante el TO Federal de Rosario.

Alejandro Slokar, Juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
Horacio Gonzalez Director de la Biblioteca Nacional , dando la Bienvenida.

"El carácter corporativo del sistema es una consecuencia de su propio diseño", afirmó Jorge Auat

1ER ENCUENTRO JUSTICIA LEGÍTIMA
 


El titular de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas de Lesa Humanidad, Jorge Auat, afirmó que "el Poder Judicial se debe desde hace mucho tiempo una discusión de esta naturaleza", como el encuentro por una Justicia Legítima en la Biblioteca Nacional, sobre "el carácter corporativo del sistema, una consecuencia de su propio diseño".

"Es el único poder que no ha sido atravesado por la democracia. Y hoy se impone una discusión, un debate, para que de algún modo exhume y ponga a la luz del sol las vas verdaderas razones por las cuales el Poder Judicial perdió prestigio", sostuvo Auat en diálogo con Télam, sobre el eje del debate.

Auat consideró que ese sistema "no está de cara a la sociedad, sino que está de espaldas. Y hay que empezar a trabajar en eso, cambiando los paradigmas del funcionamiento del Poder Judicial. Y este es el momento, porque a veces hay circunstancias, que entre todas producen esa especie de sinergia, y la piedra angular, o el mojón que cambie la historia"

Por último, resaltó el carácter "abierto" de los encuentros por una Justicia Legítima, que mañana volverán a convocar a juristas para debatir en torno a tópicos más concretos como Independencia Judicial, Gestión Democrática y Participación Ciudadana; Mecanismos de Ingreso, Promoción y Disciplinarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, y Recursos, Política de Transparencia y Rendición de Cuentas.

"Las expectativas que tengo radican en la trascendencia de la discusión. El foro está abierto y me parece que el sistema judicial tiene una deuda de muchos años, porque nos debíamos hace mucho tiempo una discusión de esta naturaleza", concluyó el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas por delitos de Lesa Humanidad, cometidos durante la última dictadura militar.

Más de 800 jueces participaron en la jornada por la Justicia Legítima

PRIMER ENCUENTRO 
 
La primera jornada del encuentro convocó a más de mil jueces, fiscales y defensores públicos de todo el país, que coincidieron en las críticas al "actual sesgo corporativo de la denominada `familia judicial`”. 
 
Télam - Agencia Nacional de Noticias



Más de ochocientos magistrados colmaron el auditorio de la Biblioteca Nacional en la primera de las dos jornadas del encuentro, que mañana culminará con talleres y exposiciones de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez, y el jurista portugués Antonio Cluny.

Los expositores que participaron de las mesas de debate pusieron especial énfasis en el rechazo al actual sesgo corporativo de la denominada `familia judicial`; la discrecionalidad en la administración de los fondos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –atribución originaria del Consejo de la Magistratura-; a la falta de transparencia en los nombramientos; a la ausencia de un sistema generalizado de concursos, y a la impronta conservadora de las cúpulas del Poder Judicial.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, encargada de abrir en encuentro fue ovacionada cuando, tras historiar la pérdida de derechos sociales, previsionales y laborales con la políticas neoliberales, se preguntó “dónde estaban las asociaciones de magistrados, el interés por la independencia de la justicia, dónde estaban la cautelares que son furor hoy”.

En un  discurso de tono fuertemente crítico a las pautas de funcionamiento de la justicia, Gils Carbó dijo que el objetivo de la reunión no era modificar las reglamentaciones internas del Poder Judicial sino “el paradigna del juez impasible frente a la desigualdad de las partes, mientras esta desigualdad se traslada a los pleitos”.

Entre los primeros oradores figuraron el juez de casación bonaerense Daniel Carral;  Alejandro Slokar, integrante de la Cámara nacional de Casación Penal y Alicia Ruiz, del Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires, quienes agregaron matices al reclamo común de “reconciliar la justicia con la ciudadanía”.

También participó el ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; la ex presidenta de la Camara de Casación, Angela Ledesma; los jueces federales Carlos Rosanki, Mario Portela, Fernando Povina, Juan Carlos Reinaga, y los fiscales Mónica Cuñaro, Jorge Auat, Angel Osorio y Felix Crous, flamante titular de la Procuraduría contra el narcocrimen.

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, invitada como símbolo del compromiso de la convocatoria de los derechos humanos, según un folleto repartido entre los presentes, recordó las décadas que tuvieron que esperar para encontrar justicia al tiempo que elogió la iniciativa para que los jueces paguen impuesto a las ganancias.

Cuando estaba por finalizar la jornada, el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales, Julio Piumato, pidió el micrófono recién llegado al lugar, pero debió interrumpir su discurso por un abucheo generalizado del auditorio, incluyendo los empleados judiciales que se encontraban presentes.

En medio de los silbidos, Piumato decidió dejar el micrófono y se retiró inmediatamente del lugar, ante la reprobación de sus representados.

Comenzó el encuentro nacional de Jueces denominado "Una Justicia Legítima"

Foto tomada de :http://www.facebook.com/pages/Instinto-De-Conversación/
NOTA de NJ.- NOTICIAS JUDICIALES
Comenzó el encuentro nacional de Jueces denominado "Una Justicia Legítima". La apertura estuvo a cargo de la Dra. Alejandra Gils Carbó  –Procuradora General de la Nación. El encuentro fue convocado tras señalar “la necesidad de incorporar al debate público ciudadano las decisiones jurisdiccionales y la conducta de los miembros del Poder Judicial, la necesidad de garantizar la independencia e imparcialidad del sistema también frente a los grandes intereses económicos, otras corporaciones e incluso de las asociaciones que nos nuclean, y el cumplimiento de las demandas sociales en punto a la transparencia del funcionamiento de la magistratura”.

El encuentro nacional de Jueces denominado "Una Justicia Legítima" se desarrollará hasta el 28 de Febrero de 2013 en la sede de la Biblioteca Nacional. El cierre correspondiente a la primera jornada los realizarán los Dres. Stella Maris Martínez  -Defensora General de la Nación – y el Presidente de la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, Antonio Cluny. Desde la organización del encuentro nacional de Jueces denominado "Una Justicia Legítima" informaron que se desarrollarán distintos talleres y que se presentará un documento final.

La reunión denominada "Una Justicia Legítima" cuenta con el aval de los Dres. Alejandra Gils Carbó - Procuradora General de la Nación- , Stella Maris Martínez - Defensora General de la Nación -, Alejandro Slokar - Cámara Federal de Casación Penal -, Alicia Ruiz - Tribunal Superior de Justicia Ciudad Autónoma de Buenos Aires- , Eduardo Freiler - Juez de Cámara Federal-, Gustavo Bruzzone -Presidente Cámara del Crimen Nacional-, Javier De Luca -Fiscal de Cámara Federal Casación Penal-, Mario Kestelboim - Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -, Jorge Auat - Fiscal de Cámara Federal -  y Omar Palermo –  Corte de la Provincia de Mendoza -, entre otros.

HOY : 1er Encuentro Nacional " JUSTICIA LEGITIMA "


“Hay imposiciones fácticas del poder económico”


ANTONIO CLUNY, PRESIDENTE DE LOS MAGISTRADOS CRITICOS DE EUROPA

Presidente del movimiento Magistrados Europeos por las Libertades, el jurista Cluny explicó que jueces y fiscales deben tener mayor preparación para resistir las molestias que puedan provenir de “una normatividad informal que ignora la normatividad republicana”.

Imagen: Sandra Cartasso
Por Martín Granovsky

Invitado por la Procuración y por la Defensoría General para actividades de capacitación, el portugués Antonio Cluny es la autoridad máxima del Medel, Magistrados Europeos por las Libertades, un movimiento compuesto por asociaciones nacionales de magistrados críticos. Cluny aprovechará su visita a la Argentina para participar de las sesiones de “Justicia legítima”. Antes, conversó con este diario en un salón de la Defensoría que conduce Stella Maris Martínez.
–“Justicia legítima” discutirá sobre definiciones de independencia judicial. ¿Cuál es la experiencia del Medel?
–La independencia tiene una vertiente interna, de cada juez y fiscal, para lo cual es necesario asegurar garantías, y una vertiente externa, de gobierno de jueces y fiscales. Digo de gobierno propio, no de autogobierno, porque si no es muy corporativo. Es un gobierno con reglas propias, pero no es un gobierno de los jueces para los jueces o de los fiscales para los fiscales. En estos dos puntos descansa el fundamento de la independencia del Poder Judicial. Los magistrados deben tener garantía de que no serán molestados por lo que hacen, pero debe haber un gobierno de jueces y fiscales que permita garantizar a los ciudadanos que la actuación sea transparente y responsable. Es importante encontrar reglas y mecanismos de control y transparencia. La independencia no es sólo para los jueces y los fiscales, sino para garantizar a los ciudadanos que los funcionarios actuarán con imparcialidad y objetividad.
–¿Cómo debería funcionar la independencia ante el poder político y de qué modo ante los establishments o los poderes fácticos, como dicen los españoles?
–En lo esencial hay mecanismos de resistencia a las interferencias del poder político. Hay un mínimo de garantías para que los jueces y los fiscales puedan resistir. Interferencias siempre hubo y habrá. El problema es saber resistir y no ser muy molestado si se resiste. Y digo no ser muy molestado porque ser molestado es algo que seguro ocurrirá. Hoy asistimos en todas partes a la creación de una legislación informal, excéntrica a los órganos de decisión política.
–¿De dónde viene?
–De las imposiciones fácticas del poder económico. Por ejemplo, del poder financiero internacional. Esto ocurre en Europa con las agencias de calificación que desestructuran la vida de los países. La situación produce una normatividad que conflictúa o ignora la normatividad republicana de los países. Para ese fenómeno los jueces y los fiscales no están tan preparados. Afrontar la realidad con instrumentos tiene que ver con la preparación técnica y la capacidad de organización, en nuestro caso a nivel europeo. Se relaciona con formas de reconocimiento mutuo y de organismos de cooperación muy próximos. La preparación es básica para la independencia. Por ejemplo, la preparación sobre cuestiones económicas y financieras. Si no existe, ¿cómo se decide con eficacia? Esta cuestión lleva a otra, que es la independencia presupuestaria. Sin ella no se puede tomar decisiones. Hoy se discuten distintas maneras de ver la independencia, combinándolas con eficiencia, transparencia, eficacia.
–¿En qué nivel de reflexión y de concreción están la cuestión de la independencia y las garantías?
–Todo esto en realidad lo estamos empezando a pensar. Es más fácil lograr independencia del poder político. Lo más difícil es que la magistratura sea independiente y eficaz y dé respuesta a los ciudadanos ante los nuevos desafíos. No hay soluciones necesariamente iguales en todas partes. La falta de independencia perjudica a la población en términos de ciudadanía, democracia y Estado de Derecho. Por eso acepté venir a la Argentina. Todo conocimiento y todo intercambio de experiencias son importantes. Además nuestros sistemas judiciales son parecidos, porque se inspiraron en los mismos principios. Vamos constatando que hay problemas muy parecidos. Miremos Europa. Hasta hace poco tiempo tenía una cierta estabilidad.
–¿En términos judiciales esa estabilidad cambió?
–Desde el punto de vista de la organización judicial hay un descrédito entre los ciudadanos respecto de los órganos propios del gobierno del Poder Judicial. En España recientemente hubo una huelga a la que adhirió el 50 por ciento de los jueces y los fiscales. La produjo no sólo una reforma, sino el desprestigio interno de una política de promociones o sanciones. En este último caso, el de Baltasar Garzón. En Hungría, donde había un Consejo Superior de la Magistratura, el gobierno de extrema derecha introdujo una reforma sustituyendo el consejo por un comisario nombrado por el Parlamento. La Unión Europea felizmente impidió la concreción de esa reforma. En Rumania, la situación es grave. En Francia se discute la composición del Consejo. En Portugal, al menos desde ese punto de vista, la situación está estabilizada.
–¿Por qué?
–El equilibrio se da porque el Consejo Superior tiene siete miembros elegidos por los jueces, siete por el Parlamento y dos por el presidente de la república. El presidente del Consejo es a la vez presidente de la Corte Suprema. Por tradición el presidente de la nación nombra un juez y un no juez, por ejemplo un profesor universitario. En el Consejo Superior del Ministerio Fiscal son cinco los miembros elegidos por el Parlamento (pueden ser parlamentarios pero normalmente no lo son), dos por el gobierno, siete fiscales elegidos por los fiscales, los cuatro fiscales generales distritales y el fiscal general.
–¿Está asegurada la diversidad?
–Podemos decir que los consejos son plurales desde el punto de vista de la composición profesional y pluralistas desde el punto de vista político, porque sus integrantes representan orientaciones distintas. Esto permite un control interno y externo importantes. Los dos son necesarios.
–¿De qué manera queda asegurado el control doble?
–El sistema tiene una originalidad. Los consejos tienen cuerpos de inspectores escogidos por ellos mismos. Entonces, cada juez y cada fiscal tiene el derecho de ser inspeccionado.
–¿El derecho y no la obligación?
–La obligación es obviamente de los inspectores. Esto permite dar una calificación. Cuando llega al consejo, éste vota una nota que resulta esencial para la promoción de la carrera. Y a su vez el funcionario que fue calificado tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el supremo tribunal administrativo. Es un sistema antiguo que naturalmente se hizo democrático en 1974, cuando Portugal salió de la dictadura.
–¿Cómo empieza su carrera profesional alguien que quiera ser juez o fiscal?
–Para entrar en la carrera hay un concurso público de pruebas escritas y orales. Los jury están compuestos por gente nombrada por el consejo superior, por las universidades y por colegios de abogados. Es mucho trabajo integrar un jurado. A veces para 40 vacantes hay dos mil aspirantes. Luego viene otro escalón. Hay una escuela obligatoria para jueces y fiscales donde quienes obtuvieron las vacantes deben cursar tres años. Un año en la escuela y el resto en formación práctica. Al final los estudiantes se gradúan según una calificación. Los primeros tienen derecho a escoger el puesto que les gusta entre los puestos vacantes del sistema judicial.

martes, 26 de febrero de 2013

Zaffaroni, a favor de la democratización de la Justicia




El juez de la Corte Suprema sostuvo que es bueno "que por fin la política se haga cargo" de una posible reestructuración del Poder Judicial, tal como lo impulsa el gobierno nacional. Además, calificó de "injusticia" que los jueces no paguen impuesto a las ganancias y consideró que a eso "hay que resolverlo de alguna manera".

Es importante que el Estado "plantee el debate de la democratización de la justicia para abrirlo al campo político y que por fin la política se haga cargo", consideró Raúl Zaffaroni, quien indicó que "los políticos no se hicieron cargo seriamente, y por eso es que tenemos que repensar la estructura del Poder Judicial, y abrir ese debate al campo político".
Al pago del impuesto a las ganancias "hay varias formas de solucionarlo, aunque resolver un conflicto que tiene más años que los protagonistas, no es fácil", subrayó el magistrado durante una entrevista en la que, no obstante, descartó que el "Poder Judicial tenga carácter corporativo".
"Nuestra justicia es muy plural, hay debates internos, lo que demuestra claramente que nosotros no somos una corporación (...) Hay intereses, claro que las hay, pero la corporación no existe por suerte, tenemos que profundizar el pluralismo interno", agregó.

Jorge Auat: "Es fundamental un cambio de paradigma"



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El fiscal General de la Nación, Jorge Auat, destacó la convocatoria a un encuentro en apoyo a la "Justicia legítima".


El fiscal general de la Nación Jorge Auat destacó la publicación de la solicitada convocando a un encuentro por la "Justicia legítima", al considerar que es necesario "un cambio de paradigma".

En declaraciones a C5N, Auat consideró que "el Poder Judicial debe ponerse a la altura de las circunstancias", al tiempo que estimó que se trata del único poder "que no fue atravesado por la democracia".

En ese sentido, consideró que los mecanismos de selección de jueces "no tienen la transparencia que la sociedad necesita".

"No pretendemos ninguna cosa extraordinaria, sólo poder incorporar que no estamos a la altura de los cambios políticos que pide la sociedad", señaló el fiscal.

Asimismo, consideró que "nunca tuvo un compromiso la independencia de los poderes", al remarcar que "una cosa es la independencia de poderes y otra es la imparcialidad de un juez".

La discusión "es fundamental para un cambio de paradigma, hay que internalizarlo y pensarlo en términos republicanos y no de cofradía", sostuvo Auat.

A su vez, manifestó su crítica a la selección de jueces, al señalar que "el Consejo de la Magistratura se arroga una facultad que no sé de dónde la saca".

El fiscal general expresó su convicción de que "se pueden producir cambios" y en ese sentido, estimó que "hay que revisar a ver qué tipo de cambios se pueden producir".

"Es la primera vez en 30 años de democracia que se da una discusión de esta naturaleza", remarcó el funcionario judicial.

Auat es uno de los magistrados que firmaron la solicitada que fue publicada este jueves en varios diarios porteños y que convoca a un  Encuentro Nacional de la Magistratura que se llevará a cabo los días 27 y 28 de febrero en la Biblioteca Nacional
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A horas del 1er Encuentro Nacional X una JUSTICIA LEGITIMA !!


Más de 600 integrantes del Poder Judicial participarán del encuentro "Justicia Legítima"



Se realizará mañana y pasado en la Biblioteca Nacional, luego de una solicitada publicada en medios gráficos nacionales el pasado diciembre, que recibió innumerables muestras de respaldo por parte de la magistratura de todo el país.


Más de seiscientos magistrados, juristas y miembros del Poder Judicial participarán del encuentro "Justicia Legítima", que se realizará mañana y pasado en la Biblioteca Nacional, luego de una solicitada  publicada en medios gráficos nacionales el pasado diciembre, que recibió innumerables muestras de respaldo por parte de la magistratura de todo el país.

Horas antes del encuentro, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, calificó al sistema judicial actual de "corporativo, autoritario, burócrata, oscurantista y de lobbies aceitados" y consideró que éste es "el momento adecuado para dar un giro al sistema judicial" tras treinta años de estabilidad democrática. 

"El sistema judicial actual es corporativo, autoritario, burócrata, oscurantista y de lobbies aceitados. Es el momento para dar un giro al sistema judicial"
Gils Carbó

Gils Carbó explicó a Tiempo Argentino los alcances del encuentro "Justicia Legítima", colectivo desde el cual se denunciaron en enero pasado maniobras corporativas en el seno del poder judicial, evidenciadas en un documento firmado por distintas asociaciones que denunciaba supuestas presiones del gobierno en el caso de la ley de medios.

"Hay redes corporativas y detrás grupos de intereses que son los que han tenido un poder hegemónico que en el sistema judicial sigue en pleno funcionamiento", remarcó Gils Carbó.

En diálogo con Télam, el juez federal Carlos Rozanski afirmó que las jornadas convocadas por magistrados, juristas y funcionarios judiciales "plantearán por primera vez en la historia la discusión sobre la justicia que queremos".

El magistrado destacó el carácter de las jornadas por darse "por primera vez en la historia una discusión central sobre la justicia", que, opinó,"ha tenido un rol muy negativo acompañando dictaduras y amparando la impunidad".

"No se trata de un tema puntual como el pago de un impuesto o un sistema de elección de jueces que de por sí puede darse, sino que por primera vez se abre un espacio para discutir bases y valores que queremos defender y qué tipo de jueces encajarían en un proyecto de país como el actual", indicó el titular del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata.

En ese marco, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, aseguró que los autores de la iniciativa por la democratización del Poder Judicial que convocan a las jornadas, reivindican "la independencia de los poderes económicos, de hegemonía mediática y de independencia interna, además de los poderes formales".

El magistrado también explicó que "reivindicamos la independencia no sólo de poderes formales sino también fácticos y rechazamos verticalismos autoritarios burocráticos que a veces encubren por omisión, por ocultamiento o por complicidad", sostuvo Slokar en diálogo con radio Nacional al explicar los principios de la convocatoria.

Slokar integra el movimiento de más de seiscientos funcionarios judiciales que en diciembre pasado reclamó con una solicitada por "una justicia legítima", y días después convocó a las jornadas por un "debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca del sistema de justicia" y a "enriquecer la calidad de las respuestas jurisdiccionales".

A su vez, el fiscal Javier De Luca dijo, al referirse al encuentro, que "hay que sentarse a definir los contenidos de un cambio necesario" en el Poder Judicial.

En ese sentido, también aseguró que la "democratización del poder judicial" que proponen tiene que ver con generar "mayor accesibilidad y transparencia en el ejercicio de la justicia" y subrayó en que el gran desafío está en "ponernos de acuerdo en el contenido que esta democratización debe tener".

“El sistema judicial es burocrático y autoritario”

REPORTAJE A GILS CARBO, PROCURADORA Y FIRMANTE DEL DOCUMENTO “JUSTICIA LEGITIMA”



Mañana comienza en la Biblioteca Nacional el encuentro abierto convocado por cientos de magistrados que firmaron el texto “Justicia legítima”. Una de las firmantes fue Alejandra Gils Carbó, la jefa del Ministerio Público Fiscal. En diálogo con Página/12, reveló entramados judiciales y adelantó la posibilidad de que surja una nueva asociación civil para impulsar una reforma.

 Por Martín Granovsky
 
A menos de un año de su nombramiento, a propuesta de la Presidencia y con acuerdo del Senado, la procuradora Alejandra Gils Carbó encara al mismo tiempo cambios en el organismo y participa del grupo cada vez mayor de jueces, fiscales y magistrados nucleados en “Justicia legítima”.

–¿Hay una reforma verdaderamente posible en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal? ¿O el Ministerio Público encara una reforma para marcar un rumbo e influir sobre el Poder Judicial?

–Al menos en mi caso, al frente del Ministerio Público, intento adoptar modificaciones que como mínimo amortigüen los defectos del sistema. Hoy se llega a designar fiscales con un resultado medio cantado.

–¿En qué reside lo cantado?

–En la importancia que tiene un examen de antecedentes y títulos al que se le asigna cerca del 50 por ciento del puntaje total.

–¿Y por qué eso es malo, en su opinión?

–Porque pueden resultar favorecidos hombres solteros y mujeres solteras con tiempo disponible o acceso más fácil a posgrados y doctorados. Y no es posible que tenga un peso tan determinante. No está bien. A veces no trabajan. O, si ya están en la Magistratura, teniendo tareas no las hacen. Eso no me parece un parámetro que deba ser.

–¿Cuál sería el parámetro ideal?

–El que estamos por implementar, ya no como idea, sino como plan concreto e inminente. Vamos a privilegiar los exámenes de oposición. Vamos a darle importancia a lo que sirva para evaluar la capacidad del fiscal. Por ejemplo, su capacidad dinámica, su posible desempeño ante tribunales orales, compatible con el proceso que pensamos que se viene, con modalidad acusatoria.

–Es decir, con procesos judiciales donde la dinámica de la investigación la lleve a cabo el fiscal y no el juez.

–Y agrego otro requisito: el examen debe revelar el tipo de sensibilidad del funcionario. Lo que tenemos es un sistema judicial esencialmente burócrata. Vayamos quitando burocracia. Agreguemos transparencia. Por eso queremos que además de un jurista invitado al concurso de oposición, haya un veedor de una organización no gubernamental que no sólo presencie el trámite, sino que emita un informe.

–¿Qué es un fiscal sensible?

–Un fiscal que sienta que está al servicio de la comunidad en lugar de creer que accedió a un cargo privilegiado con dinámicas corporativas.

–Hoy existe una combinación de evaluación de antecedentes, que representan el 50 por ciento del puntaje, examen escrito y examen oral.

–Queremos que al oral se llegue por haber aprobado el examen escrito, no por los antecedentes.

–¿Y los antecedentes cuándo se considerarían?

–Si el candidato o la candidata aprueban el escrito y el oral, entonces sí se evalúan los antecedentes. Pero en ese orden.

–¿Pesarían el 50 por ciento?

–No. Menos. Digamos, un tercio del total. Para todo este proceso una clave es el objetivo de garantizar el acceso universal a los cargos de la Magistratura, y al decir Magistratura englobo tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial. En el caso del Ministerio Público, no puede ser que los jurados se integren con fiscales de la misma jurisdicción. Si no, se favorece esa especie de sistema de padrinazgos que termina constituyendo una suerte de familia política judicial. Es como si el nuevo fiscal le debiera el cargo al padrino.

–¿Hoy es así?

–El Consejo de la Magistratura muchas veces lo aplica y lo considera válido. Yo lo critiqué. Esto permite los padrinazgos y los parentescos, muy fuertes en las jurisdicciones del interior del país, pero no sólo allí. En la Justicia nacional también hay nombramientos cruzados: la esposa de, el hijo de. Tengo el Ministerio Público lleno de parientes que no nombré yo. No puede ser que el parentesco y las relaciones de sociabilidad como los padrinazgos sean las normas no escritas que orienten las designaciones y las carreras.

–¿Cómo se puede comenzar a cortar esa trama?

–Primero echando luz sobre estas prácticas consuetudinarias que son contrarias a los intereses de la comunidad. Así como alejan al Poder Judicial de la sociedad, lo acercan a los factores de poder que manejan los hilos de la Magistratura. Tiene que haber cambios no sólo legales y reglamentarios. Si hay algo que caracteriza a esa estructura es el autoritarismo, porque pretende unificar todo bajo esos patrones en lugar de guiarse por el pluralismo y el debate.

–Ya dijo que el Poder Judicial, o la Magistratura, son burocráticos y autoritarios.

–Sí. Burocráticos y autoritarios. Por eso tiene que haber un cambio cultural. Creo en el poder transformador de la cultura. Cada persona dentro suyo tiene una conciencia moral. Cuando se revelan estas prácticas tan alejadas de las que debe tener un funcionario, esto tiene que generar un rechazo. Una de las medidas que vamos a tomar es el dictado de un código de ética para actualizar las nuevas patologías.

–¿Patologías?

–Por ejemplo, los magistrados que reciben prebendas encubiertas como becas y viajes académicos, y a veces viajes de turismo. Y el peor aspecto de los parentescos: no sólo se verifican en los tribunales, sino entre magistrados y, a veces, imputados.

–¿Y por qué haría falta un código de ética específico? ¿La confusión de intereses entre un magistrado y un imputado no va contra la ley si ambos están como partes o como protagonistas de una causa judicial?

–Bueno, es obvio que eso debe generar la inmediata excusación del magistrado.

–Si existe la ley, ¿para qué el código de ética?

–Para reforzar el debate abierto. Es un proyecto que debatiremos con representantes de la sociedad civil. En la Justicia hay muchas cosas que aclarar. Cosas que fueron dichas por altos estamentos judiciales.

–En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y la Asociación de Magistrados dijeron que el Poder Judicial estaba siendo atacado por el Ejecutivo.

–Y a principios de enero cientos de magistrados, que llegamos muy pronto a ser 680, reaccionamos porque no queremos complacencia con promiscuidades con los poderes fácticos y hegemónicos. Fue el documento “Justicia legítima”.

–Mañana y pasado se encontrarán en la Biblioteca Nacional. Eso es sabido. Lo ignorado es qué pasos concretos darán.

–Saldrá de las discusiones. Quizá pueda emerger un documento que haga más concretas las propuestas de cambio que pretendemos generar. Este es el momento adecuado para dar un giro al sistema judicial, después de treinta años de estabilidad democrática. También puede constituirse una asociación civil para ayudar a que los cambios puedan realizarse. No podemos quedarnos solo con reformas normativas para ejercitar una retórica cuando todavía permanecen intactos los mecanismos internos de disciplinamiento o de manipulación. La dependencia judicial se maneja en las sombras, no cuando sale uno a quejarse de una sentencia que le parece injusta. Eso es parte del escrutinio público al que están sometidos todos. Es un examen público saludable. Cuando alguien de nosotros, en la Magistratura, recibe una crítica, no puede ser que se sienta difamado. Es parte de la actitud burocrática y autoritaria.

–Insiste con los burócratas.

–Es burócrata el que sigue un ritualismo exacerbado, sobre todo en los procesos civiles. Se avanzó en la oralidad especialmente en lo penal. Pero continúa en general esa enorme distancia entre el juez y las partes. El juez conoce a los abogados, no a las partes. A veces ejerce una imparcialidad mal entendida, porque se manifiesta impasible ante las desigualdades. Se limita a ver los hechos del caso sin considerar los conflictos sociales que subyacen detrás de un caso. Todos esos actos responden a una lógica burocrática de eludir los temas de fondo. Cuando asumí como procuradora, vi que no había una unidad especializada en narcotráfico y narcocriminalidad. ¿Qué queremos? ¿Que un fiscal con diez empleados pueda luchar solitario contra poderosas bandas internacionales? Ridículo. Por eso creamos la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, o sea un sistema de persecución penal adecuado a la complejidad del siglo XXI. ¿Sabe qué es un burócrata? En mi caso, descubrir que la narcocriminalidad no puede ser materia de un fiscal solitario y quedarme sentada. Supuestamente cumplo con mi trabajo, me pagan el mismo sueldo y evito los problemas. Eso es la burocracia rutinizada. Es un pensamiento conservador que no tiene ninguna eficiencia para dar una respuesta a la sociedad.

–¿Para qué serviría constituir una asociación civil a partir del documento?

–Si llegamos a un acuerdo sobre ese punto, para no quedarnos con la definición teórica de lo que debe hacerse. Tiene que haber una palabra que produzca sentido para que todo no quede en propuestas de reforma. Ya hubo propuestas de reformas de la Justicia que no dieron el resultado. Eso suele suceder cuando no se miran los fenómenos reales.

–¿A qué se refiere en concreto?

–Al Consejo de la Magistratura. Debería estar más abierto a la participación ciudadana. Que esté abierto sólo a jueces y abogados es funcionar con un cuerpo cerrado y endogámico. Por qué no médicos, por qué no ingenieros, por qué no gente sin título universitario, por qué no gente ajena a la corporación y a sus constantes toma y daca... Miremos el caso del juez Luis Armella. Estuvo en una de las causas de mayor exposición, en la que se hicieron todos los negocios imaginables.

–La del Riachuelo.

–Sí. Quizás Armella sintió que tenía el colchón suficiente para seguir firmando sentencias. ¿Qué puede pensar un ciudadano que hoy tiene un fallo con la firma de Armella? ¿Cómo no vamos a hablar de que es necesario un cambio?

–¿A los firmantes de “Justicia legítima” los unifica el kirchnerismo?

–No. Y además, los funcionarios judiciales no suelen estar tan politizados. Por lo pronto, tienen vedado afiliarse a un partido político. Ahora, eso es una cuestión y otra es la necesidad de contar con una política judicial sana, de comunicación, de transparencia en la información judicial y administrativa.

–Y si excede al kirchnerismo, ¿también excede el caso Clarín o el conflicto por las cautelares a raíz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

–Excede absolutamente esa cuestión. Tiene que haber un disgusto muy grande para que personas tan disímiles se alcen contra un comunicado cuya redacción se atribuía a ministros de la Corte. No es propio de la magistratura rebelarse. Es que debe existir algo muy fuerte que estuvo alimentando este sentimiento de indignación, de no querer ser parte de un entramado de relaciones corporativas, con agentes externos que son contrarios a los intereses de la sociedad.

–Ningún ministro de la Corte Suprema firmó ese documento con su nombre o apellido.

–Debo pensar entonces que no estaban todos de acuerdo. Mire, igual la situación no tiene vuelta atrás. Y no la tiene por la fuerte sensación de que la Justicia no debe ser como antes y no volverá a ser como antes. Hay un debate, hay ideas, hay proyectos. Algunos de los que firmamos, por los puestos que ocupamos, tenemos posibilidades de reglamentar y ejecutar. Es el caso de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y es el caso del Ministerio Público Fiscal. Haremos la reforma de los concursos. También estamos hablando con los decanos de universidades del conurbano para crear un régimen de pasantías. Esto va a traer un cambio cultural que atacará el oscurantismo de los pasillos tribunalicios que dominó hasta ahora.

–Volvamos por un segundo al comunicado atribuido a miembros de la Corte Suprema. Además de la respuesta con el documento “Justicia legítima”, ¿qué generó en el día a día de la vida en Tribunales?

–El comunicado es de una minoría que intenta arrogarse una representación. Ni siquiera tienen que ver con el interés del resto de los magistrados. Detrás de eso se vio una pretensión de establecer alianzas estratégicas para trabajar un proyecto personal de poder que no tiene que ver con la función judicial. Es una manera de subvertir las funciones de la magistratura, que debe servir al interés común.

–¿Debo interpretar que hay un enfrentamiento entre la procuradora y la Corte Suprema?

–Ya le dije: no englobaría a toda la Corte en los comunicados, si es que fue eso lo que generó la reacción. Si no, habrían firmado todos los ministros. Y no firmó nadie.

–Usted no sólo hace críticas por burocratismo, sino por autoritarismo. ¿Tan vertical es la Magistratura?

–Al hablar de autoritarismo me refiero a otra cosa: a que en la mayor parte de la historia argentina, la Justicia legitimó regímenes autoritarios. Y déjeme volver al Ministerio Público: es uno de los más atrasados de Latinoamérica. No se desarrolló la autonomía institucional y la consagración del sistema acusatorio. El Ministerio Público sigue teniendo una organización en espejo respecto del Poder Judicial. Imita sus funciones aun cuando son distintas. Pienso, al contrario, que debe responder al dinamismo, porque debe llevar adelante la investigación.

–El distrito más poblado del país tiene sistema acusatorio: la provincia de Buenos Aires. ¿La Magistratura bonaerense es un modelo?

–Obviamente incorporar el sistema acusatorio no es suficiente. Si no se produce un cambio cultural, siempre se trasvasará todo lo viejo. Si no, los funcionarios se reproducen. Y ésa no es precisamente mi idea ni la idea de quienes nos reuniremos en la Biblioteca Nacional.