- Domingo 23 de septiembre de 200- diario LA NACIÒN
* La Publicamos por la actualidad de los conceptos en la coyuntura actual ....
José Massoni pasó casi toda su vida en el fuero penal de la ciudad deBuenos Aires. Ahora, jubilado, acaba de publicar La Justicia y sus secretos
, libro de inusitada dureza crítica sobre la "corporación judicial", en
el que no sólo cuestiona que los jueces no paguen el impuesto a las
ganancias sino que los acusa de actuar, en muchos casos, movidos por
prejuicios de clase que perjudican a los pobres
Escribió que la gente tiene razón cuando dice que en la Argentina no hay
Justicia, porque la gran mayoría no tiene acceso a ella. Sostiene que
el Poder Judicial es una corporación que no resuelve los conflictos de
todos, básicamente, porque una enorme cantidad de sus miembros desconoce
la realidad.
El que lo dice no es un político opositor en campaña, ni un
revolucionario antiestablishment. Tampoco un observador imparcial ni un
teórico del Derecho. José Massoni pasó casi toda su vida en el fuero
penal de la ciudad de Buenos Aires -donde fue secretario de juzgado y de
Cámara, fiscal, juez y juez de Cámara- y arribó a este diagnóstico
extremadamente crítico a partir de su experiencia de casi 40 años en el
Poder Judicial. Con el deseo de aportar para que algo mejore,
recientemente escribió el libro La justicia y sus secretos , que publicó Editores del Puerto, y que incluye propuestas de cambio concretas además de cuestionamientos.
Massoni, que tras su trayectoria en la Justicia fue titular de la
Oficina Anticorrupción cuando se creó, en 1999, durante la gestión de
Fernando de la Rúa, asegura que no hay ninguna razón válida para que las
declaraciones juradas de los jueces sigan sin ser públicas y califica
como "un verdadero disparate, que no tiene perdón" el hecho de que los
magistrados no paguen el Impuesto a las Ganancias con el argumento de la
intangibilidad de sus salarios.
Con 66 años, casado, padre de dos hijas y abuelo de cinco nietos, vive
en su casa de siempre en Parque Chas y es jubilado desde 2002. Pero está
muy preocupado por la Argentina, por la calidad de sus instituciones y,
obviamente, por la calidad del Poder Judicial. Por eso, dice decidió
escribir el libro.
-¿Por qué publica ahora La justicia y sus secretos ?
-Estoy muy interesado en tener un Poder Judicial que realmente sea
valioso y que esté al servicio de una Argentina democrática. Cuando digo
democrática me refiero a que sea igualitaria, participativa, que llegue
a todos, y no una Argentina que tenga instituciones que se mueven para
una fracción y que, en el mejor de los casos, abarcan a la mitad de la
población que no es pobre.
-El diagnóstico del estado actual del sistema de
administración de justicia que pinta en su nuevo libro es extremadamente
crítico. ¿No se siente usted algo frustrado por haber pasado en el
Poder Judicial casi toda su vida?
-Frustrado no, de ninguna manera. El libro es la continuación de una
lucha. Siempre luché por una Justicia mejor, busqué caminos para
encontrarla. Yo estoy absolutamente tranquilo de que todas las causas
que pasaron por mis manos se resolvieron de la manera que yo creo que
fue la mejor. Pero esto sucede con una cantidad de gente en Tribunales,
que está francamente interesada por esos valores, pero que se pierde en
una conformación institucional que es realmente como la gente del común
piensa: una corporación que no conoce a fondo la realidad de lo que
pasa. Porque su mundo se limita a lo que ocurre entre las avenidas del
Libertador-Figueroa Alcorta, Callao, Pueyrredón y Corrientes hasta el
río, y, cuanto mucho, lo que pasa en Bella Vista o Adrogué.
-¿Por qué asegura que la inmensa mayoría de las personas no llega con sus problemas a la Justicia argentina?
-Las cosas están organizadas y funcionan de modo tal que las grandes
mayorías del país no tienen acceso a la Justicia. Un primer grupo no
conoce sus derechos ni sus posibilidades de reclamar. Otro grupo los
conoce, pero no logra sortear los innumerables obstáculos que presenta
el sistema (como la necesidad de contar con un abogado o las distancias
que separan a la gente sin recursos de la mayoría de los Tribunales, por
ejemplo). Finalmente, el reducido grupo de privilegiados que accede, no
consigue nada -o muy poco-, porque la Justicia demora y generalmente
resuelve en contra de los intereses de los más pobres.
-En el libro, usted señala la importancia de
quebrar un prejuicio de clase que posee la mayoría de la magistratura.
¿En qué consiste el prejuicio que identifica?
-Los miembros de la magistratura cuentan, a partir de una ignorancia
estólida acerca del mundo tangible de las mayorías argentinas, con un
prejuicio que en muchas ocasiones es inadvertido por sus portadores, que
se sienten inyectados de fluidos de equidad y justicia que creen
derramar con imparcial rectitud sobre los destinatarios de sus
resoluciones. El valor internalizado en la gran mayoría del cuerpo de
operadores de la justicia es que "los negros" (es decir, el populacho
que componen todos los que no son ellos mismos, exceptuando a los
miembros de la clase media exitosos económicamente), cuando llegan ante
sus estrados, en principio, no tienen razón en nada y, si la tienen, no
hay que dársela.
-¿Cree que su diagnóstico es compartido dentro del Poder Judicial?
-Pienso que muchas personas, que no son ni de lejos la mayoría, saben
que esto es así, y lo saben conscientemente o, cuanto menos, lo sienten,
lo vivencian cada día. Estoy seguro de que los jóvenes que ingresan lo
hacen como lo hizo la gran mayoría de toda la historia judicial, con
entusiasmo, con intenciones de contribuir de la mejor manera a la
justicia entre la gente. Y hay una importante cantidad de empleados que
sienten y saben que esto es así, así de crudo y así de terrible.
-¿Explíqueme por qué dice que la Corte Suprema está integrada por 200 jueces?
-Es simple. Porque hay siete ministros (en el pasado fueron cinco y
luego nueve), pero además 193 secretarios de Corte que tienen el rango
de jueces de Cámara o jueces de primera instancia. Esto sucede cuando,
para toda la Justicia nacional -la federal para el país entero y la
local para la ciudad de Buenos Aires-, los magistrados son 810. Por eso,
la comparación duele por absurda. Existe un gran problema de
sobredimensionamiento del poder de la Corte que, paulatinamente, a
través de los años, fue tomando competencias sobre más y más cuestiones,
básicamente a partir de la llamada "doctrina de la arbitrariedad". Esto
originó varios problemas, como la imposibilidad de los jueces de la
Corte de resolver los asuntos por una cuestión material y la
lentificación de todo el proceso judicial. Además le quitó valor a las
decisiones de los jueces de instancias inferiores, de los lugares donde
efectivamente se habían suscitado los problemas. Hay algunos indicios de
que la Corte está ahora intentando desembarazarse de estas cuestiones.
-Más allá de la mayor cantidad de trabajo, ¿ cómo y por qué cree que se llegó de cinco a 200 "jueces"?
-No me atrevería a dar una respuesta categórica acerca de cómo se llegó a
ese número. Pero, con seguridad, una de las causas que lo permitieron
fue la falta de control sobre la Justicia que tiene la sociedad.
-¿Qué haría usted con esos empleados si la Corte lograra, en el futuro, reducir su competencia?
-Yo creo que sería una magnífica fuente que tendría el Consejo para
rediseñar el Poder Judicial, apoyando todos los sitios que se encuentran
con flaquezas, que son justamente aquellos que son más cercanos a la
sociedad desprotegida. El único remedio frente a las resistencias de la
descentralización es la participación social de las organizaciones
vinculadas al quehacer jurídico, de ciertos abogados genuinamente
interesados por una mejor justicia, de los sindicatos y las agrupaciones
vecinales. Esa puede ser una red entramada que realmente consiga llevar
a la Justicia hacia donde tiene que ser ejercida, que es en el conjunto
del seno de la sociedad y no entre cuatro paredes, aislada, de cristal.
-Debe de ser más fácil resolver asuntos sin conocer a los protagonistas
-Es más fácil, sin duda. Yo se lo digo desde la experiencia de haber
ejercido en un tribunal oral. Uno, cada día de audiencia, vivencia
varias tragedias. Y tiene que resolver problemas dramáticos de una
manera casi siempre insuficiente para ser realmente justa. Por supuesto,
es más difícil ser un juez que resuelve sobre gente que un juez que
resuelve sobre papeles. Pero también es más satisfactorio como función
social.
-¿Quién cree que podría impulsar un cambio en la
línea que usted plantea, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es
probablemente el más resistente a las reformas? ¿Cuánto tiempo estima
que duraría el proceso de reforma?
-La sociedad en general, haciéndose cargo de que ella es -o debería ser-
la dueña de su Justicia. Tendría que utilizar como instrumento a los
políticos y, más específicamente, al Consejo de la Magistratura, al que
hay que exigirle que tenga un verdadero control sobre el funcionamiento
concreto del Poder Judicial. Si hay una decisión política fuerte, que
implique un compromiso político general de que debe solucionarse la
asistencia de justicia a la población, creo que en 10 años podríamos
estar muchísimo mejor. Esto es esencial porque no hay mejor momento de
descreer de la democracia y terminar en manos de dictadores, populistas o
cualquier forma espúrea de gobierno que cuando las instituciones no le
dan respuestas concretas a la gente. Si hay millones y millones de
personas a las que no se les responde cuando sus derechos son
violentados, ellos van a estar legitimados para elegir otra forma.
-¿Cuáles son algunas de sus propuestas para mejorar la Justicia?
-Que exista una ley nacional de acceso pública, que obviamente incluya
al Poder Judicial. Que se sancione una ley de lobby y que se utilice el
procedimiento de elaboración participada de normas, para que las leyes
tengan mayor legitimidad. Que se establezca de una vez por todas el
juicio por jurados. Que los fiscales sean elegidos por voto popular,
porque tras la instalación de un procedimiento acusatorio con principio
de oportunidad (que les permitiría la selección de los casos a
investigar), deberían tener estricto control de la ciudadanía. Y, para
romper con este divorcio tremendo que existe entre sociedad y Justicia,
creo esencial que se descentralice la Justicia y se avance en el diseño e
implementación de una "pequeña Justicia", porque sería una escuela de
democracia y aprendizaje social, de ciudadanía y de poder. En
definitiva, todo pasa por una verdadera profundización de la democracia,
que sea igualitaria y participativa, que logre quebrar los esquemas y
estructuras que se han ido haciendo costra y se han anquilosado.
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Por Laura Zommer
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