Diez propuestas para impulsar la democratización de la justicia
Cambiar la estructura edilicia, reformar el Consejo de la Magistratura, resolver la polémica por Ganancias, terminar con los cargos vitalicios, crear tribunales de vecindad y modificar los mecanismos de accesos son algunos de los planteos.
Raúl Eugenio Zaffaroni, Eduardo Barcesat y Raúl Gustavo Ferreyra caminan por los pasillos vacíos del Palacio de Tribunales.
Las
escaleras están en silencio, los pisos brillan. El inmenso edificio de
Talcahuano 550 –todo un símbolo de la justicia argentina– parece más
grande que nunca. No hay letrados caminando presurosos. Apenas un
ordenanza repasando los mosaicos y dos empleados de seguridad viendo
pasar las horas. La escena es una postal perfecta de la feria judicial
de enero. Zaffaroni, prestigioso abogado penalista que ganó varios
premios –se lo considera casi un Premio Nobel en su materia, como
también en la criminología–, se mueve como el anfitrión. A fin de
cuentas, fue él quien invitó a Barcesat y Ferreyra a su oficina del
cuarto piso (la "4049"). Por sugerencia de Tiempo Argentino, los tres
aceptaron reunirse para debatir sobre los jueces y su relación con la
sociedad. Barcesat y Ferreyra provienen del Derecho Constitucional.
Ambos tienen una larga trayectoria académica: el primero, docente en
varias universidades, también está vinculado a la Filosofía del Derecho;
Ferreyra es titular de cátedra en la UBA.
Sentados
en torno a una mesa ovalada, los tres juristas aceptaron la propuesta
de los dos cronistas de este diario: analizar la actualidad del Poder
Judicial y animarse a proponer, en el caso de que lo consideren
necesario, cambios y reformas profundas para el corto y mediano plazo.
Vestido con su clásica guayabera de manga corta, dispuesto a una
conversación larga (que duró casi dos horas), Zaffaroni repasó la
historia del Poder Judicial argentino. En una tarde de mucho calor, los
tres abogados –representantes del "ala progresista" del Derecho–
propusieron transformaciones radicales para el Consejo de la
Magistratura actual (dijeron que los senadores y diputados nacionales no
están en condiciones de asumir el nivel de compromiso que requiere el
organismo y que deben designar delegados especialistas), rechazaron la
implementación del juicio por jurados y plantearon la necesidad de un
tope para la trayectoria profesional de los jueces, al que ubicaron en
los 75 años.
En
medio de una charla que no ahorró en polémicas, como la mención a una
eventual reforma constitucional (aunque nadie habló de una segunda
reelección), plantearon que los jueces no deben quedar exceptuados del
Impuesto a las Ganancias. "Es un conflicto que viene abierto desde hace
años y que hay que resolverlo algún día", subrayó Zaffaroni. A
continuación, un repaso del debate que duró dos horas y que anticipó los
cambios que podrían venirse en el Poder Judicial.
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–¿Hay un divorcio entre el Poder Judicial y la sociedad?
Zaffaroni:
–Si entendemos la sociedad con su pluriculturalismo, con las distintas
proveniencias, obviamente el Poder Judicial es de extracción de clase
media y urbana fundamentalmente. La relación con los otros estratos y
variables culturales es escasa. Nuestra justicia civil es lentísima. Hay
procesos que comenzaron hace 20 años. Creo que tenemos un procedimiento
civil que debe tener 200 años. No veo una justicia civil que resuelva
la conflictividad rápido. Si bien los procesos penales son lo más
sensacional, sólo hacen a lo publicitario. Lo que hace a la vida
cotidiana de la gente es el Derecho Civil, que es lo que regula los
conflictos normales desde antes de nacer hasta después de morirse. Creo
que tendrían que ponerse las pilas en modernizar eso.
Barcesat:
–La imagen del Poder Judicial ante la sociedad no es de un servicio de
justicia idóneo, pronto, adecuado, de alto nivel técnico y sobre todo de
paridad entre los litigantes. Los sectores desposeídos tienen
dificultad en el acceso a la justicia. Las empresas se apoyan en los
tribunales arbitrales. La modificación del Código Civil y Comercial les
da mucha más amplitud a los tribunales arbitrales y quebranta la
Constitución en lo que refiere a que la Corte debe conocer y decidir en
todas las causas que versan sobre la Constitución, las leyes y los
tratados. Eso hay que respetarlo. La justica arbitral es una
privatización de la justicia. Esto es un reclamo fuerte que debe hacer
la sociedad argentina. Que sea igual para todos.
Ferreyra:
–El modelo de Poder Judicial que piensa Alberdi es tomado del
norteamericano. En el siglo XVIII, el único modelo de escrito era el de
la Constitución de los Estados Unidos. Pero cuando se discute acá no se
define qué iban a hacer los jueces y quién los iba a designar. En el
siglo XIX, la Constitución Federal es oligárquica, sin pueblo, en la que
todos son igualmente libres y la mayoría socialmente desiguales. El
Poder Judicial estructurado verticalmente casi sin modificaciones es el
modelo que tenemos actualmente. Esta representación jurídica es para una
sociedad agroganadera que no tiene nada que ver con la de hoy. Es una
muy buena idea discutir su modelación y el acceso.
–¿En qué punto debe comenzar la discusión para la democratización?
Z:
–El servicio que presenta la justicia es de solución de conflictos, que
fundamentalmente es civil, laboral, administrativo, mucho más que
penal. Eso es lo más complicado. Sin contar con que los grandes grupos
económicos, sus cuestiones civiles las resuelven al margen de la
justicia. Esa justicia lenta no queda ni para el que está excluido,
porque no acude. Queda para una clase media. Ahí es donde veo un defecto
grave. No hay tribunales de vecindad. De pequeñas causas, que resuelvan
de modo expeditivo.
F:
–Habría que discutir si deben controlar a los legisladores y sobre su
propia selección. Cuánto dinero del pueblo argentino se va a utilizar
para resolver los conflictos y qué destino van a tener esos procesos. El
acceso a la jurisdicción no está funcionando. La conflictividad no es
igual a la del siglo XIX, ha cambiado.
B:
–Más allá de su nacimiento aristocrático para corregir desvíos
demagógicos y populistas, en lo institucional, el Poder Judicial ha
acompañado los procesos golpistas. Ha tolerado con mucha pasividad los
cambios no previstos ni queridos en la Constitución y las leyes. En el
inicio a la transición democrática hubo un principio de ruptura, de
concientización. Se tocó la cúpula y buena parte de la Justicia Federal,
pero la Penal –no así la Civil y Comercial, ni el Contencioso
Administrativo– en un 90% siguieron formando parte del Poder Judicial y
eso fue un pesado lastre cuyos condicionamientos todavía pesan.
–Siempre se habla de un Poder endogámico.
Z:
–Quien no tenga un vínculo es difícil que ingrese a la justicia. El
Poder Judicial tiene una estructura que es bastante jerarquizada. En esa
jerarquización hay oficialidad y tropa. El sargento principal es el
equivalente al prosecretario. A partir de ahí empieza la oficialidad y
luego hay un cambio de status. La diferencia que hay con el Ejército es
que, acá, la oficialidad se forma en medio de la tropa.
–¿El ingreso meritocrático podría ser una buena iniciativa?
F:
–Hay un reglamento que cotiza los méritos para los antecedentes para
los concursos. En ese reglamento cotiza muchísimo más el hecho de estar
en la justicia, por lo que se vuelve autorreferencial. Pesa mucho más la
cantidad de años de quienes están en el Poder Judicial que los meritos
académicos.
Z:
–Sostengo que los egresados del Conurbano y de la UBA pueden
jerarquizar. Si hay una prueba de capacidad para el ingreso más o menos
transparente, lo que hay que hacer es preparar a los muchachos para los
concursos. Hay que hacer una preparación de tipo práctico y teórico para
los cargos, porque los que están afuera de la justicia están lejos de
los conocimientos de carácter práctico que a veces existen.
–¿El control de constitucionalidad que deben hacer los jueces significa control a los otros poderes?
F:
–Yo tengo mis reparos con el control judicial de constitucionalidad. No
creo que sea la mejor idea que lo hagan los jueces. Sí creo que todos
los jueces tienen el control difuso de la constitucionalidad, pero no
que puedan hacer caer la vigencia de una ley.
Z: –Hacer caer directamente la vigencia de una ley en nuestro sistema no se puede. Sería una situación excepcional.
F:
–Pero a través de una acordada del año 1996, los jueces de la Corte
–ninguno está, excepto (Carlos) Fayt– dispusieron que los jueces no
paguen el Impuesto a las Ganancias. La ley decía que los jueces debían
pagarlo. Autorreferencialmente, para la corporación judicial dijeron que
ese artículo era inaplicable para ellos. Esa es una caída de vigencia
de la norma "de hecho".
–¿Existen otras formas de permitir la observancia de la Constitución a través del Poder Judicial?
B:
–Un tribunal de constitucionalidad que sea autónomo aliviaría a la
Corte, haría que una sentencia valiera para todos los casos
comprendidos. Tienen una fuerza importante este tipo de Cortes, como la
de Ecuador, con una tarea ponderable. El esfuerzo debe ser lograr una
justicia lo más pareja posible y que esto enderece el acceso a la
justicia. Las tasas judiciales y lo costos operativos hacen que algunos
reclamos se vuelvan imposibles. El Derecho no tiene que invocar igualdad
ante la ley para mantener rico al rico y pobre al pobre.
–El juicio por jurados se menciona como una deuda a cubrir.
Z:
–Sería inaplicable, pero sí es posible el juicio con un tribunal de
escabino compuesto por tres jueces técnicos, dos escabinos, o tres
ciudadanos que se seleccionan igual que un jurado. Participan de todo el
debate y cuando termina el juicio, votan. No funda jurídicamente su
voto. Funciona en Italia y en Alemania en algunos tribunales menores.
B:
–Son expeditivos. Pero hay que tener una arquitectura edilicia
particular. El gran cuello de botella que tienen es que no hay salas
suficientes para que funcionen los tribunales. Hablar de una adecuación
significa tener salas pequeñas pero para que no se atore la
administración de justicia y sea pronta, que es otro de los reclamos de
democratización del Poder Judicial.
–Implicaría un aumento presupuestario.
Z:
–No hay sociedad que tenga capacidad de tramitar formalmente toda su
conflictividad. Hay que conocer ese universo y saber qué presupuesto
tenemos. También hay que usarlo de manera óptima. Y si tenemos hoy un
procedimiento de juntapapeles y se demora años, estamos gastando una
cantidad de dinero importantísima.
–¿Hay un intento, como se denuncia desde algunos sectores, de amedrentar a los jueces?
B:
–No creo que sea ese el propósito. Se habla de un consenso, de que haya
un ida y vuelta entre sociedad civil y uno de los poderes que conforman
el gobierno federal.
Z: –No hemos tenido hasta hoy ningún caso (Baltazar) Garzón en la Argentina.
–En líneas generales, aquí se respeta esa condición vitalicia del cargo.
B:
–Habría que discutir también si el plazo de la actividad y designación
es perpetuo, mientras dure el buen desempeño y no haya comisión de
delitos, o si debiera renovarse el cargo por concurso. Eso requiere un
Consejo de la Magistratura que tenga otra estructura en aspecto edilicio
y en su composición. Sería un examen de lo que hizo uno durante ese
período de administración de justicia, más allá de no incurrir en el
delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
F: –Pero para los jueces habría que reformar la Constitución…
B:
–La ley del Consejo de la Magistratura habla de comisión de delito o
que incurran en mal desempeño. Ahí sí hay discusión. Si no con decir que
no comete delito, basta. Buen desempeño significa mantener una calidad
en la administración de justicia y que sirva como un antecedente para
renovar. Es una lectura forzada de la Constitución, pero podría
generarse el debate en los jueces de primera instancia. Dejo a la Corte
Suprema afuera de este mecanismo. Esto podría ayudar a la horizontalidad
en la tarea de selección de magistrados. Poner el ojo popular en esa
administración.
–¿El problema está en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura?
Z:
–Nunca funcionó bien. Lo que venimos observando es que nunca llegó a
ser un cuerpo. Cada uno se sienta como representante de un estamento y
dice el discurso del estamento. Es un órgano administrativo que requiere
ocupación full time. Está manejando un presupuesto grande. Ahora
directamente se trabó, pero el anteaño había hecho dos concursos y el
año pasado uno. No da. Tenemos un 30% de vacantes de jueces. Se nos
trabó el órgano de designación y de remoción. Tampoco podemos denunciar a
ningún "coimero" porque no funciona. Es uno de los problemas más serios
que tenemos.
–¿Y cuál es la solución?
Z:
–Que los consejeros se sienten a conversar. Sin componendas. Cada uno
representa un interés, pero no se puede llevar al extremo. Los
legisladores no pueden integrar el Consejo. Por razones institucionales y
por razones prácticas, porque necesita ocupación tiempo completo.
–¿El desbalance lo provoca la posición de los representantes del Legislativo?
Z:
–El desbalance lo provoca la reforma del '94, que lo hizo mal. El
Consejo de la Magistratura modelo sería el italiano. Se compone de 30
consejeros, 20 por los jueces y diez por los diputados en proporción a
los partidos con representación que mandan a sus juristas. Pero además
gobierna al Poder Judicial. La Constitución del '94 dejó una cosa rara,
que la Corte gobierna y el Consejo administra. Allá se sabe cómo piensa
cada juez, qué ideología tiene. Los que lo integran pueden dedicarse
tiempo completo porque tienen licencias. El italiano es un Poder
Judicial que se enfrentó a la mafia, al terrorismo, sin violar los
Derechos Humanos, en el momento de manipulite se jugó por la continuidad
democrática.
–¿Si tuvieran que enumerar cambios posibles de implementar a corto plazo?
Z:
–Acelerar los procedimientos es una cuestión que hay que sentarse con
el Legislativo a pensarlo. Yo empezaría por lo Civil y lo Laboral para
ver cómo se puede agilizar la resolución de conflictos. Hay que sentarse
a pensar el mapa judicial del país: hay juzgados federales colapsados y
otros todo lo contrario. Optimizar su funcionamiento.
B:
–Hay que agregar una estructura edilicia del PJ y repensar desde el
Legislativo la diversificación de fueros, que no ha dado buenos
resultados con los conflictos negativos de competencia que se producen.
Habría que simplificarlo. Nada de eso sería posible si no hay una
apuesta presupuestaria para hacer la justicia más eficaz.
F:
–El acceso a la jurisdicción y el desarrollo y la profundización
también son aspectos del acceso. El Poder Judicial no es una usina de
políticas públicas. Las generan los poderes políticos. Hay que discutir
esa función, que se traduce en la judicialización de la política que
hace que los temas se vienen a discutir en el Poder Judicial. Hay que
discutirlos en el Congreso, que es el teatro de la democracia. Y lo que
lo va a acercar a la gente es que empiecen a pagar el Impuesto a las
Ganancias.
–¿Puede el Poder Judicial detener políticas públicas "de hecho" como la Ley de Medios?
F:
–Es un disparate. Es el único lugar del mundo donde ocurre que una
política pública es alterada, detenida y suspendida por una decisión del
Poder Judicial a través de una medida cautelar.
Z:
–Guarda, que todas las políticas del New Deal se las detuvo la Corte a
(Franklin) Roosevelt. Son conflictos que se han vivido intensa y
dramáticamente en otros países. Por regla general, el Judicial es un
poder más burocratizante. El problema es que en el momento en que se
empieza a pensar el Derecho como una simple forma, se está pensando en
un Estado neutral que no puede participar en la redistribución.
–¿Qué sería una "justicia legítima"?
Z: –Habría que conversarlo con los que hicieron la solicitada.
–¿Pero es un buen punto de partida para pensar en la democratización?
Z: –Lo que está sucediendo hoy es que una cantidad de conflictividades que estaban latentes salen. No se crean. Ahora salen.
–Hubo
dos hechos políticos recientes emanados desde el Poder Judicial. Un
duro documento publicado desde un sector y la respuesta mediante una
solicitada de otro. ¿Cómo los evalúan?
Z:
–El Poder Judicial es plural, pluri-ideológico, y es correcto. No
podemos tener un Poder Judicial monoideológico. Eso no existe. ¿Cómo
puede ser imparcial un juez si es parte de la sociedad? La única
imparcialidad alcanzable es la pluralidad. Un debate interno con
discusiones, tensiones internas. La construcción de un sujeto
aideológico, apartidista, asexuado. Ese tipo, si existe, es un
degenerado. Los jueces somos seres humanos, que tenemos limitaciones.
B:
–La democracia son los espacios de disenso y la admisión del otro en la
diferencia, la "política de Derechos Humanos", si cabe bautizarla así,
en el Poder Judicial es bienvenida. Es un debate que se debía la
transición democrática. Nos lo estamos dando ahora y va a dar frutos. No
creo que sea un "gatopardismo".
–Pero hay una construcción que opera sobre la imagen de lo que debería ser un juez…
Z: –Es falsa. Es concebir al juez como un superhombre.
B:
–Eso es lo que hay que remover. Son las ficciones que se crean. Esa
concepción aristocrática en el ejercicio del poder lleva a pensar que el
Poder Judicial vendría a ser una síntesis de la concepción de los
nacidos para administrar justicia. Hay que luchar con toda la fuerza
contra esta concepción.
F: –El
juez es una persona que resuelve conflictos y, eventualmente, resolver
la inaplicabilidad de una ley que esté en pugna. El Derecho
Constitucional es lo que una sociedad abierta de ciudadanos está
dispuesto a sostener que es. No lo que solamente los jueces dicen que
es. Si no caemos en una aristocracia del saber.
–¿Estos movimientos al interior del Poder Judicial pueden marcar un punto de quiebre?
B:
–Es difícil asegurar cuál será el resultado, pero es sano y democrático
que entre el debate y lo sepa la sociedad, sin que se convierta en una
garantía de modificaciones. Es tomar conciencia del conflicto y hacerse
cargo.
Z: –Siempre en el Poder
Judicial ha habido diferencias generacionales, tensiones ideológicas.
Las diferencias se organizan mejor. Es positivo. Creo que cuanto más
plural es el Poder Judicial, más imparcial es.
F:
–Hay un único valor irrenunciable, que es el pluralismo. Hay un grupo
que piensa de una manera y otro que se expresa de otra. Después empieza
el segundo proceso, que es la tolerancia. «
Dictadura y poderes
–¿La Corte debiera hacer una autocrítica en nombre del Poder Judicial que fue funcional a la dictadura?
Z:
–¿Qué voy a pedir perdón por una Corte que no integré? Hay dos momentos
en el siglo XX en que se rompe y se designa otro Poder Judicial que es
el '55 y el '76. Las dos dictaduras armaron sus propios poderes
judiciales.
–¿Hay corrupción en el Poder Judicial?
Z:
–En el argentino la corrupción de dinero no domina. No implica que no
haya casos. En los años que llevo adentro, cuando internamente hay una
sospecha, todos nos cuidamos de ese. Es un valor entendido.
–¿Y los nexos con los poderes fácticos, pueden asimilarse?
Z:
–Puede haber una mentalidad, pero el modelo de Estado es lo que está
detrás de esto. ¿Es redistributivo, o dice que la estratificación social
está bien como está? ¿Qué modelo de Estado queremos? Puede haber jueces
que entiendan un modelo de estado no redistributivo. ¿Cuál es el
razonamiento de esa pretendida aristocracia? Que hay un sector
hegemónico que si no quiere redistribuir, tiene que contrastar esa
mayoría que sí, con otra. Es el modelo lo que estamos discutiendo.
Ganancias y el debate por la independencia
–¿Es
posible que una nueva acordada de la Corte Suprema modifique la
exención en el pago del Impuesto a las Ganancias que tienen los jueces?
¿Está en agenda de esta Corte?
Z:
–Es un conflicto que viene abierto desde hace años y que hay que
resolverlo algún día. Viene arrastrándose y hay que sentarse a conversar
y resolverlo de alguna manera.
F:
–Democratizar el Poder Judicial es discutir si deben pagar o no
Ganancias. Habría que sacar la cuenta de la exención. Es un número
importantísimo. Los jueces tienen que estar muy bien remunerados pero no
puede seguir existiendo este privilegio.
B:
–Hay jueces que están pidiendo pagar. Son de la provincia y han
cosechado el “no” en todo el espinel judicial. Piden que los ingresos
suplementarios pasen a formar parte del salario. No quieren cobrar en
negro para tener una jubilación acorde. La respuesta del propio Poder
Judicial desde primera instancia y hasta Corte provincial es negativa.
Establecen que es una afectación a la intangibilidad y por lo tanto
inconstitucional. Vamos a ver qué dice la Corte.
–¿Es posible sostener el argumento de la intangibilidad?
Z:
–Creo que los jueces que ingresan tendrían que pagar. La intangibilidad
que se esgrime tendría que resolverse. Hoy significaría una reducción
salarial. Es cierto. Pero el que ingresa ya no puede decir que le tocan
el salario. El señor que entra y no quiere pagar que no asuma y listo.
Si eso se hubiera hecho en 1996, tres cuartas partes del Poder Judicial
ya estarían pagando el impuesto.
–¿Puede decirse que afectaría la independencia judicial?
Z:
–La independencia judicial es una palabra que se invoca pero es
equívoca. ¿Qué significa la palabra independencia? Que el juez pueda
decidir autónomamente. Y la independencia tiene que ser tanto externa
como interna. Externa respecto de otros poderes del Estado, y de otros
factores de poder. Interna, respecto de otros órganos colegiados del
mismo Poder Judicial. Si no es una lesión de la independencia interna.
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"La
justicia necesita de hombres intelectualmente dotados, capacitados
profesionalmente, y esto hay que garantizarlo con una escuela judicial."
León Arslanian - Ex ministro de Seguridad
"Yo
empezaría por lo civil y lo laboral para ver cómo se puede agilizar la
resolución de conflictos. Hay que sentarse a pensar el mapa judicial del
país."
Raúl Zaffaroni -Ministro de la Corte Suprema
"Esta
representación jurídica es para una sociedad agroganadera que no tiene
nada que ver con la de hoy. Es una muy buena idea discutir su
modelación."
Raúl Gustavo Ferreyra - Constitucionalista
"La
imagen del Poder Judicial ante la sociedad no es de un servicio de
justicia idóneo y pronto, y sobre todo de paridad entre los litigantes."
Eduardo Barcesat - Constitucionalista
Me da la impresión que este diálogo no muestra, ni hace sospechar, la pretensión del PENJ de que el PJ sea un apéndice de su poder. Pero igual estoy convencido de que esa intención existe.
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