VAMOS POR LA DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA.
Acompañamos las Jornadas “Por un a Justicia Legítima” que se realizarán el 27 y 28 de Febrero en la Biblioteca Nacional. Porque es un deber como militantes dar esta discusión, es nuestra obligación como trabajadores públicos al servicio del pueblo repensar el servicio de justicia. El modelo de país Nacional, Popular, Democrático y Solidario, necesita de un modelo de Justicia que vaya de la mano y no a contramano de estos postulados.
Agrupación
“Quique” de Pedro Agrupación 16 de noviembre Judiciales de la CABA
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1 EL
CAMBIO CULTURAL EN LA JUSTICIA. REPENSAR LOS MODELOS ADOPTADOS.
Antes de
comenzar a desarrollar determinadas ideas y conceptos de lo que implica la
democratización de la justicia, debemos plantearnos una discusión acerca, no
sólo de los cambios estructurales en el Poder Judicial, sino también en las
formas de concebir dicha institución en el imaginario social. Los procesos de
mejoras institucionales, conllevan obligatoriamente un respaldo de la fuerza
política gobernante, sea la institución que sea. Hoy comienza a discutirse una
institución cuyo carácter corporativo y anti-democrático le ha otorgado un
blindaje respecto de la opinión pública. Es inconcebible abordar cualquier tipo
de cambio sin conocer la idiosincrasia que reviste dicho sujeto de cambio.
En este
sentido, los judiciales en su conjunto debemos empezar a revertir la lógica
elitista y conservadora que reina como norma cultural en el Poder Judicial,
expresada en los tratos cotidianos entre Superiores e Inferiores, en la
atención a los consultantes y ciudadanos que acuden a la Justicia, en el modo
de comunicar a través de mandas judiciales inteligibles para el común, etc.,
etc. Todas conductas que han sido naturalizadas e internalizadas en la
cotidianidad del servicio de justicia (hacia adentro del Poder Judicial y hacia
afuera, con relación a los justiciables). El primer paso hacia un cambio de
este tipo se dio en las dos últimas solicitadas “Por una justicia legítima”,
cuyos firmantes entienden, por sobre todas las cosas, una pertenencia al Estado
a través de las funciones judiciales.
Pretender que
el Poder Judicial cumpla con los fines públicos, como contribuir a garantizar
el bienestar general de la sociedad, no constituye una intromisión del Poder
Ejecutivo en éste, sino que representa el debido ajuste a los objetivos de un
Estado de Derecho. Alejarse de dicho cometido, o no observarlo como guía al
brindar servicio de justicia, constituye una desviación insalubre del objetivo
por el que se crea la Justicia y un fraude institucional. Desafiar el
imaginario colectivo de los judiciales (y de la sociedad toda) constituye un
enorme reto dentro de un Proyecto de País cuyas principales banderas son la
redistribución de la riqueza, la inclusión social, la independencia económica y
la integración latinoamericana. Este proyecto de país necesita de un Poder
Judicial que acompañe esas banderas. Lo que exponemos no significa otra cosa
que “polemizar” al Poder Judicial, ponerlo en discusión, en el debate público,
como lo ha hecho este proyecto con los temas más sensibles de la vida social;
es necesaria la existencia de un debate acerca del rol de la justicia. El
cambio cultural en la justicia tiene que ser interno, partiendo por la lógica
de sus integrantes, pero también debe ser externo. Cuando la sociedad en su
conjunto debata de un modo sincero acerca del rol de la justicia, podrá
realizar un verdadero análisis del accionar judicial como uno de los tres
poderes de la república.
2 INGRESO
DEMOCRÁTICO:
Cuando
hablamos de cómo se ingresa al Poder Judicial, indefectiblemente hablamos de
quiénes ingresan y por ende hablamos de su composición. Ingreso democrático
significa cambiar la composición tradicional de la Justicia. Si defendemos un
modelo de país que ha incluido a millones de argentinos, debemos pensar en un
modelo de justicia que también garantice el ingreso al Poder Judicial de
cualquiera que desee hacerlo.
¿POR QUÉ ES
NECESARIO?: Porque de quiénes conforman el personal del Poder Judicial, depende
el servicio de Justicia. Actualmente, tanto los cargos de concurso (magistrados
y secretarios) como los de carrera (funcionarios y empleados) son cubiertos por
personas que tienen la suerte de conocer, o ser familiar o amigo, de
alguna personalidad con influencia y poder suficiente de aplicar la “dedocracia”.
Lo que
necesitan las instituciones de la democracia es un acceso igualitario y no
sectario. ¿A TRAVÉS DE QUÉ MECANISMO?: Debe establecerse un mecanismo
transparente, igualitario y legal que garantice el acceso al Poder Judicial de
toda la población. Son los sectores populares los que brillan por su ausencia
en los Palacios de Justicia. Actualmente no existe una regulación uniforme.
En muchas
jurisdicciones provinciales y en la CABA existen reglamentos o normativa
interna que regula el ingreso, pero ninguno de estos es respetado o cumplido en
la realidad, porque son las mismas Supremas Cortes o el Consejo de la
Magistratura para el caso de la CABA (donde los jueces tienen representación)
los encargados de “aplicar” la normativa que, paradójicamente, ellos mismos
crearon. Por esto es fundamental, que de existir un mecanismo transparente y
democrático de ingreso a la Justicia, la autoridad de aplicación sea una
comisión independiente y no los mismos órganos Judiciales. Entendemos que
debe regularse a través de una Ley dictada por el Congreso Nacional, a la que
luego adhieran las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
¿QUE CARGOS
DEBERÍAN CUBRIRSE? La oxigenación se producirá no sólo con la apertura
democrática en el ingreso a los cargos más bajos (deben ser los dos últimos
cargos del escalafón para respetar la Carrera Judicial), sino también en el
cargo de Secretario, a través de concursos transparentes. Éstos concursos
fueron “suspendidos” a nivel de la Justicia Nacional y Federal, y en las
Provincias son contados casos en los que se realizan. En los hechos, es el Juez
el que nombra al Secretario del Juzgado, cuál secretario privado.
3 REGULACIÓN
DE LA CARRERA JUDICIAL:
La Carrera
Judicial es la que permite ascender de una categoría inferior a una superior,
es el reescalafonamiento a través de la combinación de dos factores: el
objetivo (la mayor antigüedad) y el subjetivo (la mayor idoneidad y mejor
desempeño en el puesto).
Actualmente no
existe regulación al respecto, por lo que ante la ausencia de normas claras, queda
al arbitrio de los Superiores Jerárquicos el ascenso del personal. Cuando
hablamos que el personal de una dependencia “piensa” o “concibe” a la Justicia
como el Juez, o que el imaginario de los judiciales está dominado por un
pensamiento único que autorreproduce el statu quo, encontramos que la
raigambre de este problema se encuentra en la ausencia de un Reglamento de
Carrera, que otorgue al personal la garantía de que ante el mejor trabajo,
tendrá el mejor reconocimiento. Así revalorizamos el esfuerzo y el empeño como
factores determinantes del ascenso, y erradicamos el favoritismo, las conductas
serviles y los vínculos familiares como factor de atribución de una mejor
posición en el escalafón. Si promovemos la apertura de las puertas de ingreso
al poder judicial y la oxigenación de sus estamentos, debemos procurar también
que estas personas vean garantizadas, cuando se encuentren capacitadas para
ello, la posibilidad de ascender en la carrera judicial sin necesidad de tener
determinado contacto.
Esta
posibilidad de avanzar en la carrera permite una democratización hacia dentro
del Poder Judicial. LA ESCUELA JUDICIAL: En la carrera judicial
se debe respetar la capacidad e idoneidad para ocupar el cargo. Es aquí que
consideramos esencial la existencia de una escuela judicial que esté a la
altura de las circunstancias. Una escuela, que forme a los empleados y
funcionarios en función a las necesidades que percibe del conjunto social
respecto de la prestación del servicio de justicia. EL REGLAMENTO DE TAREAS POR
CARGO: determinar las tareas y las funciones por cada uno de los cargos del
escalafón es clave para estructurar la carrera y los programas de la escuela
judicial.
En
síntesis, el ingreso democrático a la justicia, pilar básico del proceso de
democratización, se encuentra íntimamente relacionado con otro pilar como lo es
el respeto a la carrera judicial y la posibilidad de una formación acorde a las
necesidades sociales respecto del servicio de justicia.
4 ELIMINACIÓN
DEL MALTRATO LABORAL Y MECANISMOS DE MEDIACIÓN:
El problema de
maltrato laboral, no es ni propio ni exclusivo del Poder Judicial, sino que
puede aparecer en cualquier empleo, o grupo de trabajo. Pero aquí tiene
características peculiares, que deben también ser atendidas en cuanto conforman
una constante en la labor diaria. Sucede que si las relaciones laborales se
estructuran casi únicamente a través de las relaciones personales y los
vínculos preexistentes al trabajo en cuestión, funcionan en base a criterios
subjetivos y, las más de las veces, antojadizos de los Superiores hacia los
inferiores.
Esto deja paso
libre a conflictos laborales que devienen en maltrato laboral. Es prioritario
el establecimiento de reglas claras, como el reglamento de carrera y de tareas
por cargo que mencionamos en el punto anterior, así también como una instancia
de mediación para prevenir el maltrato, de contención psicológica si este se
produce y de denuncia. La enorme cantidad de licencias psiquiátricas en el Poder
Judicial, no es un factor menor y forma parte de un vicio de esta institución.
La erradicación del maltrato laboral debe ser tenida en cuenta por todos los
miembros de la comunidad judicial, hace a la democratización interna y
contribuye a mejorar la prestación del servicio de justicia.
5. PLENA REPRESENTATIVIDAD DE TODA LA
COMUNIDAD EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA:
Con la reforma
constitucional del año 1994 se produce uncambio sustancial en lo que hace a la
conformación de la Justicia Argentina: la creación del Consejo de la
Magistratura. Este nuevo órgano está a cargo de la administración del Poder
Judicial y se encuentra integrado, por prescripción constitucional,con
distintos actores que integran la vida jurídica en su conjunto.
En este punto
consideramos también esencial una reforma que democratice al Consejo de la
Magistratura en base a una integración plural. En efecto, no se justifica hoy
en día por qué si los abogados de la matrícula y los Jueces tienen
representación en el Consejo, no lo tienen los trabajadores de la justicia. Los
trabajadores que construyen y hacen a diario la prestación del servicio de
Justicia no tienen siquiera derecho a voz en la composición del Consejo de la
Magistratura actual.
Como es
sabido, el debate público entre todos los sectores que integran el colectivo
social enriquece la vida en democracia y la completa acabadamente. Hoy en día
esa democratización del principal órgano de Administración de la Justicia es
imposible dado que uno de los actores principales en el Poder Judicial (el más
numeroso, sin lugar a dudas) no es escuchado por los restantes actores a los
efectos de la toma de decisiones. No propugnamos aquí una modificación que
implique una reforma constitucional, sino que entendemos que con el actual
texto de la carta magna se puede lograr que los trabajadores tengan, a través
de sus representantes gremiales, el derecho a voz que permita conocer la
totalidad de pensamientos.
PALABRAS
FINALES.
Esta
enumeración no constituye un número cerrado, ni mucho menos. Quedan infinitos
aspectos para abordar acerca de la enorme tarea que constituye democratizar una
estructura impermeable a los cambios, como es este Poder Judicial. Pero es un
aporte humilde desde la perspectiva gremial, entendiendo que los trabajadores
judiciales también somos parte de un modelo de justicia añejo, arcaico y
antidemocrático que debemos empezar a discutir.
Mucho queda
para debatir cuando se habla de democratización: la descentralización de los
edificios judiciales, para acercarlos a los barrios humildes; la clarificación
del vocabulario de los escritos, el avance sobre la oralidad; la condición de
vitalicio de los cargos de magistrados, la revisión de su rol judicial; la
aceleración de los procesos civiles a través de una justicia vecinal; el control
difuso de constitucionalidad; y, hasta una reforma constitucional para poder
plasmar estos cambios.
En ese
sentido acompañamos las Jornadas “Por un a Justicia Legítima” que se realizarán
el 27 y 28 de Febrero en la Biblioteca Nacional. Porque es un deber como
militantes dar esta discusión, es nuestra obligación como trabajadores públicos
al servicio del pueblo repensar el servicio de justicia. El modelo de país
Nacional, Popular, Democrático y Solidario, necesita de un modelo de Justicia
que vaya de la mano y no a contramano de estos postulados.
Agrupación
“Quique” de Pedro Agrupación 16 de noviembre Judiciales de la CABA
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