Trabajadores Judiciales de Cordoba , se SUMAN al Debate X la DEMOCRATIZACION de la JUSTICIA.

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL ES UNA NECESIDAD DEL PUEBLO Y DE LOS TRABAJADORES

 IRINA SANTESTEBAN
Sec. Gral. AGEPJ (Judiciales de Córdoba)

Luego del escandaloso fallo que absolvió a todos los imputados por el secuestro de la joven tucumana Marita Verón, la presidenta de la Nación anunció que enviaría al Congreso de la Nación un proyecto de ley para “democratizar el Poder Judicial”.

Esta intención ya había sido anunciada por diputados oficialistas y funcionarios del gobierno nacional, en medio de la fuerte disputa en torno a la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, algunos de cuyos artículos se encuentran suspendidos por las cautelares interpuestas por el monopolio Clarín, el principal interesado en que esta ley no se ponga en práctica.

Los trabajadores y trabajadoras Judiciales nucleados en la Federación Judicial Argentina, entidad que en 2013 cumplirá sus 55 años, hemos planteado en numerosas oportunidades la necesidad de DEMOCRATIZAR este Poder, en el cual se encuentran enquistados, con honrosas excepciones, los sectores más oligárquicos y conservadores de la sociedad argentina. En Argentina podemos decir con toda justicia que el Poder Judicial es el último reducto de las clases dominantes, cuando vemos que hace más de tres años no se puede aplicar una ley democratizadora de los medios audiovisuales, que fue debatida ampliamente por el conjunto de la sociedad y que fue aprobada por el Congreso de la Nación. 

El argumento del grupo Clarín es de claro contenido monopólico, pues cuestiona el artículo que ordena que debe desprenderse de todas las licencias de radio y televisión que exceden del máximo que establece la ley. Hoy el grupo Clarín tiene 264 licencias y una clara posición dominante en el escenario de los medios audiovisuales y el argumento de los fallos que acogieron su petición opuesta a ese desprendimiento, es justamente la defensa de la “propiedad privada”. 

Lo mismo sucedió en el fallo que favoreció a la Sociedad Rural, haciendo lugar a una medida cautelar de esta organización que agrupa a lo más concentrado de la oligarquía argentina, suspendiendo el decreto por el cual el Poder Ejecutivo había ordenado que debía devolver el valioso inmueble que el gobierno de Carlos Menem le había otorgado en una operación más que ventajosa para la SRA y muy perjudicial para los intereses del Estado. 

Por ello, porque hoy está en debate no sólo la democratización sino también el contenido de clase del Poder Judicial, es que nos alegramos profundamente que este tema se encuentre en la agenda política actual. Pero en este debate no deben intervenir solamente los magistrados, funcionarios, legisladores, abogados o profesores de Derecho. Quienes ponemos nuestro esfuerzo en la tarea diaria en los Tribunales, también tenemos cosas para decir, las venimos diciendo hace años y no somos escuchados.

para continuar leyendo el Documento , hacer click en Mas Informaciòn..

En este marco es que los Judiciales decimos.

1. Que la democratización del Poder Judicial es una deuda de la Democracia con el pueblo argentino, porque es bien sabido que, luego de la recuperación de las instituciones el 10 de diciembre de 1983, muy poco fue lo que cambió al interior de los Tribunales. No hubo casi cuestionamientos a los magistrados y funcionarios que juraron por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional (nombre que se daba a sí misma la dictadura militar). Tampoco hubo desde el Estado en aquellos años, salvo en las denuncias de los organismos de Derechos Humanos, ninguna acción para investigar el papel cómplice de muchos magistrados y funcionarios durante la vigencia del Terrorismo de Estado. La amplia mayoría de esos jueces, continuaron ejerciendo sus funciones y se retiraron con sus abultadas jubilaciones. Cumplieron con el precepto constitucional que dice que los jueces permanecen en sus funciones “mientras dure su buena conducta”. Nadie les reprochó por su actuación durante la dictadura, y si algunos lo hicieron no tuvieron la suficiente fuerza como para que ese reproche se plasmara en un proceso de destitución.
2. El Poder Judicial no sólo fue cómplice durante la dictadura de los peores crímenes que hoy están siendo juzgados y condenados. También fue el que dio la “seguridad jurídica” que pedían los monopolios al proceso de entrega del patrimonio nacional que instauró el menemismo primero y que el gobierno de la Alianza continuó después. En esos años tuvimos una Corte Suprema de Justicia de la Nación, con nueve miembros y una “mayoría automática”, conducida por un personaje nefasto como Julio Nazareno, mientras el ministro del Interior Carlos Corach manejaba a su antojo a los jueces federales, que pasaron a la historia como los “jueces de la servilleta”. Como resquicio para combatir la impunidad, los organismos de Derechos Humanos impulsaron los “juicios de la Verdad” que no tenían carácter sancionatorio pero impedían el olvido y el perdón que pretendían los propulsores de la “reconciliación”. Parte del trabajo realizado en esos juicios está hoy siendo utilizado en los juicios donde hasta la fecha se ha condenado a casi 400 genocidas.
3. Es necesario que nos refiramos a esta historia para valorar en su justa medida las reales intenciones de todos los firmantes de la solicitada por una “Justicia Legítima”. Los trabajadores y trabajadoras Judiciales queremos que esa Democratización que se pregona sea real y no de propaganda. Y por eso decimos que la Democracia tiene que llegar a los Tribunales, tanto para la designación y remoción de los Jueces, como para las relaciones laborales que nos tienen a nosotros como una de sus partes. No puede haber real Democratización del Poder Judicial, si se nos niega a los Judiciales los derechos que la Constitución Nacional y los tratados internacionales, así como la amplia normativa laboral de nuestro país, reconocen a todos los trabajadores argentinos.
4. Respecto a la designación de los Jueces, desde la Federación Judicial Argentina hace muchos años que bregamos por una conformación más democrática y participativa de los Consejos de la Magistratura, y es así que en Entre Ríos y Chubut un representante de los Judiciales forma parte de esos Consejos. Pero eso no es suficiente, hacen falta más voces “no legas”, del pueblo, porque los Jueces nos importan a todos los ciudadanos y las ciudadanas. El Poder Judicial es un tema muy importante para dejarlo en manos de los abogados, los jueces y los diputados. El pueblo también quiere saber y participar de esta problemática.
5. A la par de proponer la amplia participación ciudadana en la conformación de los Consejos de la Magistratura, tanto para el Poder Judicial de la Nación como los provinciales, también decimos que el ingreso al Poder Judicial debe ser democrático, por concursos y que éstos no deben ser elitistas,sino propender a que ingresen a este Poder todos los estamentos sociales, y no sólo el reducido círculo de estudiantes universitarios. Para ello, debería crearse una Escuela de Ingreso al Poder Judicial, para los diferentes niveles y tareas que allí se prestan y para que se diseñe el “perfil” no sólo de los Jueces sino también de los Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, donde se inluyan contenidos democráticos y respetuosos de los derechos humanos. En esto también la Federación Judicial Argentina tiene propuestas para hacer.
6. Respecto al pago del Impuesto a las Ganancias, obviamente que estamos a favor de que los Jueces paguen, pues es inconcebible en un estado democrático que los trabajadores tributen este impuesto y los Jueces no. Pero estamos a favor de un sistema diferente, pues no consideramos “Ganancia” al Salario, y debe proponerse una reforma integral del sistema tributario argentino, para hacerlo más progresivo, que incluya a la renta financiera y otros sectores hoy exentos del impuesto a las Ganancias,a la par que se elimine el IVA de los productos de la canasta básica alimentaria, entre otras medidas necesarias para un sistema tributario más justo y equitativo. 
7. Y por último, proponemos que se estudien otras formas de integrar los Poderes Judiciales, con una mirada hacia América Latina, y en ese marco destacamos las reformas constitucionales recientes de Ecuador, Bolivia y Venezuela, donde el capítulo Poder Judicial ha tenido magníficas reformas, en un sentido democratizador, con contenidos de género, poniendo como valores fundamentales y derechos inalienables de los ciudadanos, los recursos naturales, la soberanía nacional, el reconocimiento de formas de propiedad social, el respeto hacia las minorías étnicas y la diversidad, entre otros. Esos antecedentes, sin copiar modelos y respetando nuestra propia historia y experiencias, son los que proponemos tener en cuenta a la hora del debate de un nuevo Poder Judicial, más democrático y al servicio del Pueblo.