Rendición de cuentas

MARIA LAURA GARRIGOS DE REBORI, PRESIDENTA DE LA CAMARA CRIMINAL

 

“La Justicia es secreta, palaciega, y hay que abrirla. Eso es democratizar”, define María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Cámara en lo Criminal y Correccional. “A los jueces, los abogados nos dicen Su Señoría o Vuestra Excelencia, y a nadie le llama la atención, como si no fuéramos trabajadores jurídicos que tenemos que aplicar la ley cuando hay un conflicto entre personas. Los jueces se creen señores feudales y no pueden asumir que son una burocracia. Nos reprochan la morosidad en las causas, y esto es gravísimo, pero no existe la comprensión de que estamos prestando un servicio. Si usted es un colectivero, tiene que cumplir un horario y eso está fuera de discusión; a nosotros es como si no nos importara. En nuestra capacitación se nos ha inculcado que estamos más allá del bien y del mal”, advierte. “Tenemos la expectativa que nuestra crítica pública llegue a los lugares de decisión”, dijo la jueza.

–¿Cómo se rompe esa cultura del secreto?
–Por lo pronto, tendríamos que rendir cuentas de nuestro trabajo, de lo que hicimos, y eso es así por reglamento de la Corte. Pero los organismos de control entre nosotros no funcionan, en parte porque somos nosotros mismos. Tal vez hay juzgados que completan las planillas de las causas tramitadas, pero después nadie las revisa ni se sienta a ver qué está pasando en cada fuero. Por ejemplo, desde hace unos cinco años se duplicaron los contratos. ¿Pero se duplicó el trabajo? ¿Se producen más sentencias? Tampoco tenemos un estudio de nuestra capacidad laboral. Si un juzgado tiene cuatro mil causas en trámite, y otro trescientas, algo falla.

–¿Quién controlaría la rendición de cuentas?
–El Consejo de la Magistratura principalmente. Pero el Consejo, cuando alguien presenta alguna queja, por ejemplo sobre demoras, el mensaje que transmite es que está en la privacidad del juez atender cuando quiera y como quiera. Ni la Corte ni la Cámara de Casación cumplen con los plazos procesales. A pesar de que hubo una modificación legislativa que dice que las apelaciones deben ser orales, sólo la aplica la Cámara Penal. La razón de aquella modificación, además, es que la oralidad modifica (reduce) el tiempo de trabajo y la forma de apreciar. Pero la mayoría de las cámaras sólo lo hacen a pedido de parte. A los jueces no les gusta la audiencia oral porque los obliga a sentarse y también a discutir entre ellos. A pesar de todo nadie planteó la nulidad de aquellas audiencias que no cumplen con las formas que la ley establece. En el resto de los fueros ni siquiera hay oralidad, todo es escritural y críptico, es secreto y nadie lo controla. Cada juzgado es un feudo.

–Si impartir justicia es un trabajo que los jueces no asumen como tal, ¿qué propone?
–La currícula de la Facultad de Derecho no contempla el trabajo jurídico como tal. Ahí es donde hay que empezar a introducir la democratización del trabajo judicial. Y en la selección de jueces. ¿Quién nos elige? Otros jueces. Aunque en el Consejo participen otros poderes del Estado, los jurados están integrados por jueces a quienes ni siquiera se les pide que hayan accedido a sus cargos por concurso. Todo esto es cuestionable.

–¿Cambiaría el modo de acceso al resto de los cargos en el Poder Judicial?
–Sí. La Corte eliminó los meritorios, que muchas veces se reclutaban en la facultad, o a veces entre los hijos de los amigos. Ahora que ya no hay pasantes se invita a los hijos de los amigos o los parientes a trabajar, y acrecentamos el nepotismo. Invitemos a todos los que quieran, que demuestren que saben escribir en computadora y no tienen faltas de ortografía, o que tienen determinados conocimientos. Quizás esto no le quita al juez la posibilidad de nombrar al hijo del amigo, pero le brinda a otro estar en igualdad de condiciones.