Elección popular de jueces

ALEJANDRO ALAGIA, FISCAL

“Tenemos que reflexionar sobre el gobierno de los jueces”, propone el fiscal Alejandro Alagia. “Los jueces gobiernan sin estar legitimados por el voto popular. En el último tiempo varios hechos demostraron que el Poder Judicial es un gobierno. Administra el castigo, las reparaciones, priva y concede derechos. Lo del caso Clarín fue clarísimo: los jueces de la Cámara Civil y Comercial se alzaron contra una de las leyes quizá más democráticas, por la discusión previa a su aprobación que tuvo y los años que llevó. Lo mismo cuando la Corte Suprema, esta vez a favor de demandas generales, declara la inconstitucionalidad de la amnistía de los crímenes de la dictadura, también es un acto de gobierno. En este caso mejora la vida de todos, en el caso Clarín, la empeora.”

–En el caso de la Corte, ¿no son esperables ese tipo de decisiones?
–La Corte gobierna. Para gobernar un país y estar legitimado hace falta el voto popular. Hay una falla de origen. Incluso en la teoría política el gobierno judicial se piensa como un “gobierno contramayoritario”, a favor de las minorías, para que las mayorías no las priven de sus derechos. Pero esa naturaleza contramayoritaria es posible que haya colocado siempre al Poder Judicial a espaldas de la población, en el caso Clarín, por ejemplo, representa a las corporaciones. La historia del Poder Judicial está más vinculada con la aristocracia y los poderes económicos y es de difícil democratización. Podríamos pensar en que la Corte sea elegida democráticamente. En Bolivia se intenta saldar esta problemática con la elección popular de jueces.

–¿La salida es ésa, la elección popular de jueces?
–Hay ciertos cargos o funcionarios judiciales que pueden ser elegidos democráticamente. La Corte creo que sí. Si (Ricardo) Lorenzetti quiere hacer política, que lo elijan. Es un desafío para el futuro pensarlo. La salida anglosajona es que si bien hay un poder contramayoritario, está la participación de los jurados como modo de participación popular para los grandes temas al menos. Por ejemplo, en Derecho Penal, sería algún caso donde esté en juego la libertad de una persona por muchos años. Los temas de gravedad civiles o constitucionales, también podrían ser. No los pueden decidir tres jueces encerrados entre cuatro paredes. El jurado aligera el carácter contramayoritario. La elección popular de jueces contravencionales, para los pequeños conflictos en la comunidad y el territorio, también es una alternativa. Siempre pensando en impedir la demagogia punitiva. Que la salida electoral tampoco sea que los jueces se monten a una competencia a ver quién castiga más.

–¿Cómo evitarlo?
–Algunos tribunales pueden tener una competencia técnica. Desde un director de hospital o el capitán de un barco. Pero el grueso del Poder Judicial podría tener la participación de jurados. Igual la Justicia argentina está tan atrasada desde el punto de vista de su democratización, que se debería empezar por otras reformas.

–¿Conoce algún país donde la Justicia sea plenamente democrática?
–En casi todas partes el Poder Judicial es una instancia aristocrática y de secretismo, como el antiguo régimen. Incluso en materia de derechos humanos nuestro Poder Judicial es un ejemplo en el mundo. Es el único que juzga a sus genocidas con jueces de su propio país.

–Entonces, ¿por qué reformas empezaría?
–Desde la eliminación de privilegios impositivos; abrir el acceso a la población a los cargos judiciales; instalar juicios orales y públicos para la Justicia civil y comercial, que se haga más visible lo que hacen los jueces. Y en cuanto a la independencia, tener presente que no sólo tiene que ver con que los jueces, fiscales y defensores sean independientes de los grandes poderes económicos sino de otras cosas, como evitar criminalizar a la población vulnerable, como si los delitos sólo los cometieran los pobres. Esto también tiene que ver con la independencia, y el concepto de igualdad como contenido también de la democracia.