Jorge Auat: “Esta estructura judicial no se compadece con la democracia“

Entrevista al titular de la Unidad Fiscal de Coordinación de Causas de Lesa Humanidad

15.04.13 Por Hugo Krasnobroda. Fuente: El Tribuno

Jorge Auat.

Es uno de los referentes principales del foro Justicia Legítima, que apoya fuertemente la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional. “Actualmente tenemos jueces que están más cerca de la cachiporra que de la toga”, señaló Jorge Auat, fiscal general en las causas por delitos de lesa humanidad. El letrado desestimó que con la creación de nuevas Cámaras de Casación vaya a burocratizarse aún más la Justicia y aseguró que los proyectos apuntan “a sanear los viejos vicios de un sistema que hoy no está a la altura de las circunstancias”.

¿Cuál es su visión sobre los proyectos de reforma que envió la Presidenta al Congreso?
Yo creo que, sin duda, representan un salto cualitativo. Es una forma de zanjar una vieja deuda que tenemos en democracia con respecto al sistema de administración de justicia. Creo que es el único poder que prácticamente no fue atravesado por los cambios que significaron pasar de la dictadura a la democracia. Es el único poder que realmente a lo largo de su historia estructuralmente siguió funcionando aún en épocas dictatoriales. Los otros poderes (usurpados por los dictadores) no tuvieron ningún funcionamiento. Desde 1983 hasta acá (la reforma judicial) era una asignatura pendiente, yo lo he dicho muchas veces. Nosotros nos debíamos este debate, por eso nació el foro de Justicia Legítima. Yo sé que el sistema corporativamente como está diseñado va a ofrecer resistencia, pero de lo que estoy convencido es que no hay vuelta atrás y de que ya nada va a ser igual.

La mayoría de las asociaciones de jueces y abogados temen una politización de la Justicia, ¿usted no?
Ese temor, básicamente, expresa un prejuicio con respecto a la política. Si el concepto de política tiene que ver con participación ciudadana, si el concepto de política tiene que ver con integrar los intereses de la sociedad, no creo que sea algo reñido con los principios vectores de un sistema democrático. Ahora bien, si la palabra politización es mirada con prejuicio sale una expresión estratégica: “No hagan nada porque se politiza. Consecuentemente, dejenla como está”.

O sea que usted no ve un avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial...
En absoluto, al contrario. Estos proyectos lo que hacen es tratar de sanear los viejos vicios de un sistema que hoy no está a la altura de las circunstancias. Esta estructura judicial no se comparece con los tiempos de la democracia. Nosotros lo decíamos en la conferencia que dimos en la asociación de abogados: claramente estos cambios no solo van a producir modificaciones desde el punto de vista orgánico, sino que también va a cambiar paradigmas de funcionamiento. Todavía tenemos jueces que están más cerca de la cachiporra que de la toga. Esto también hace al debate. Qué tipo de Poder Judicial queremos, qué tipo de estructura de administración de justicia queremos, cuál es el perfil de juez que queremos. Esto no se discutió nunca. No es solamente pasar por el tamiz de un concurso, que tampoco ofrece las garantías que la gente espera. De hecho, esta Justicia no recuperó prestigio pese a que hay muchos jueces nuevos que pasaron por el concurso. Pero la estructura de administración de justicia no recuperó prestigio.

La Constitución dice que los jueces y abogados deben elegir a sus representantes para la Magistratura. Al haber elección por voto popular, ¿no se afecta ese principio?
El artículo 114 no cierra ninguna puerta. El corsé que le quieren poner es para profundizar aún más el espíritu corporativo. Quieren cerrar aún más a la Justicia y alejarla más de la sociedad. La forma de poner a la Justicia en contacto con la realidad es cambiando orgánicamente y en el marco de la Constitución, estructuras que tiendan al acercamiento. Si usted le pregunta a la gente en la calle quiénes son los consejeros, nadie sabe quiénes son ni a quiénes representan. Eso representa la distancia que hay entre la ciudadanía y el aparato judicial.
En 2006 Cristina impulsó que los miembros del Consejo pasen de 19 a 13 con mayoría agravada y ahora quiere que pasen de 13 a 19 con mayoría simple. ¿No le parece una contradicción?
No, no. No se puede pensar en esos términos. Las circunstancias van produciendo necesidades. Las leyes siempre van a la saga de los hechos. Primero se produce una necesidad y después hay una respuesta. Si se pensó en algún momento que aquella era una solución para ese momento y luego se admite que puede ser modificada, bienvenido sea. Todo es perfectible. Desde Justicia Legítima estamos tratando de instalar un debate con carácter permanente. Me parece que esta es la cuestión central. No pensar que con estas leyes se resuelve todo ni que Justicia Legítima logra al otro día con cuatro o cinco normas resolver el problema. La idea es que a partir de ahora tengamos la gimnasia de la discusión permanente. Este es el cambio de paradigma.

¿No cree que la creación de nue vas Cámaras de Casación puede burocratizar aún más la Justicia en vez de agilizarla?

Para nada. Yo creo que hay que atenerse claramente a las letras de la Presidenta cuando presentó los proyectos. Ella está hablando de agilizar la justicia. En el caso de los juicios por los crímenes de la dictadura tenemos muy pocas sentencias firmes. En proporción a la cantidad de casos son muy pocas. La idea que uno tiene es que los plazos procesales hoy son eternos, son crónicos. Pensar que esto burocratiza más es salirse de la premisa principal que impulsó el cambio. Es al contrario.