Los ministros de la Corte Suprema
están muy preocupados porque sospechan que las reformas que pretende
introducir el Gobierno en el Consejo de la Magistratura apuntan
directamente a "vaciar de poder" al máximo tribunal.
El grado de inquietud es tan profundo que ayer la Corte
celebró una reunión por fuera de su agenda habitual -en general los
jueces se reúnen los martes- para analizar el impacto que tendrán todos
los proyectos de reforma judicial, aunque en particular se focalizó
sobre las enmiendas al Consejo de la Magistratura.
El acuerdo extraordinario se celebró a media mañana y,
aunque la Corte evitó difundirlo, LA NACION pudo averiguar que ése fue
el tema excluyente de la conversación.
Ninguno de los jueces quiso faltar a la reunión, que
tuvo asistencia perfecta: los siete jueces supremos -el presidente del
máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti; Elena Highton; Carlos Fayt; Juan
Carlos Maqueda; Enrique Petracchi; Carmen Argibay, y Raúl Zaffaroni-
debatieron durante una hora, y todos, incluido Zaffaroni, coincidieron
en el análisis que hacen de los proyectos.
Entre los ministros, el diálogo a puertas cerradas fue
claro, pero los jueces nunca repetirán en público lo que piensan y
evalúan en la intimidad. El martes último, cuando habló en
representación de la Corte, Lorenzetti dijo que los ministros no
opinarán públicamente para evitar ser recusados cuando les toque
intervenir en una causa. Aseguró que no tienen una opinión formada sobre
el tema.
Pero en reserva los magistrados estarían muy preocupados por las fuertes transformaciones que tendrán las nuevas medidas.
El malestar, en realidad, había comenzado a sentirse la
semana última, cuando los jueces analizaron si debían o no concurrir al
acto donde el lunes último la Presidenta anunció los proyectos. Pero el
martes, una vez que los jueces conocieron la letra chica de las
reformas, el enojo y el temor se hicieron más palpables.
En los últimos días, uno de los ministros del tribunal
recordó que en 1989, cuando el entonces presidente Carlos Menem dejó
trascender que ampliaría la Corte, los jueces de entonces -entre los que
estaban Enrique Petracchi y Carlos Fayt- dictaron una durísima acordada
para advertir sobre los riesgos que la decisión tendría para la
Justicia.
Ayer, los jueces no decidieron seguir ese precedente.
Esta vez, no se decidió dictar acordada alguna. Pero los ministros sí
ordenaron a sus colaboradores hacer un muy pormenorizado análisis de la
reforma, que, en opinión de algunos, parece estar teñida por algunos
excesos y objetivos políticos.
La Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Pero
uno de los propósitos de la reforma del Consejo parece ser sacarle al
máximo tribunal todas las atribuciones que tiene en materia de
presupuesto, personal y de superintendencia.
En otras palabras, la Corte está corriendo el riesgo de
quedar reducida, simplemente, a un tribunal de justicia. Seguirá siendo
el tribunal más alto y el que tiene la última palabra a la hora de
dictar fallos -como ocurre hasta ahora-, pero no tendrá las facultades
de manejar a todo el poder que encabeza.
El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura
es bastante amplio y contiene modificaciones que afectarán tanto a los
jueces inferiores como a la Corte.
Por un lado, los jueces de primera instancia y los
integrantes de las cámaras de apelaciones sienten temor porque el nuevo
Consejo, que estará en manos del oficialismo, podrá conformar ternas de
jueces y removerlos por mayoría absoluta, sin el requisito de una
mayoría agravada que, todavía actualmente, obliga al Gobierno a buscar
consenso con la oposición a la hora de decidir sobre el destino de un
magistrado.
En otros términos, los jueces y su estabilidad estarán
en el puño de un Consejo dominado por el oficialismo, que de ahora en
más tendrá menos límites para tomar decisiones. Por eso ayer jueces en
todas las instancias y fueros también realizaban decenas de reuniones,
para hacer catarsis y analizar qué hacer.
Pero lo que preocupa a la Corte, más allá de las
observaciones que pueden surgir sobre los distintos proyectos de
reforma, tiene que ver fundamentalmente con el poder que el nuevo
Consejo le sacará a la Corte.
En efecto, la Corte perderá las facultades de
administración del Poder Judicial; no podrá fijar la política salarial;
no tendrá injerencia sobre el manejo del presupuesto, y tampoco decidirá
sobre el personal. Además, los empleados de la Corte en el Consejo no
tendrán estabilidad.
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