JUSTICIA LEGITIMA CERRO AYER EL ENCUENTRO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

  El punto de partida para una reforma de la Justicia...

En el cierre del encuentro de “Justicia legítima”, la defensora general, Stella Maris Martínez, llamó a que los jueces tomen empleados por concurso. Se debatió en talleres sobre independencia, participación ciudadana, transparencia e ingreso a la Justicia.

 Por Irina Hauser

“Después de esto, creo que ningún juez puede tomar un empleado sin hacer un concurso”, proclamó la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en un pequeño discurso de cierre del encuentro convocado por el movimiento judicial bautizado como “Justicia legítima”. El ingreso por examen para trabajar en tribunales, que elimine las prácticas nepotistas que llevaron a la construcción de la llamada familia judicial, fue quizá la propuesta más realizable a corto plazo de las que surgieron del evento que reunió en la Biblioteca Nacional a jueces, fiscales, defensores, empleados, estudiantes y gente suelta de otros ámbitos. Fueron dos días de debates con espíritu festivo y mucha catarsis de los participantes, que se esmeraron en articular conclusiones tras deliberar, ayer, en cuatro grupos. Más que anuncios, redondearon conceptos con los que apuestan a hacer más democrática a la larga una cultura que describen como burocrática y corporativa, y que van desde instalar la oralidad en todos los procesos, redefinir la independencia, erradicar los títulos honoríficos y el lenguaje críptico, hasta dar participación a la ciudadanía en el sistema y su control.

La asistencia masiva sorprendió al grupito inicial de autoconvocados, que tuvo como una suerte de madrinas a la defensora Martínez y a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. “Nos van a decir que el clima ayudó. Claramente esto es viento de cola”, ironizó el fiscal Félix Crous sobre el final del encuentro, desde una mesa larga y poblada sobre el escenario. Con el mismo aire socarrón agregó que por la Biblioteca pasaron, entre ayer y el miércoles, “dos mil personas que se enamoraron de las palabras” y que hablaron “bajo la epopeya de no quedar bien con tirios y troyanos”. Era una nueva alusión tácita al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuyos discursos buscan contentar a todos los sectores. “Los que estamos acá nos tomamos en serio el decreto de supresión de honores, acá no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento”, cizañó Crous. “En el Poder Judicial todo es revolucionario”, se rió el fiscal, y con él todo el auditorio, que estaba colmado.
El primer día de encuentro de “Justicia legítima” hablaron decenas de personas que se iban pasando el micrófono cada cinco minutos, el límite establecido. En la segunda jornada se dividieron en cuatro grupos, cada uno con un tema, y escribieron algunas ideas, que los coordinadores leyeron al atardecer. El taller más concurrido fue el de “Independencia judicial” y, llamativamente, el que menos asistencia tuvo fue el de “Transparencia”. En ambos se esperaba surgiera la discusión sobre las exenciones impositivas que benefician al Poder Judicial y los ministerios públicos, pero se tocó de manera colateral. Otro grupo analizó los mecanismos de ingreso al Poder Judicial y el cuarto, las posibles formas de participación de la ciudadanía en los quehaceres judiciales y la “gestión democrática”.
Las definiciones a las que llegaron no fueron taxativas, pero sí empiezan a delinear un modelo de Justicia bien distinto del que se conoce en la actualidad. La mayoría de las reformas que por el momento plantea esta corriente judicial no son legislativas, sino que pueden realizarse desde adentro del Poder Judicial mismo. “Ahora los que tengan capacidad de decisión para implementar las reformas tendrán que hacerse cargo”, advirtió el camarista de Casación Alejandro Slokar, en alusión a los tribunales de mayor jerarquía (desde las cámaras a la Corte) facultados para, por ejemplo, modificar las reglas de ingreso o la efectiva realización de audiencias orales. Los núcleos fuertes donde el debate encontró las mayores coincidencias son éstos.
n “Para ingresar al Poder Judicial y los ministerios públicos hay que rendir examen. Es una exigencia institucional”, resumió la camarista María Laura Garrigós de Rébori ante el público presente. En relación con los jueces, explicó que se analizó la posibilidad de revalidar los cargos periódicamente y que tengan que exhibir el trabajo que realizan, aunque este punto no derivó en una idea contundente.
n Todos los procesos judiciales (no sólo los penales sino los comerciales, civiles y laborales) deberían ser orales. Debe estar a la vista lo que los jueces hacen hasta que fallan, lo que a su vez abrevia plazos en el laberinto judicial. Esto es regla en el fuero penal, pero hay jueces que no lo aplican o lo hacen a pedido de parte. Para otros fueros habría que reformar los procedimientos. De manera menos concluyente, sin entrar en detalles, se analizó implementar el juicio por jurados para que la gente de a pie participe en procedimientos judiciales; incluso se evaluó la participación ciudadana en los órganos de selección de jueces. De la lista de ideas quedó excluida la de empezar a pagar el Impuesto a las Ganancias, que evidentemente no tuvo respaldo absoluto.
Hay que “suprimir el trato honorífico a los magistrados”, señaló el fiscal de Casación Javier de Luca, un punto donde hubo coincidencia plena. Todavía algunos jueces exigen que los llamen “Su Señoría” o “Vuestra Excelencia”, y no faltan abogados que usan la denominación de manera espontánea. En la misma línea, hubo propuestas con fuerte aval para implementar modos de organización horizontal en tribunales, donde no haya jerarquías sino reparto de responsabilidades.
Hubo un llamado general a erradicar el lenguaje críptico de las decisiones judiciales y buscar formas de acercar el servicio que debe prestar el aparato judicial a toda la ciudadanía, incluso instalando juzgados y defensorías en barrios carenciados.
Casi un leit motiv de la autoconvocatoria fue redefinir la “independencia judicial” o, mejor, reemplazar el eslogan que la asocia con las posibles presiones del poder político por un concepto más amplio que prevenga también sobre la incidencia de todas las corporaciones (económicas, mediáticas y eclesiásticas y la judicial misma) en el trabajo y las decisiones de los jueces.
“Hemos llegado a un momento de inflexión y tendremos que preguntarnos si queremos volver cada uno a su casa sin hacer nada, como después de innumerables congresos a los que asistimos, o si queremos hacer carne el cambio que anhelamos. Si es así, cada uno de nosotros tiene que militar por estas conclusiones”, convocó Stella Maris Martínez. “Si queremos una Justicia legítima tenemos que hacer que se cumplan en nuestro trabajo estas exigencias y sumar a la comunidad a este movimiento”, agregó. Crous anunció que el 31 de mayo habrá un nuevo encuentro asambleario en La Plata. Allí continuará la tormenta de ideas y se discutirá si “Justicia legítima” tendrá alguna forma de articulación más orgánica.
Antonio Cluny, juez de la Audiencia de Portugal que es referente de Magistrados Europeos por las Libertades, un movimiento de jueces y funcionarios judiciales críticos, se despidió diciendo que había pasado por muchos acontecimientos de este tipo, pero que jamás vio “algo tan genuino”, que definió como “una especie de refundación del sistema de justicia”.