Carlos Martín Amad
Fiscal General Subrogante ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia, Chaco.
La cruda realidad es que ninguno de los jueces de la Nación, incluyendo a fiscales, defensores oficiales, funcionarios y
empleados paga el impuesto a las ganancias, lo cual coloca al “Poder
Judicial”, en mora frente a las demandas de la sociedad actual en la que no
se conciben privilegios.
Entonces, a partir de esto que, claramente es una
prerrogativa inaudita nace la pregunta que seguramente nos hacen a diario el
kiosquero, el jubilado, el dueño del mercado del barrio, amigos que ejercen
profesiones liberales o algún pariente que, ante la respuesta de que nuestros
jueces no pagan el Impuesto a las Ganancias como si lo hace el resto de los
trabajadores argentinos dicen que es una vergüenza. Vergüenza que ha llevado a
varios a ocultar, negar o tergiversar las sumas que perciben cada fin de mes y se
incomodan aún más ante el interrogante de si pagan algún impuesto y reaccionan como
si les cayese un balde de agua fría, se espantan, se refugian en la
Constitución Nacional para fundamentar la prerrogativa fiscal.
Luego, algunos de los exegetas de la Carta Magna, la que
por un lado les da el bill de indemnidad en la cuestión tributaria interpretan
las normas que rigen la materia cautelar, competencia y/o acciones de amparo
como les viene en gana, siempre a favor de los poderosos.
Nótese que no existe jurisprudencialmente discusión acerca
de que los Jueces tributen el impuesto a las ganancias. Pero si se generaron
numerosas, variadas y novedosas interpretaciones constitucionales acerca de la
duración de medidas cautelares ilegítimas, que son dictadas por Jueces para
tutelar el derecho corporativo por sobre el interés general de la sociedad.
Haciendo un poco de memoria, hace 16 años aproximadamente
se sanciono la ley 24.631. Pero la Corte de entonces –la de mayoría automática– frustró su implementación mediante la firma de una Acordada
suscripta por los propios jueces comprendidos en la Ley. Es decir, al tiempo de
resolver fueron Juez y parte. Esto que claramente es una desmesura por ser
sutil es la Justicia que poseemos y a la que estamos sometidos los argentinos.
No debemos olvidar que en alguna oportunidad, parapetándose en un criterio
tomado de la jurisprudencia de los Estados Unidos se legitimó el discurso de
que los Jueces no debían tributar, pero sin aclarar que dicho precedente fue
dejado de lado en 1.939 cuando la Corte (EEUU) sostuvo
“…someterlos a un impuesto general es reconocer simplemente que los jueces
también son ciudadanos y que su función no genera inmunidad para participar con
su conciudadanos en la carga material del gobierno cuya Constitución y leyes
están encargados de aplicar…”.
No obstante lo cual nuestro Poder Judicial mantiene ese privilegio, el
que se vio cristalizado con el dictado de la Acordada Nº 20/96, que declaró la
inaplicabilidad de una Ley del congreso so pretexto de salvaguardar la
independencia del Poder Judicial. Entiendo que no se es dependiente o
independiente por pagar tributos, y que es importante eliminar los privilegios,
dando operatividad además a los principios de igualdad, equidad y solidaridad
en el cumplimiento de las cargas públicas a la que todos debemos someternos.
Que los Jueces paguen impuestos es una condición
indefectible del nuevo contrato social de esta Nación, que todos somos iguales
ante la ley, en derechos y obligaciones, llegó el momento que la justicia estrictamente
se identifique con la palabra que la califica, que haga honor a su propio
nombre y naturaleza.
En efecto, la discusión es profunda y gran parte de la
justicia está en camino de hacer realidad esa quimera, que es lograr instalar
la cuestión dentro de la sociedad y no en círculos cerrados. Es hora de abrir
la puertas en aras de la institucionalidad, la igualdad, la decencia y no solo
declamar seriedad, sino ser estandarte de ello, eso es lo que la sociedad, el
pueblo argentino espera de la Justicia, es decir, que se den mensajes ejemplares
de conductas republicanas.
Por ello es que surgió, entre otros temas la necesidad
imperiosa de dejar de lado los privilegios, lo cual implica un profundo cambio
cultural, el que seguramente nos colocará dignamente dentro de la sociedad y no
fuera de ella; pero también hay que seguir trabajando para reafirmar la cruzada
que es la única manera de lograr que el cambio sea viable y por ende duradero.
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