lunes, 11 de marzo de 2013

Justicia legítima, deber del estado


El debate en torno de la democratización de la Justicia y su legitimidad nos obliga a repensar la relación entre los poderes del Estado y revisar los modos a través de los cuáles los Ministerios Públicos y los Poderes Judiciales construyen su legitimida
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Hay un contraste entre las formas de construir, sostener y revalidar -o no- la legitimidad de los integrantes de los poderes del Estado en la Argentina actual. Mientras los integrantes del  Ejecutivo y Legislativo están obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía –con limitaciones y falencias empero los contralores existen- el Poder Judicial parecería no estar obligado a controles desde afuera de la institución. Es notable la ausencia de mecanismos de control para los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos. Los pocos cambios favorables para revertir esta virtual petrificación en los cargos -por ejemplo al intervenir en los accesos por concurso o a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura- fueron promovidos desde los otros poderes que ejercieron una valiosa función de contrapeso. Queda mucho camino por recorrer.
Entre otras cosas considero que: es tiempo de replantear en una sociedad democrática como la nuestra que los integrantes del Poder Judicial y Ministerios Públicos mantengan un ‘privilegio’ que los aleja de la sociedad como es la  ‘intangibilidad’ de sus haberes.
Es indispensable también que la legitimidad del rol que ocupan magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerios Públicos se construya en base a su capacidad para desempeñar ese rol, su formación y capacitación y la probidad con la que lo ejercen. Es decir, la legitimidad debe sostenerse en virtud de criterios de excelencia armonizados con toda la sociedad y de acuerdo a las reglas del juego democrático, y no como un título nobiliario vitalicio. La permanencia en los cargos debe estar supeditada a un eficaz servicio de justicia, la imparcialidad de las decisiones y la transparencia del desempeño profesional. Si hay muestras de la carencia de dichos elementos, un magistrado no debería poder mantenerse en su cargo -tal como sucede en los otros poderes- y un funcionario no debería ser promovido.
Legitimidad e independencia real deben ser pilares de los servicios de justicia para poder construir una relación más estrecha con los problemas que afectan a la sociedad y a los diversos grupos y sectores que la conforman. Ello permitiría debilitar los muros que en la mayoría de los casos alejan a los magistrados de la gente corriente. El Poder Judicial y los Ministerios Públicos deben ser mucho más permeables al sufrimiento de los damnificados y no dejarse influenciar por el lobby de algunos estudios poderosos; deben dejar de confundir independencia con desinterés, insensibilidad frente a la pérdida  de derechos de los ciudadanos comunes, sin recursos y faltos de conocimiento jurídico. Deben estar sensibilizados y poder afrontar decisiones racionales y certeras en cuestiones de género o de relativismo cultural. Es necesario aprovechar este momento de cambios para mejorar los mecanismos de acceso a la justicia, agilizar los procesos y transparentar los juicios. 


En esta línea el INECIP propuso diez puntos indispensables para cualquier debate sobre cómo democratizar la administración de justicia:


1. Juicio por jurados para todas las ramas del derecho.
2. Transparencia, publicidad, oralidad y audiencias públicas en los procedimientos de todos los fueros.
3. Horizontalidad en las organizaciones de jueces.
4. Autonomía plena de la Defensa Pública.
5. Reorganización del Ministerio Público Fiscal hacia los intereses sociales y de las víctimas.
6. Democratización del gobierno de los jueces.
7. Reorganización funcional de la Corte Suprema de Justicia.
8. Reconocimiento de la administración de justicia de los pueblos indígenas.
9. Fortalecimiento de los jueces de paz, tribunales vecinales y centros comunitarios de acceso a la Justicia.
10. Reorganización del funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

 
Finalmente, es preciso insistir en que las sociedades actuales requieren de un sistema más complejo de controles inter e intra poderes del Estado para impedir que las minorías poderosas decidan unilateralmente sobre los derechos de las mayorías. Más aún cuando esas minorías se arrogan un lugar de aparente –y falsa- neutralidad, sea éste el atril de la ‘ciencia’, de la ‘justicia’ o de la ‘verdad’.  Ese desafío lo deben asumir los tres poderes del Estado.
Así, luego de 30 años de democracia se realizaron estas primeras jornadas de trabajo en las que se planteó a través del debate una nueva forma de justicia: más democrática, menos estigmatizadora, más cercana a la ciudadanía, menos elitista, más moderna, menos burocrática, más participativa y por sobre todo, teniendo en cuenta las necesidades reales de la gente.

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