domingo, 30 de junio de 2013

La Corte de Fernando VII



Por Alejandro Alagia ** Fiscal general, miembro de “Justicia legítima”.

Si los supremos magistrados que hoy se oponen a la reforma democratizadora del Poder Judicial ocuparan igual posición en la época de la colonia habrían resistido la Revolución de Mayo y sus ideales de soberanía política

Entre el derecho de la población a participar directa o indirectamente en el gobierno del país y los privilegios corporativos y estamentales, la Corte Suprema se aferra a lo peor del pasado. Menos democracia y más República es la bandera de la oposición conservadora que declara que los jueces para ser justos tienen que ser independientes de la voluntad popular. La República puede ser aristocrática, oligárquica o simplemente el gobierno de los poderosos con la única condición de que el soberano no sea el mismo que gobierne, dicte las leyes y juzgue los crímenes o resuelva los pleitos.

 La República reparte el poder y el gobierno entre los poderosos. La democracia y la extensión de los derechos sociales y políticos para el gobierno de la población y la administración de los recursos de un país son, en cambio, las más hermosas y potentes conquistas políticas modernas que tiene el pueblo común para su autodeterminación. El fallo de la Corte legitima el peor de los colonialismos, el interno. No es el pueblo sino los que saben quiénes deben gobernar el reparto de castigos y de bie-nes. Con el mismo desprecio por el saber popular, la cultura jurídica y judicial dominante ha impedido hasta hoy los juicios por jurados que es una demanda democrática de más de un siglo y medio. 

La peor enseñanza que este fallo deja es ésta: que la función del gobierno judicial es la de evitar los excesos de democracia política. ¡Función judicial contramayoritaria para proteger derechos de minorías! Prejuicio y terror oligárquico a la participación ciudadana como en la época anterior al sufragio universal. Una vergüenza ¿Magistraturas antipolíticas? Cinismo descarado con el que se quiere presentar al gobierno judicial simplemente como un servicio público técnico, a la imagen de una guardia médica o una oficina de transporte. 

Desconfianza en el pueblo que está para ser dirigido como un rebaño incapaz de entender lo justo y lo moral. No es improbable que una mayoría electoral se equivoque sobre lo que es mejor para su sociedad, pero siempre será infinitamente más doloroso para todos el error de un estamento que, en tanto guardianes de la ley, de lo que existe, de lo que es bueno y posible, no deja de arrastrar, como a lo largo de todo el siglo XIX y XIX, a grupos enteros de la población a verdaderos mataderos y a privaciones aberrantes. No tenga miedo la corporación colonial. Siempre las mayorías coyunturales tendrán como límite a su poder soberano reglas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. No fueron los jueces los que dieron su vida para conquistarlas. Ahora sabemos también que no dan su inteligencia para hacerlas valer.

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