Desde el primer encuentro de la Biblioteca Nacional
del 27 y 28 de febrero se han incorporado al colectivo JUSTICIA LEGÍTIMA
numerosos actores provenientes de todos los espacios de la comunidad, que
siguen aportando propuestas, ideas, inquietudes y reclamos; alimentando y
haciendo crecer así el debate libre y plural que caracteriza a este movimiento.
Desde entonces se han celebrado una decena de asambleas a lo largo y ancho del
país y multiplicado los foros de discusión, notas de opinión y comunicados que
explicitaron los principios rectores para la transformación a la que aspiramos.
También en este lapso se promulgaron algunas leyes que constituyen un andamiaje básico —aunque insuficiente— para la tardía democratización de la justicia, deuda pendiente de la democracia. JUSTICIA LEGÍTIMA acompañó, con observaciones y aportes, este conjunto de iniciativas que considera una contribución relevante a la obtención de los objetivos que nos congrega.
Entre estas leyes, la que dispone la elección popular de los representantes de los jueces y abogados en el Consejo de la Magistratura despertó la airada disidencia de algunas de las instituciones que hoy los agremia. Esta disconformidad se tradujo en la interposición de varias acciones judiciales, tendientes a neutralizar su vigencia y sabotear la ampliación democrática.
Concita nuestra preocupación el rechazo pertinaz de una parte de la magistratura y de la abogacía al incremento de la presencia de la voluntad popular en la elección de aquellos que integrarán el Consejo de la Magistratura.
Tal repulsa al ejercicio de la soberanía popular pretende justificarse en una interpretación restrictiva de la Constitución, que olvida uno de los principios rectores que la define: la forma de gobierno representativa, por voluntad del poder constituyente originario. Así, la habilitación de la participación del pueblo en la conformación de todas sus instituciones afianza, consolida y expande la ideología inspiradora de la carta política de nuestra Nación.
La oposición a la elección popular de los consejeros exhibe al desnudo la
impronta monárquica que todavía coloniza el pensar y el hacer de muchos
magistrados; quienes se perciben como predestinados al cargo que ostentan y, en
cambio, consideran a los ciudadanos como convidados de piedra del servicio que
deben brindar.
La salida de la encrucijada que enfrentan hoy los jueces que deben definir
las presentaciones de sus pares, que reclaman en defensa del corporativismo
judicial en desmedro de los derechos del pueblo, demostrará si el anciano foro
conservador está dispuesto a hacer un aporte a la democracia —revisando los
aspectos más nocivos de la institución, sus prácticas y su cultura—, o
prolongará su agonía replegándose sobre sí mismo, sin pudor ni límites, y al
costo de profundizar su distanciamiento de la sociedad, mal disimulado tras una
cortina de abstracciones discursivas y rituales cosméticos.
Quienes conformamos JUSTICIA LEGÍTIMA solo concebimos al Poder Judicial como
un servicio del pueblo para todo el pueblo. Somos conscientes de que
confrontamos contra un orden de privilegios que resiste con virulencia
cualquier intento de cambio y ataca arteramente la activa labor de probos y
comprometidos magistrados. Por eso mismo, seguiremos trabajando en pos de
nuevas reformas, como aquellas que atiendan a fortalecer el acceso a la
justicia, la oralidad en todos los procesos e instancias y la participación
ciudadana en los procesos judiciales; así como en hacer realidad la expresa
letra del artículo 114 de la Constitución Nacional en cuanto prescribe la
forma en que se deben administrar los recursos del poder judicial. La prioridad
estará puesta en que la justicia llegue a los que más la necesitan, como los
pueblos indígenas, los sectores campesinos, los trabajadores, los grupos más
vulnerables de la sociedad. Todos aquellos que penan por las injusticias que
padecen.
Con estos desafíos por delante, definimos constituirnos formalmente como
Asociación Civil y convocamos al Tercer Encuentro Nacional que se celebrará en
el mes de septiembre en Mendoza.
Nuestra lucha es irrenunciable e inclaudicable, más allá de cualquier
vicisitud, porque es la lucha por lo que falta de Democracia.
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