ALEJANDRA GILS CARBO

Por Ailín Bullentini
 
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, calificó al movimiento “Justicia legítima”, que integra desde sus inicios, como un “quiebre a la Justicia arcaica que reinó hasta ahora”. Confiada, contenta tras la concreción de un nuevo encuentro nacional del colectivo que surgió en diciembre pasado y que forma parte de la nueva fotografía del sistema judicial, reiteró en diálogo con Página/12 que el objetivo de la iniciativa, que ya existe como asociación civil, es imprimir un “cambio cultural” en la Justicia, que varios sectores siguen resistiendo. “No nos sorprende. Sabíamos desde el principio que iba a haber grandes reacciones porque las corporaciones que manejan los hilos de la Justicia se van a resistir con todas sus fuerzas”, expresó.

–¿Considera las denuncias penales contra usted y los fiscales nombrados en las nuevas procuradurías como reacciones contra el cambio cultural que busca “Justicia legítima”?
–El hecho de que haya 40 fiscales que estén denunciados nada más que porque creé nuevas procuradurías que intentan profundizar la atención sobre diferentes tipos de crímenes es un indicio de que algo no está funcionando. Los jueces deberían combatir el delito y no a los fiscales que combaten el crimen organizado. Como titular de la Procuración debo estar sometida a todas las investigaciones que se me quiera hacer, pero no voy a abdicar de los principios constitucionales que rigen mi gestión: la autonomía. Esa autonomía que fue reconocida por los constituyentes y es un logro del Estado de derecho que permitió que el Ministerio Público diseñe sus estrategias, sus políticas propias y tome la decisión de reforzar su actuación con la designación de fiscales ad hoc y subrogantes. Hay jueces y defensores subrogantes y ad hoc en el funcionamiento judicial que no están investigados ni denunciados, ni siquiera sospechados. Esto tiene que ver con el movimiento de “Justicia legítima”, que verdaderamente es un quiebre de la Justicia arcaica que reinó hasta ahora.

–¿Cuáles son las nuevas metas de “Justicia legítima”?
–Cuando empezamos pedíamos un cambio y ese cambio comenzó a aplicarse. Hay seis nuevas leyes aprobadas que en su momento el movimiento apoyó porque entendimos que estaban dirigidas a quebrar el funcionamiento corporativo de la Justicia. Pero es sólo el inicio. Plantemos un cambio cultural en la Justicia mucho más profundo, porque tenemos todavía una estructura decimonónica que no encuadra en la complejidad del mundo moderno. No sólo por el crecimiento exponencial del crimen organizado, que es global, sino porque hoy los dilemas sociales se visibilizan más que nunca porque ha crecido un paradigma igualitario. Aún hay sectores del sistema judicial que no lo comprenden.

–Los expositores en los paneles del encuentro llevaron deudas muy grandes del sistema judicial al debate: los trabajadores, los pueblos originarios y los campesinos en su reclamo de tierras. ¿Qué lugar tienen en el planteo de un nuevo sistema judicial? ¿Es suficiente el cambio cultural de la Justicia o se requiere también voluntad política?
–Esos referentes revelan cómo la respuesta de la Justicia ante sus reclamos siempre fue el de las puertas cerradas. El cambio cultural se trabaja principalmente desde el debate y también desde nuevas políticas. “Justicia legítima” está integrada también por ciudadanos y organizaciones sociales. Juntos trabajaremos este año, principalmente, en nuevos proyectos para ir avanzando hacia procesos más transparentes con participación ciudadana y con mayor oralidad.