ABEL CORDOBA, DE LA PROCURADURIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL, EXPLICA LOS HORRORES DEL SISTEMA JUDICIAL-POLICIAL Y CARCELARIO
El titular de la Procuvin describe los
mecanismos de la violencia institucional y la incondicionalidad judicial a las
torturas y muertes. Interviene en casos como el de Luciano Arruga y el de las
Viejas Locas. Por año, en las cárceles mueren 300 personas.
Por Horacio Cecchi
“En las cárceles
argentinas muere una persona cada 38 horas. Esto pasa porque, entre otras
cuestiones, la Justicia es incondicional a la tortura y la muerte”, dijo
Abel Córdoba, fiscal titular de la flamante Procuvin (Procuraduría de Violencia
Institucional) creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, durante
una entrevista con Página/12. Córdoba relató las acciones del flamante
organismo que en cuatro meses generó actuaciones que nunca antes había
movilizado la Justicia y describió las condiciones de vida de los presos en las
cárceles como “infrazoológicas: si hubiera animales, la sociedad y las
organizaciones de defensa de los animales no lo tolerarían”. La Procuvin
lleva adelante causas como la desaparición de Luciano Arruga, el ataque de la
Metropolitana en el Borda, las cadenas de la cárcel de Córdoba o el
hacinamiento en la cárcel de Mendoza.
– ¿Cuál fue el motivo
de la creación de la Procuvin?
–Dentro de la política que implementó
la procuradora general Gils Carbó, el primer trabajo fue determinar aquellas
materias en las que había que reforzar la actividad fiscal por respuestas
deficientes del sistema judicial o por la gravedad de los hechos. En violencia
institucional tenemos los dos factores, las respuestas deficientes a una
vulneración de derechos humanos constante y masiva.
– ¿A qué se refiere
con masiva?
–Que afecta a decenas de miles de
personas. La población total de personas detenidas en el país es de más de 60
mil, quizá sea de 65 mil personas. A disposición de la Justicia federal hay
alrededor de 14 mil. Tomando en cuenta lo que sabemos sobre la realidad
carcelaria, torturas, vulneración de todos los derechos, no vemos una respuesta
judicial acorde.
– ¿Cómo es que funciona
el mecanismo que sostiene la vulneración?
–Son crímenes que funcionan con una
legitimación, se supone que son la consecuencia del funcionamiento
institucional, que para que la cárcel funcione, necesariamente va a avasallar
derechos y eso está justificado, que para que la policía haga procedimientos
enérgicos para cumplir sus fines va a tener que avasallar derechos. Esa primera
legitimación tiene que ver con una institución que está cometiendo crímenes, la
penitenciaría, la policía o la Justicia.
– ¿Qué tipo de
crímenes son los que detectaron durante sus intervenciones?
–Como dice Zaffaroni, hoy tenemos la
pena de pasar un determinado tiempo en prisión a lo que se le suma una pena de
muerte aleatoria. De las 60 mil personas detenidas sabemos ya que de acá a un
año van a morir trescientas personas. No sabemos cuáles ni habrá sustento legal
para seleccionarlas. Hoy mandar una persona a la cárcel implica la pena de
privación de libertad, de privación del sistema de salud, la de exclusión del
sistema educativo, el sometimiento a torturas, y todo ese contenido de la pena
es ilícito.
– ¿Trescientas
personas en un año?
–En el sistema nacional muere una
persona cada 37 o 38 horas.
– ¿Incluye todas las
jurisdicciones?
–Todas las personas encerradas en el
país.
–Es decir,
trescientas condenas a muerte sin existir la condena a muerte. ¿Son muertes
violentas o por desatención?
–Hay de todo, el modo de producir la
muerte es la omisión de todo. Es encerrar a una persona y no permitirle el
acceso a ninguna asistencia. Hay personas que mueren por una infección de una
muela, no las atienden y terminan muriendo de una causal propia del siglo XIX,
o por tuberculosis; y también está la consecuencia directa del gobierno
penitenciario que son los suicidios. En los espacios de encierro, lejos de
poder ser considerados un fenómeno individual propio de la conducta de la
persona que decide matarse, es parte de la presión penitenciaria.
–Al recorrer los
lugares de detención, ¿con qué se encontraron?
–Constatamos que las condiciones son
infrazoológicas. Si hubiera animales, la sociedad y las organizaciones
protectoras no tolerarían que estuvieran en esas condiciones. El límite de la
violación de derechos es la resistencia biológica de las personas, lo dicen los
propios médicos penitenciarios. No se mueren todos porque son jóvenes, y el
cuerpo les aguanta. Es el único respaldo que hay, el único paraguas.
–Y no viene dado por
el Estado.
–No viene dado por la legalidad, se
muestra como componente de la democracia incompleta que tiene estos dos grandes
nichos pendientes, lo policial y lo penitenciario, y lo judicial, que es
incondicional a las muertes y las torturas.
– ¿Podría ampliar
esto que menciona como los nichos pendientes de la democracia?
–Si constatamos la dinámica policial,
por ejemplo, en algunos hechos donde hay muertos, donde hay situaciones que
indican que hay responsabilidad de la fuerza (policial) o que son consecuencia
de un hostigamiento previo que deriva en una desaparición, se trata de resabios
de una dinámica ilegal de la fuerza que lleva décadas y que ya son compatibles
con la democracia. Ya no hay que sacar la cuenta de cuántos años de democracia
hace que esto ocurre, porque ya está demostrado que a 30 años de democracia eso
no se corrige. Puede funcionar igual, la fuerza puede tener conductas ilícitas
constantes sin que sea incompatible con la democracia, con lo que requiere de
un abordaje distinto. En las cárceles pasa lo mismo. Ahora, si esa cifra de
una muerte cada 38 horas, que es una cantidad escandalosa, se duplicara no
parece que el sistema judicial reaccionaría porque tiene una posición de
incondicionalidad con esa violencia. Por eso, el Ministerio Público tiene que
intervenir.
– ¿Por qué cree que
se produce esa incondicionalidad?
–Tiene que ver con la legitimación. Son
sectores sociales criminalizados, la dificultad de ver a esas personas que la
Justicia encarcela como víctimas, se supone que son victimarios, y aun cuando
sean víctimas de tortura, no se toma en cuenta su palabra. En Reconquista pasó
(Página/12 publicó el caso en abril y mayo pasados), el juez dio por probado el
discurso policial y desconfió de las víctimas. Quedaron detenidas las
víctimas, por el discurso de la policía, y no los policías, porque no se le dio
entidad a la palabra de las víctimas. También estamos trabajando mucho en sacar
los casos de la excepcionalidad, porque cuando vemos un video de torturas, la
primera reacción oficial es considerarlo un hecho aislado, una manzana podrida,
y eso permite no hacerse cargo de que se trata de una dinámica institucional
constante, y aparece como un hecho excepcional. Pero lo excepcional es acceder
a ese video, la tortura es constante. Si se considera que es producto de la
conducta de un delincuente se solapa la dinámica institucional.
–Antes mencionaba las
condiciones de alojamiento carcelario y las definió con un término impactante:
infrazoológicas.
–Sí, las condiciones infrazoológicas
de detención son equivalentes a los centros clandestinos de detención. Uno
entra a celdas de dos por dos donde hay seis personas tiradas, las paredes
están llenas de cucarachas, donde cuesta estar, es doloroso, violento sólo ir a
comprobarlo...
–Ya que lo compara
con los centros clandestinos ¿podría tratarse como un delito de lesa
humanidad?
–Afecta en términos masivos a una
población inmensa. Habría que debatirlo, pero creo que tiene material como para
que se lo trate de esa manera. Yo trabajé en delitos de lesa humanidad en Bahía
Blanca. Siempre me imaginé a partir del relato de las víctimas cómo eran los
centros clandestinos de detención. En la fantasía serían lugares oscuros,
sucios. Cuando fui a algunos pabellones de las cárceles la sensación que tuve
es que estaba constatando las condiciones relatadas por las víctimas de los
centros clandestinos, en otro contexto, son otras víctimas, pero hay una
continuidad y hay algo que resulta intolerable, que es que los hábeas corpus se
sigan resolviendo como los resolvían los jueces durante la dictadura, mirando
para otro lado, incorporando el discurso del agresor.
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