“La Corte puso de
manifiesto su función legislativa; es un nuevo caso de gobierno de los jueces”,
afirmó el titular de Derecho Constitucional de la UBA, Raúl Gustavo Ferreyra, al
referirse a las acordadas del máximo tribunal que disponen la inaplicabilidad de
varios artículos de las leyes de reforma judicial. Y agregó que el “ejercicio
inusual de este poder legislativo genera la ‘inaplicación’ de reglas sancionadas
por el Congreso federal, con iniciativa de la Presidenta de la República”. Por
su parte, Roberto Boico, docente de Teoría General y Filosofía del Derecho de la
UBA, sostuvo que “la Corte está estableciendo cuáles son los alcances de una ley
votada por el Congreso”. El especialista aclaró que “la acordada es una función
administrativa que tiene la Corte por ser cabeza del Poder Judicial, que tiende
a la organización de la estructura”. Según Boico, las tres acordadas se
corresponden con una lectura con la cual “poco a poco se va socavando la reforma
judicial, el paquete de seis leyes que el Ejecutivo envió al Congreso con el
horizonte de democratizar la
Justicia”.
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