“No me sorprende”, dijo la
jueza María Laura Garrigós de Rébori, sobre la decisión de la Corte Suprema de
anular parte de la reforma judicial. La magistrada preside la agrupación
Justicia Legítima, pero aclaró que hablaba a modo personal y recordó que la
acordada del máximo tribunal se suma a una similar emitida la semana pasada,
cuando suspendió el funcionamiento de las Cámaras de Casación creadas por
ley.
Según Garrigós de Rébori, los jueces
dijeron que será “hasta que la propia Corte provea los medios para
implementarlas, pero en los hechos no hacen nada para que ello
suceda”.
Sobre la difusión de las sentencias, la
jueza sostuvo que “la Corte no está cumpliendo con la ley porque el Centro de
Información Judicial no contiene capacidad en su servidor para dar cuenta de la
totalidad de ellas”. El ministerio de Justicia les habría ofrecido la
posibilidad de utilizar la plataforma de Infojus, pero los supremos lo
rechazaron. Según ejemplificó, los fallos de la Cámara que integra son enviados
al CIJ, pero no siempre aparecen. A su criterio, “pareciera que la Corte está
decidida a no cumplir con el paquete de normas que integran la reforma
judicial”.
En cuanto a la modificación del ingreso
al Poder Judicial, hay un estado de indefinición porque sobre esto la Corte
Suprema aún no se ha pronunciado. En los hechos los empleados que están
ingresando se encuentran en una suerte de “limbo” porque sus cargos no tendrán
estabilidad hasta que la Corte defina cómo será el acceso. Es decir, su
situación laboral se encuentra ad referendum del pronunciamiento de la Corte. En
Tribunales comentan que si no hay una definición en el corto plazo, seguramente
surgirán reclamos e incluso conflictos porque si no se generaría una virtual
paralización de los juzgados y cámaras. “Nadie rinde examen aún, pero tampoco
nadie tiene estabilidad, no es una situación que pueda mantenerse demasiado
tiempo sin generar consecuencias”, advierten.
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