El Frente Grande tiene una antigua
aspiración que consiste en lograr el acceso a la justicia de todos los sectores
y sobre todo de los más vulnerables. Este deseo implica ver en la realidad un
sistema judicial democrático y del lado del pueblo. Por el contario vemos que
el Poder Judicial es un instrumento para perseguir a sectores populares y
utilizado en muchas ocasiones para proteger intereses poderosos. La justicia
hoy es un herramienta de las corporaciones, con contadas excepciones de jueces
y juezas que realizan su labor cumpliendo las leyes y la constitución.
Nuestra Presidenta la Nación, Cristina
Fernandez de Kirchner, también lo entiende de esta manera y este año ha
comenzado el debate de la reforma judicial a nivel nacional. Sus propuestas de
democratización del Poder Judicial, su lucha contra las corporaciones, por
alcanzar un verdadero acceso a la justicia, nos ha alentado a elaborar una
propuesta amplia que de sancionarse implicarán una reforma sustancial del poder
judicial.
También hemos recogido estas inquietudes
de diversos sectores: funcionarios y funcionarias del Poder Judicial Local y de
otras Provincias. Espacios como Justicia Legítima, los Congresos Federales “La
sociedad le habla a la justicia”, nuestra propia gestión legislativa siempre
del lado del sector que menos tiene, han inspirado la redacción de estos
proyectos y otros anteriormente. (A estos que se enumeran se deben sumar la
creación de los cargos de defensores oficiales y los de los juzgados laborales
como parte de la propuesta para el colapso de la justicia.)
1.
Reforma constitucional de la Sección del Poder Judicial:
una verdadera democratización de la justicia debe empezar por eliminar las
corporaciones que están dentro de la Justicia. Por ello creemos necesaria la
reforma de esta parte de la constitución que permita entre otras cosas la
incorporación de sectores populares en el Consejo de la Magistratura y la
elección directa de sus miembros por el pueblo. Mejorar el sistema de control y
transparencia es una deuda pendiente en nuestro sistema. Por otro lado
planteamos que sólo se pueda reformar esta parte de la Constitución para alejar
oportunismos y fantasmas respecto de re elecciones.
2.
Creación de la figura del Defensor General, estableciendo
la separación entre fiscales y defensores, garantizando la efectiva defensa de
calidad de los sectores que acuden a las y los defensores públicos. Para asegurar esto es necesario que no
dependan de un mismo Jefe como es hoy el Procurador General. En el ámbito penal
por ejemplo esta necesidad se explica porque aquél que acusa y aquél que
defiende en un proceso penal, tienen tareas contrarias. Seguramente dirán que
es inconstitucional porque nuestra Constitución dice que el ministerio público
depende del Procurador pero creemos que están por encima de ese artículo la
Constitución Nacional que establece la división y los tratados internacionales
de derechos humanos que nos obligan a garantizar la defensa efectiva. De todos
modos podemos reformar la constitución en este punto para realizar todas las
adecuaciones pertinentes. Además de crear la figura del Defensor General la
propuesta implica:
1)
Al
lado de la figura del Defensor General incorporamos auxiliares de la gestión y
articulación con la comunidad y otros los otros poderes del Estado. Estas
figuras son:
a)
Secretaría General con funciones
administrativas, que además elaborará el certificado de admisibilidad para la
persona o la familia que necesite acceder a la defensa pública.
b)
Secretaría
de Política Institucional y de Comunicación, tendrá por función todo lo vinculado a la coordinación de las relaciones
con la comunidad y los demás organismos del Estado a cargo de la defensa de los
intereses de los sectores más vulnerables.
Contará además con un área de asesoramiento a la ciudadanía para
garantizar el acceso oportuno y real a la justicia.
c)
Secretaría Penal que elaborará
protocolo de actuación y lineamientos para la reinserción de las personas
recluidas.
d)
Secretaría de Niñez y
Adolescencia elaborará protocolo de actuación y articulará con los organismos
de otros poderes para una rápida y eficaz intervención para proteger a la
infancia y a la adolescencia.
2) Con este
proyecto queremos incorporar la atención a los derechos colectivos y a los
sectores vulnerables de nuestra población como ser los pueblos originarios, las
mujeres, la infancia, las personas discapacitadas entre otros. En la ley
vigente no hay referencia a ellos una falta normativa que queremos solucionar.
3) También queremos erradicar el concepto de
pobreza para el acceso a la defensa pública ya que nos parece estigmatizante y
excluyente suplantando el mismo por una evaluación del impacto económico de una
defensa en el patrimonio del o de la solicitante. Elaborará un certificado de
admisibilidad que acredite este presupuesto.
4) Priorizamos
por encima de las instrucciones el interés de la persona defendida.
5) Buscamos
afianzar el perfil de la defensa y la acusación estableciendo una
incompatibilidad para asumir el cargo de
defensor/a o fiscal por cinco años.
6) Establecemos
una equiparación normativa en el ejercicio de las funciones inexistente en la
actualidad.
7) Establecemos
un sistema disciplinario propio para brindar un mayor respaldo no sólo normativo
sino también la libertad necesaria para la actuación y el cumplimiento de las
funciones.
8) Creamos
un cuerpo de investigación propio para la Defensa Pública así podrá contar las
mismas herramientas que sus contraparte.
3. Creación
del Programa de Acceso a la Justicia: incorporar operadores que ayuden a hacer
efectiva la protección de las leyes sancionadas en materia de perspectiva de
género, salud mental, infancia y adolescencia, pueblos originarios. Personas
que puedan hablar y explicar el proceso judicial, hacerlos entendible. Pero
también que puedan recordar y hacer aplicar las protecciones que las y los
legisladores trabajan para proteger a las personas que vienen al Poder
Legislativos con sus demandas. Desalojos tierras indígenas, mujeres golpeadas,
familiares de personas adictas, con problemas mentales o HIV detenidas, etc.
4. Creación
de un espacio participativo para la sanción de una ley que regule la Carrera
Judicial.
5. Limitar
la discrecionalidad del STJ para cubrir vacantes estableciendo una lista que surge
de las personas que ya han rendido concurso. Para evitar las designaciones
provisorias que son a dedo o por acomodo y terminan siendo para siempre.
6. Un
sistema permanente de actualización y formación de jueces, juezas, fiscales,
defensores y defensoras a través de la Escuela Judicial, que dependerá del
Consejo de la Magistratura.
7. Elección
en forma directa de los jueces de paz por el voto popular y agregando el
requisito de residencia, sin incluir término del mandato porque para ello si
necesitaríamos reforma constitucional.
8. Observatorio
de la Justicia, para un mayor control y seguimiento de la ciudadanía en un
lenguaje accesible. También un mapa de la justicia para que toda la población
pueda acceder a los lugares rápidamente y conocer donde puede ir a hacer valer
sus derechos.
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