sábado, 31 de agosto de 2013

Resumen presentación de la Reforma Judicial del Frente Grande del CHACO


El Frente Grande tiene una antigua aspiración que consiste en lograr el acceso a la justicia de todos los sectores y sobre todo de los más vulnerables. Este deseo implica ver en la realidad un sistema judicial democrático y del lado del pueblo. Por el contario vemos que el Poder Judicial es un instrumento para perseguir a sectores populares y utilizado en muchas ocasiones para proteger intereses poderosos. La justicia hoy es un herramienta de las corporaciones, con contadas excepciones de jueces y juezas que realizan su labor cumpliendo las leyes y la constitución. 

Nuestra Presidenta la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, también lo entiende de esta manera y este año ha comenzado el debate de la reforma judicial a nivel nacional. Sus propuestas de democratización del Poder Judicial, su lucha contra las corporaciones, por alcanzar un verdadero acceso a la justicia, nos ha alentado a elaborar una propuesta amplia que de sancionarse implicarán una reforma sustancial del poder judicial. 

También hemos recogido estas inquietudes de diversos sectores: funcionarios y funcionarias del Poder Judicial Local y de otras Provincias. Espacios como Justicia Legítima, los Congresos Federales “La sociedad le habla a la justicia”, nuestra propia gestión legislativa siempre del lado del sector que menos tiene, han inspirado la redacción de estos proyectos y otros anteriormente. (A estos que se enumeran se deben sumar la creación de los cargos de defensores oficiales y los de los juzgados laborales como parte de la propuesta para el colapso de la justicia.)

1.    Reforma constitucional de la Sección del Poder Judicial: una verdadera democratización de la justicia debe empezar por eliminar las corporaciones que están dentro de la Justicia. Por ello creemos necesaria la reforma de esta parte de la constitución que permita entre otras cosas la incorporación de sectores populares en el Consejo de la Magistratura y la elección directa de sus miembros por el pueblo. Mejorar el sistema de control y transparencia es una deuda pendiente en nuestro sistema. Por otro lado planteamos que sólo se pueda reformar esta parte de la Constitución para alejar oportunismos y fantasmas respecto de re elecciones.
2.     Creación de la figura del Defensor General, estableciendo la separación entre fiscales y defensores, garantizando la efectiva defensa de calidad de los sectores que acuden a las y los defensores públicos.  Para asegurar esto es necesario que no dependan de un mismo Jefe como es hoy el Procurador General. En el ámbito penal por ejemplo esta necesidad se explica porque aquél que acusa y aquél que defiende en un proceso penal, tienen tareas contrarias. Seguramente dirán que es inconstitucional porque nuestra Constitución dice que el ministerio público depende del Procurador pero creemos que están por encima de ese artículo la Constitución Nacional que establece la división y los tratados internacionales de derechos humanos que nos obligan a garantizar la defensa efectiva. De todos modos podemos reformar la constitución en este punto para realizar todas las adecuaciones pertinentes. Además de crear la figura del Defensor General la propuesta implica:
 
1)    Al lado de la figura del Defensor General incorporamos auxiliares de la gestión y articulación con la comunidad y otros los otros poderes del Estado. Estas figuras son:
a)   Secretaría General con funciones administrativas, que además elaborará el certificado de admisibilidad para la persona o la familia que necesite acceder a la defensa pública.
b)   Secretaría de Política Institucional y de Comunicación, tendrá por función todo lo vinculado a la coordinación de las relaciones con la comunidad y los demás organismos del Estado a cargo de la defensa de los intereses de los sectores más vulnerables.  Contará además con un área de asesoramiento a la ciudadanía para garantizar el acceso oportuno y real a la justicia.
c)    Secretaría Penal que elaborará protocolo de actuación y lineamientos para la reinserción de las personas recluidas.
d)   Secretaría de Niñez y Adolescencia elaborará protocolo de actuación y articulará con los organismos de otros poderes para una rápida y eficaz intervención para proteger a la infancia y a la adolescencia.


2)    Con este proyecto queremos incorporar la atención a los derechos colectivos y a los sectores vulnerables de nuestra población como ser los pueblos originarios, las mujeres, la infancia, las personas discapacitadas entre otros. En la ley vigente no hay referencia a ellos una falta normativa que queremos solucionar.
3)     También queremos erradicar el concepto de pobreza para el acceso a la defensa pública ya que nos parece estigmatizante y excluyente suplantando el mismo por una evaluación del impacto económico de una defensa en el patrimonio del o de la solicitante. Elaborará un certificado de admisibilidad que acredite este presupuesto.
4)    Priorizamos por encima de las instrucciones el interés de la persona defendida.
5)    Buscamos afianzar el perfil de la defensa y la acusación estableciendo una incompatibilidad  para asumir el cargo de defensor/a o fiscal por cinco años.
6)    Establecemos una equiparación normativa en el ejercicio de las funciones inexistente en la actualidad.
7)    Establecemos un sistema disciplinario propio para brindar un mayor respaldo no sólo normativo sino también la libertad necesaria para la actuación y el cumplimiento de las funciones.
8)    Creamos un cuerpo de investigación propio para la Defensa Pública así podrá contar las mismas herramientas que sus contraparte.

3.    Creación del Programa de Acceso a la Justicia: incorporar operadores que ayuden a hacer efectiva la protección de las leyes sancionadas en materia de perspectiva de género, salud mental, infancia y adolescencia, pueblos originarios. Personas que puedan hablar y explicar el proceso judicial, hacerlos entendible. Pero también que puedan recordar y hacer aplicar las protecciones que las y los legisladores trabajan para proteger a las personas que vienen al Poder Legislativos con sus demandas. Desalojos tierras indígenas, mujeres golpeadas, familiares de personas adictas, con problemas mentales o HIV detenidas, etc.
4.    Creación de un espacio participativo para la sanción de una ley que regule la Carrera Judicial.
5.    Limitar la discrecionalidad del STJ para cubrir vacantes estableciendo una lista que surge de las personas que ya han rendido concurso. Para evitar las designaciones provisorias que son a dedo o por acomodo y terminan siendo para siempre.
6.    Un sistema permanente de actualización y formación de jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras a través de la Escuela Judicial, que dependerá del Consejo de la Magistratura.
7.    Elección en forma directa de los jueces de paz por el voto popular y agregando el requisito de residencia, sin incluir término del mandato porque para ello si necesitaríamos reforma constitucional.
8.    Observatorio de la Justicia, para un mayor control y seguimiento de la ciudadanía en un lenguaje accesible. También un mapa de la justicia para que toda la población pueda acceder a los lugares rápidamente y conocer donde puede ir a hacer valer sus derechos.

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